La CNV frenó fondos con activos del exterior y el BCRA mantiene la restricción cruzada de 90 días. Esa trama explica por qué MSCI dejó a la Argentina en la categoría standalone.

El Gobierno promete libertad de mercado, pero el dólar todavía tiene guardia en la puerta. La suspensión de fondos con activos del exterior y la restricción cruzada del Banco Central dejaron al descubierto una tensión central del programa: Caputo dice que hay dólares para todos, pero el sistema financiero sigue operando como si no alcanzaran.

La Comisión Nacional de Valores metió un freno inesperado en plena etapa de desregulación del mercado de capitales. El organismo suspendió de manera temporal la autorización de nuevos Fondos Comunes de Inversión Abiertos destinados exclusivamente a inversores calificados que tengan más del 25% de su patrimonio invertido en activos emitidos y negociados en el exterior.

La decisión también golpea a los fondos que ya están funcionando. Esos vehículos no podrán recibir nuevas suscripciones de cuotapartistas mientras dure la revisión oficial. La medida fue oficializada a través de la Resolución General 1153, publicada en el Boletín Oficial. Según la CNV, la suspensión seguirá vigente mientras analiza el impacto fiscal de estos fondos.

En el mercado la reacción fue de furia. “Nos cambiaron las reglas en el medio del partido”, dijo a LPO un operador que trabaja con fondos para clientes de alto patrimonio. Otro fue más directo: “Venían vendiendo el Big Bang regulatorio y ahora cierran la puerta justo donde había demanda”.

La bronca apunta al contraste entre el discurso de desregulación y la decisión de poner un cepo transitorio sobre una parte del negocio de los FCI. En las últimas semanas, la CNV había presentado su “Big Bang” normativo como una flexibilización fuerte para Obligaciones Negociables, acciones, fideicomisos y fondos comunes abiertos y cerrados.

Pero la resolución publicada este jueves va en sentido contrario. La CNV decidió suspender las emisiones dentro de una revisión en curso sobre el costo fiscal asociado a los FCI abiertos para inversores calificados. El régimen especial para esos fondos fue creado en 2024 por esta misma comisión. Les daba menos restricciones regulatorias que a los fondos tradicionales y les permitía acceder a estrategias de inversión más amplias.

Ahora, el organismo puso un límite. La resolución establece que quedan suspendidas las nuevas suscripciones en los fondos que, según sus reglamentos de gestión, destinen más del 25% de su patrimonio neto a activos emitidos y negociados fuera del país. La CNV también dejará de aprobar la constitución de nuevos vehículos con esas características. Además, no permitirá modificaciones reglamentarias que transformen fondos existentes para encuadrarlos dentro de ese esquema.

El problema es que esa medida no aparece sola. Se suma a una incomodidad mayor para la city: la restricción cruzada del dólar. Esa normativa del Banco Central impide operar en dólares financieros, como el MEP o el contado con liquidación, durante 90 días corridos a quienes hayan comprado dólar oficial. También funciona al revés: quien operó MEP o CCL queda limitado para acceder al mercado oficial durante el mismo plazo.

La regla busca evitar el “rulo” financiero. Es decir, que un inversor compre dólares en una ventanilla más barata y los venda en otra más cara. Pero en la práctica deja un sistema partido. Si alguien compró dólar oficial, no puede comprar, vender ni utilizar activos dolarizados como bonos, CEDEARs u Obligaciones Negociables en el mercado bursátil por 90 días. Si operó dólares financieros, tampoco puede volver con libertad al mercado oficial.

Por eso, en la city hablan de cepo total. No porque el esquema sea idéntico al cepo anterior, sino porque la combinación de restricciones impide moverse con libertad entre los distintos mercados. Hay menos permisos formales, pero sigue habiendo castigos cruzados. El mercado no ve una autopista abierta. Ve un laberinto con carteles de salida y barreras a mitad de camino.

