El financiamiento de u$s75 millones para obras eléctricas expone los acuerdos políticos entre Nación y la provincia, saldados con el apoyo de los diputados locales a leyes clave de la Casa Rosada.
La reciente oficialización del financiamiento de la Corporación Andina de Fomento (CAF) a Misiones por 75 millones de dólares puso en evidencia los lazos políticos entre el gobierno de Javier Milei y la gestión de Hugo Passalacqua.
Aunque la autorización nacional se formalizó en marzo y fue ratificada en mayo para una inversión inicial en transmisión eléctrica de $20 mil millones de pesos, el acuerdo a 15 años respaldado con fondos de la coparticipación federal requirió un aval clave de Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo.
Esta luz verde tuvo su acompañamiento en el Congreso, donde los legisladores misioneros del bloque renovador acompañaron votaciones claves para La Libertad Avanza, como la Ley de Flexibilización Laboral en febrero, la Ley de Glaciares en abril y la Ley de Zonas Frías en mayo.
El entramado se formalizó el viernes 23 de octubre con la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 1139/2026, firmado por Passalacqua el 24 de junio, en el marco del Proyecto de Mejoras de Infraestructura de Redes Eléctricas en Misiones.
Las condiciones imponen que la garantía de pago sean los recursos de la coparticipación federal, facultando a la Nación a retenerlos si fuera necesario. Los detalles marcan una regla clara con las provincias: el Ejecutivo nacional respalda obras públicas únicamente si se realizan mediante endeudamiento en dólares, con garantía de coparticipación y mediante una retribución directa de parte de los legisladores.
De este modo, la dependencia financiera de Misiones respecto de los recursos nacionales termina alineando a la provincia con el oficialismo nacional, más allá de eventuales discursos de autonomía.
El origen de la operación fue en septiembre de 2025 y continuó en los primeros meses de este año, antes de la conformación del Movimiento por lo que Viene, espacio que promueve la reelección de Passalacqua. El primer paso formal del Poder Ejecutivo Nacional quedó plasmado en el Decreto 131/2026, firmado el 4 de marzo por Javier Milei, Luis Caputo y el entonces jefe de Gabinete Manuel Adorni. Esa medida aprobó “el Modelo de Contrato de Garantía a suscribirse entre” la República Argentina y la CAF “que consta de once (11) cláusulas, que como ANEXO I (IF-2026-07651711-APN-SSRFI#MEC) forma parte integrante del presente decreto”.
En la misma norma se avaló el Modelo de Contrato de Contragarantía, “que consta de (8) artículos, adjunto como ANEXO II (IF-2026-07651633-APN-SSRFI#MEC) a la presente medida”. Los detalles del Decreto 131/26 marcan los compromisos económicos y el mecanismo de cobro ante un eventual incumplimiento.
Allí se indica que “mediante el Modelo de Contrato de Préstamo CAF citado en el Visto la (CAF) se compromete a asistir financieramente al Gobierno de la Provincia de MISIONES con el fin de cooperar en la ejecución del ‘Proyecto de Mejoras de Infraestructura de Redes Eléctricas en la Provincia de Misiones’, por un monto de hasta (USD 75.000.000)”.
Asimismo, los textos explican la división del programa indicando que “la ejecución del referido Proyecto se estructura en DOS (2) componentes: (i) Inversión en Infraestructura de Transmisión Eléctrica y (ii) Gestión del Financiamiento”.
Para proteger las arcas nacionales, el decreto subraya que para “asegurar el pago de los compromisos emergentes del Contrato de Préstamo CAF referido y de preservar el crédito público” de la Argentina, “el Gobierno Nacional ha propuesto al Gobierno de la Provincia de Misiones la suscripción de un Contrato de Contragarantía por medio del cual este último se obligue a la cancelación de los compromisos de pago asumidos, en los plazos previstos en el citado Contrato de Préstamo CAF”.
La cláusula de resguardo no tiene vueltas: “Para el caso de no producirse la cancelación respectiva, el Gobierno de la Provincia de Misiones autorizará al Gobierno Nacional a efectuar las gestiones correspondientes para el débito automático de los fondos de la Cuenta de Coparticipación Federal de Impuestos o del régimen que la reemplace, por hasta el total del monto adeudado”.
