Una coalición de 25 estados presentó una demanda contra la administración central y afirmó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, excedió su autoridad legal al imponer nuevos aranceles generalizados sobre bienes de 60 socios comerciales, según se indicó en un documento judicial.
La demanda, presentada ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, impugna los aranceles de 10% o 12,5% impuestos recientemente sobre la vasta mayoría de los bienes importados de las economías afectadas.
De acuerdo con los estados, estas economías representan en conjunto el 99,4% de las importaciones estadounidenses.
La coalición pedirá al tribunal bloquear los aranceles, declararlos ilegales y ordenar reembolsos por las tarifas ya pagadas.
El recurso judicial se centra en el esfuerzo de la administración para conservar el régimen de aranceles generalizados de Trump luego de que los tribunales federales rechazaron dos versiones anteriores impuestas conforme a distintos marcos normativos.
Los estados afirman que funcionarios federales utilizaron la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 y las preocupaciones sobre trabajo forzoso como meras excusas para replicar rápidamente aranceles globales casi idénticos a los anulados por la Corte Suprema en febrero.
“Los aranceles ilegales del presidente Trump no son más que un impuesto para las familias trabajadoras que elevan el costo de los comestibles, de los artículos básicos del hogar, de los materiales de construcción y de los bienes incontables cotidianos de los que dependen de los neoyorquinos”, indicó en una declaración la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul.
El fiscal general de Oregón, Dan Rayfield, se hizo eco del sentimiento y destacó el impacto económico sobre las comunidades locales.
“Hoy presentaremos nuestra tercera demanda contra los aranceles ilegales de Trump. Una vez más, el presidente está elevando los costos de los bienes cotidianos para las familias y las pequeñas empresas de Oregón y, una vez más, encabezamos una coalición de varios estados para encararlo y detenerlo”, publicó Rayfield en X.
A su vez, la fiscal general de Nueva York, Letitia James expresó que “tras perder en la Corte Suprema, la administración intenta una vez más cobrar ilegalmente impuestos a familias y negocios con una nueva ronda de aranceles”.
La Casa Blanca rechazó los argumentos de la coalición y afirmó que los aranceles conforme a la Sección 301 han demostrado ser una “herramienta legalmente duradera” desde el primer período del presidente y siguen siéndolo en la administración actual.
A la demanda de Nueva York se anunció que se sumaron Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Kentucky, Massachusetts, Maryland, Maine, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Carolina del Norte, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Virginia, Vermont, Washington y Wisconsin.
La demanda representa al menos el segundo gran desafío legal para los nuevos aranceles.
Un grupo de pequeñas empresas demandó anteriormente a la administración y recurrió a un argumento similar en el sentido de que Trump no podía aprovechar su nueva autoridad legal para eludir la anterior anulación de su agenda arancelaria global por parte de la Corte Suprema.
