La titular de Energía de Mendoza, Jimena Latorre, fue acusada ante tres organismos de control por ese monto de un fideicomiso petrolero a un posgrado personal.
Un grave escándalo salpica a la titular del Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, tras ser denunciada por el presunto uso irregular de recursos públicos para abonar una maestría personal.
La acusación fue impulsada este lunes por el diputado provincial Lucas Ilardo, de Fuerza Patria, quien acudió a la Fiscalía de Estado, el Tribunal de Cuentas y la Oficina de Ética Pública para exigir que se investigue el financiamiento de $13.643.838 destinados a la Maestría en Economía Medioambiental (MECOM), dictada por la Universidad Francisco Marroquín.
El punto que más controversia genera es la utilización del Fideicomiso de Actividades Hidrocarburíferas para cubrir esta suma. Por este suceso, se llevó a cabo una solicitud de citación a la Cámara de Diputados previsto para debatirse este miércoles 28 de octubre.
Ilardo cuestiona si el gasto se basa en una necesidad institucional real del Estado o si constituyó un privilegio particular para una funcionaria de rango político. En la presentación ante la Fiscalía de Estado, el legislador solicitó verificar el marco jurídico apoyándose en las leyes provinciales 8393 y 9137 y alertó inconsistencias temporales en el expediente, donde figuran firmas digitales de autorización con fechas de febrero de 2026, lo cual es posterior a la emisión del comprobante de pago.
A su vez, se pidió una auditoría al Tribunal de Cuentas sobre el fideicomiso a cargo de Mendoza Fiduciaria S.A. El pedido busca determinar la validez de los comprobantes y el uso de tarjetas corporativas vinculadas al fondo, tras detectarse que la propia ministra Latorre figura asentada en los registros contables bajo la categoría de “proveedora” mediante una “Factura X”.
Por otro lado, en la denuncia se deja en claro otra cuestión: las diferencias de valores entre las cuotas aprobadas en el trámite contra los montos que se liquidaron finalmente en divisas extranjeras.
La investigación corre por un curso paralelo en la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública, donde se busca establecer si la funcionaria violó los deberes de probidad que se enmarcan dentro de la Ley 8993 de ética pública.
La denuncia pone énfasis en la posible falta de imparcialidad y conflictos de intereses, considerando que los miembros del Comité Ejecutivo que aprobaron las actas de pago son subordinados jerárquicos del ministerio que conduce Latorre.
Además, remarcó que hay una contradicción ética de usar los fondos provenientes de contribuciones obligatorias de empresas petroleras que son supervisadas y reguladas por esa misma cartera.
Por este motivo, el bloque Fuerza Patria envió un proyecto de resolución para que la ministra sea citada en Diputados, con el fin de interpelarla mediante un temario de nueve puntos: se apoya desde el marco legal de la erogación y el tipo de cambio aplicado para el pago en moneda extranjera hasta las eventuales garantías de devolución o transferencia de conocimientos a favor del Estado.
Frente a las acusaciones que se hicieron eco en Mendoza, la ministra salió a defender el procedimiento asegurando que no se utilizaron partidas del presupuesto provincial. En declaraciones a Los Andes, Latorre argumentó que el fideicomiso se nutre de aportes del sector privado destinados al fortalecimiento de la gestión gubernamental, incluyendo becas de capacitación, consultorías y herramientas para mejorar la gestión.
“Particularmente, esta maestría no se pagó con presupuesto del Ministerio, ni con presupuesto de la provincia, sino con un fondo que tiene una afectación específica, que es un fideicomiso que se fondea con aportes de las empresas. Porque un fideicomiso es un patrimonio de afectación específica”, dijo.
A su vez, dijo que eligió esa universidad privada porque su oferta académica integraba la economía con la gestión de recursos naturales, algo que no encontró en otras entidades del país.
“La verdad que para hacer una denuncia habría que encontrar algo que estuviera oculto. En este caso no hay nada que esté oculto porque el fideicomiso lo administra Mendoza Fiduciaria, es decir, Mendoza Fiduciaria está auditada por el Tribunal de Cuentas”, finalizó.
