La empresa nacida al calor del régimen fueguino echó a 300 empleados pese a recibir exenciones de IVA, Ganancias e impuestos internos. Mientras endurece su relación con la UOM, diversificó su negocio hacia el agro y la exportación de commodities. La provincia frenó los despidos con una conciliación obligatoria.
Mirgor despidió a 300 trabajadores de su planta de Río Grande después de una seguidilla de paros y asambleas de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). La decisión abrió un conflicto que excede la discusión sindical: la compañía que ahora ajusta su plantilla es una de las principales beneficiarias del régimen de promoción de Tierra del Fuego y construyó buena parte de su expansión bajo el paraguas fiscal del Estado.
El Ministerio de Trabajo y Empleo fueguino reaccionó con una nueva conciliación obligatoria, que dejó los despidos en suspenso durante 15 días. Las partes fueron convocadas a una audiencia este martes a las 13.
Según pudo saber Mosca de fuentes que conocen la situación, los despidos no responderían a una caída de productividad ni a la situación general de la economía. La decisión habría sido una respuesta directa a las interrupciones de la producción provocadas por las medidas gremiales. La empresa incluso tendría previsto volver a cubrir parte de esos puestos más adelante.
Ahí aparece el costado más áspero del conflicto. Mirgor exige previsibilidad para producir, pero su propia historia empresarial está atravesada por una previsibilidad bastante excepcional: durante más de cuatro décadas tuvo un régimen impositivo diseñado para hacer rentable la producción industrial en Tierra del Fuego.
La compañía accede a exenciones y beneficios en IVA, Ganancias e impuestos internos, además de ventajas aduaneras derivadas de la Ley 19.640. También tuvo condiciones especiales para importar los componentes que utiliza en sus líneas de producción. A eso se sumaron durante años distintos mecanismos de acceso a divisas para financiar compras externas.
Mirgor nació precisamente para aprovechar ese esquema. Fue fundada en los años 80 por Mauricio Macri y Nicolás Caputo para fabricar equipos de aire acondicionado destinados a Sevel, la automotriz de Franco Macri que producía vehículos Fiat y Peugeot. Instalarse en Tierra del Fuego no fue un detalle geográfico: era el corazón del modelo de negocios.
El régimen fueguino permitió reducir drásticamente la carga tributaria y los costos asociados a la importación de componentes. Sobre esa plataforma, Mirgor pasó de fabricar sistemas de climatización para automóviles a producir televisores, teléfonos celulares, notebooks y otros equipos electrónicos.
La expansión continuó mediante acuerdos con grandes marcas internacionales como Samsung y LG. La protección fueguina le permitió ensamblar productos importando componentes con ventajas fiscales y competir en el mercado argentino frente a los equipos terminados provenientes del exterior.
Ese horizonte quedó además garantizado por décadas. El Decreto 727 de 2021 prorrogó el régimen hasta 2038 y dejó abierta la posibilidad de extenderlo otros quince años. Es decir, la compañía cuenta con un marco promocional potencialmente vigente hasta mediados de siglo.
Por eso los 300 despidos provocaron una reacción política inmediata. Walter Vuoto y Martín Pérez cuestionaron que una compañía construida bajo un esquema de fuerte asistencia estatal responda con cesantías masivas ante un conflicto laboral. La discusión dejó de ser únicamente entre Mirgor y la UOM y pasó a tocar un nervio histórico de Tierra del Fuego: qué contrapartidas deben exigirse a las empresas que reciben semejante protección.
La discusión se vuelve todavía más interesante por la transformación que atravesó Mirgor. La empresa ya no depende exclusivamente de los celulares, televisores o autopartes. En los últimos años avanzó en una estrategia de diversificación que la llevó hacia negocios vinculados al agro, la logística y el comercio exterior. El grupo que creció gracias a un régimen pensado para promover industria fueguina encontró también una nueva avenida de negocios en la exportación de materias primas.
El giro coincide con el discurso de su CEO, José Luis Alonso. El ejecutivo defendió la reforma laboral impulsada por Javier Milei y llegó a definirla como “la llave que necesita la industria argentina para salir a competir al mundo”. También comparó los costos laborales argentinos con los de Chile y sostuvo que el costo previsional del país vecino “es nada” frente al argentino.
La particularidad es que ese reclamo por competir sin cargas laborales proviene de una compañía cuya historia difícilmente pueda explicarse sin las ventajas otorgadas por el Estado. Mirgor reclama condiciones de mercado para sus trabajadores después de haber desarrollado buena parte de su negocio bajo condiciones que están bastante lejos del libre mercado.
Los números tampoco muestran una empresa quebrada. Mirgor cerró el primer trimestre de 2026 con una ganancia consolidada de $22.882 millones, frente a los $2.461 millones del mismo período de 2025. El salto fue superior al 830%, aunque coexistió con una caída de las ventas y un deterioro del margen bruto.
La compañía arrastra, sin embargo, algunos frentes delicados. Sus acciones pasaron de alrededor de $27.000 en diciembre a $17.000 en abril, una caída cercana al 37%. Además, llegó a registrar una deuda comercial denominada en moneda extranjera cercana a los USD 650 millones, mientras estimaciones privadas ubicaban su patrimonio neto en torno de USD 350 millones.
Fuentes del sector consultadas por Mosca sostienen que el principal problema no estaría actualmente en el negocio automotor, precisamente el sector donde impactaron los despidos, sino en celulares. Y aseguran que el golpe no proviene tanto de la apertura importadora como del contrabando, que permite vender equipos sin soportar la misma carga tributaria.
La empresa, por su parte, atribuye la crisis inmediata a las medidas de fuerza. Un directivo explicó a iProfesional que durante la semana anterior hubo paros y asambleas por la mañana y por la tarde que frenaron tanto electrónica como automotriz y generaron problemas con sus clientes.
Mirgor también sostiene que detrás de las medidas existe una interna de la UOM. La regional Río Grande mantiene diferencias con la intervención del sindicato y, según la lectura empresarial, esa pelea terminó trasladándose a las plantas.
La compañía asegura que intentó acordar un esquema para realizar las asambleas sin detener las líneas. Como no hubo entendimiento, eligió la salida más drástica: 300 telegramas. Ahora la conciliación obligatoria obliga a retroceder casilleros.
El conflicto deja así una discusión bastante más grande que una pelea entre una empresa y un sindicato. Mirgor pasó cuatro décadas aprovechando uno de los regímenes fiscales más generosos del país, se expandió desde la industria electrónica hacia nuevos negocios y la exportación de commodities, y ahora pretende aplicar tolerancia cero a los costos de un conflicto laboral. El Estado, que estuvo presente desde el nacimiento de la compañía, volvió a aparecer. Esta vez para impedir que 300 trabajadores se queden en la calle.