Ese fue uno de los elementos determinantes para que MSCI mantuviera a la Argentina en la categoría standalone, el escalón más bajo de su clasificación de mercados. No es una calificación crediticia, sino una evaluación sobre accesibilidad para inversores internacionales. MSCI mira si los capitales pueden entrar y salir sin trabas, si el mercado cambiario funciona con normalidad y si hay previsibilidad regulatoria.

La Argentina no logró salir de esa categoría porque conserva restricciones que los fondos globales miran con lupa. La restricción cruzada del BCRA pesa porque limita la operatoria entre el mercado oficial y los dólares financieros. Y la decisión de la CNV agrega otra señal incómoda: cuando la demanda busca instrumentos con activos del exterior, el regulador pisa el freno.

En términos políticos, el golpe de MSCI fue más profundo de lo que admitió el Gobierno. La categoría standalone deja a la Argentina fuera del circuito de los grandes índices que ordenan carteras internacionales. No es solo una etiqueta. Puede frenar fondos pasivos y activos que, en otro escenario, mirarían acciones y bonos locales con más interés. La plaza local queda mirando la vidriera desde afuera.

Lo llamativo es que Luis Caputo afirmó ayer que “hay dólares para todos” durante el Coloquio de Acceso a la Vivienda organizado por la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos y la Asociación de Empresarios de la Vivienda en la sede de la Sociedad Rural Argentina. La frase apuntó a mostrar normalidad cambiaria y a despejar temores sobre la disponibilidad de divisas.

Pero la frase convive con las restricciones cruzadas del BCRA y con el freno de la CNV. Si hay dólares para todos, el Gobierno no explica por qué mantiene una regla de 90 días para descomprimir la demanda financiera. Tampoco explica por qué interrumpe fondos que habían encontrado una vía regulada para dolarizar carteras con activos del exterior.

En la city lo resumen con una ironía seca: el Gobierno quiere mercado de capitales, pero se asusta cuando el mercado elige salir. Un operador lo puso en términos más directos: “Si el problema es fiscal, que lo digan. Pero no pueden abrir el mercado un día y cerrarlo al siguiente”.

El balance de pagos tampoco ayudó a sostener la idea de abundancia. Los números del primer trimestre muestran que la balanza comercial de bienes tuvo un superávit de USD 6.339 millones gracias a las exportaciones. Pero ese ingreso fue compensado por otras salidas relevantes de divisas.

La balanza de servicios registró un déficit de USD 4.028 millones, impulsado principalmente por turismo y transporte. El ingreso primario tuvo un rojo de USD 4.676 millones, explicado por pago de rentas de la inversión, intereses y giro de utilidades al exterior. La cuenta corriente cerró así con un resultado negativo, pese al superávit comercial.

La cuenta financiera mostró un ingreso neto de capitales de USD 2.398 millones. Ese flujo sirvió para financiar parte del desequilibrio externo. Pero la señal de fondo fue menos alentadora: las reservas internacionales apenas aumentaron USD 11 millones durante el trimestre. La deuda externa bruta se ubicó en USD 321.783 millones.

Los números muestran una mecánica conocida. Entran dólares por exportaciones y financiamiento. Salen por servicios, turismo, intereses, utilidades y formación de activos externos. La diferencia se tapa con deuda, incluidos los compromisos con el FMI y otros organismos internacionales, que rondan los USD 100.000 millones.

Por eso el debate no es solo regulatorio. La suspensión de los fondos, la restricción cruzada y el standalone de MSCI forman parte de una misma historia. El Gobierno necesita mostrar que el mercado está abierto. Pero cada vez que los dólares buscan la puerta de salida, aparece una nueva cerradura.

En los despachos financieros aseguran que el tema recién arranca. Varios fondos quedaron con operaciones en marcha y clientes esperando una explicación más clara que la palabra “transitoria”. En el fondo, la pregunta que recorre la city es simple: si hay dólares para todos, por qué el Gobierno sigue contando quién entra, quién sale y quién tiene que esperar 90 días.