Por su parte, la CAF aprobó el proyecto el 26 de septiembre de 2025, en medio de la campaña electoral. En aquel momento, el espacio renovador había votado en el Senado contra los vetos de Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad y a la Ley de Financiamiento Universitario. Sin embargo, tras aclararse el panorama electoral, el proyecto cobró velocidad el 26 de noviembre con el Decreto N° 2426 firmado por Passalacqua.
El avance decisivo ocurrió el 2 de enero de 2026 al obtener “la autorización de endeudamiento otorgada en el marco de la Ley Nacional N° 25.917 por el Secretario de Hacienda del Ministerio de Economía, de fecha 2 de Enero de 2026, para financiar mejoras de infraestructura de redes eléctricas en la Provincia de Misiones”, según consta en el Decreto 1139/26.
Sobre las metas de la obra, el organismo detalló que “el objetivo general del Proyecto es mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Provincia de Misiones con la provisión de un servicio eléctrico sostenible y confiable, mediante la ampliación y modernización de los sistemas de transporte de energía eléctrica y de la integración de las energías renovables”.
Explicaron que las obras responden a “la ampliación de las estaciones transformadoras San Isidro (conurbano de la ciudad de Posadas) y Oberá II, la construcción y puesta en marcha de una nueva estación transformadora (ET) 132/33/13,2kV en Leandro N. Alem así como también la construcción y puesta operativa de 116 km de línea aérea de alta tensión, de los cuales 80 km serán doble terna y los restantes 36 km serán en simple terna con postación para doble terna, todas ellas en un nivel de 132 kV, necesarias a su vez para vincular las Estaciones Transformadoras mencionadas anteriormente”.
El desembolso inicial de la CAF ascendió a u$s8.619.518, destinado a beneficiar a 253.090 personas en Misiones y a un total de 38.509 “hogares con jefatura femenina beneficiados por una nueva o mejor infraestructura energética”. El Decreto 1139/26 fijó que $19.728 millones irán directamente a la transmisión eléctrica, mientras que $822 millones cubrirán servicios administrativos y gastos de ejecución.
A su vez, se abordan la ampliación de la Estación Transformadora San Isidro en el sistema de 500/132/33 kilovoltios, la suma de un tercer transformador de 500 kilovoltios, adición de líneas de 132 kilovoltios, equipamiento y tareas complementarias esenciales para una provincia que no cuenta con acceso a redes de gas natural.
El financiamiento del proyecto, que al tipo de cambio de la operación representa unos $114.235.500, avanzó en forma paralela al comportamiento legislativo del bloque misionero. El 20 de febrero, días antes del decreto nacional 131/26, los diputados Oscar Herrera Ahuad, Alberto Arrúa, Yamila Ruiz y Daniel Vancsik apoyaron la llamada Ley de Modernización Laboral, que resultó aprobada por 135 votos contra 115, contando también con el voto favorable de los representantes oficialistas Diego Hartfield, Maura Gruber y Emmanuel Bianchetti.
Luego, en la madrugada del 9 de abril, la Cámara de Diputados aprobó la reforma de la Ley 26.639 (Ley de Glaciares) por 137 votos a 111 con el acompañamiento de la bancada misionera a La Libertad Avanza y el PRO.
Los legisladores del espacio renovador respaldaron la propuesta del diputado libertario Nicolás Mayoraz para votar por capítulos y no por artículos, protegiendo los apartados más cuestionados por las organizaciones ambientalistas. De este modo, votaron favorablemente el artículo que limita el Inventario Nacional de Glaciares (del IANIGLA-CONICET) únicamente a cuerpos con función hídrica efectiva.
Todo continuó el 20 de mayo, menos de una semana después de la firma del contrato con la CAF, cuando los diputados del oficialismo misionero aportaron sus votos para aprobar la Ley de Hojarasca y la Ley de Zonas Frías.
Las acciones en el Congreso contrastan con las intenciones del passalacquismo de proyectar un perfil distanciado de la Casa Rosada con vistas a las elecciones de 2027. Las maniobras del diputado Vancsik grafican esa postura: evitó dar cuórum para derogar el DNU 70/23 y adhirió a la propuesta de la diputada libertaria Silvana Giudici para enviar a comisión, sin fecha de debate, los proyectos relacionados al endeudamiento de las familias, todo esto sin recibir cuestionamientos internos dentro del bloque Argentina Federal ni del oficialismo provincial.
