El espacio reúne a trabajadores y profesionales de empresas estratégicas, con la coordinación de Federico Basualdo. La paralización del CAREM, el futuro de Nucleoeléctrica y la necesidad de actualizar el programa nuclear concentran las preocupaciones.
Representantes gremiales, profesionales y especialistas de las principales empresas públicas avanzan en la construcción de una mesa de coordinación para discutir el futuro de los sectores estratégicos de la Argentina. La iniciativa busca superar las respuestas aisladas frente a las privatizaciones y elaborar una propuesta de desarrollo que contemple la inversión, la generación de empleo y la preservación de las capacidades científicas y tecnológicas del país.
El espacio reúne a trabajadores de los sectores nuclear, energético, aeronáutico, ferroviario, vial y de empresas binacionales. La coordinación está a cargo del exsubsecretario de Energía Eléctrica Federico Basualdo, con la participación de organizaciones gremiales como la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE), que conduce Carlos Minucci.
La preocupación común es que el proceso de privatizaciones no implique solamente un cambio en la propiedad de las empresas, sino también la pérdida de conocimientos, equipos profesionales y capacidades productivas construidas durante décadas. Se trata de recursos que difícilmente puedan recuperarse una vez desarticulados.
La mesa ya viene trabajando sobre los procedimientos de privatización y las irregularidades denunciadas en torno a las tasaciones, los mecanismos de venta y las condiciones de transferencia de activos estratégicos. Parte de esos cuestionamientos fueron llevados a la Comisión Bicameral del Congreso. También se analizan presentaciones ante organismos de control y acciones judiciales.
Sin embargo, la discusión busca trascender la resistencia a las privatizaciones. El objetivo es construir una agenda que permita pensar qué empresas, inversiones y capacidades tecnológicas necesita la Argentina para sostener un proceso de desarrollo económico.
En ese marco, la industria nuclear aparece como uno de los casos más sensibles por la complejidad de su entramado científico, tecnológico e industrial. Argentina desarrolló durante décadas capacidades propias en generación eléctrica, investigación, fabricación de combustibles, diseño de reactores y enriquecimiento de uranio. Un entramado que requiere continuidad en las inversiones y formación permanente de profesionales.
La situación fue analizada durante un encuentro en el programa de Roberto Caballero en AM 530, del que participaron el investigador de la Comisión Nacional de Energía Atómica Rodolfo Kempf, el dirigente de los profesionales nucleares Martín Iofrida y el ingeniero de Nucleoeléctrica Ernesto Simionato.
Los especialistas expusieron las dificultades que atraviesa el sector, desde el deterioro salarial y la salida de profesionales hasta la incertidumbre sobre proyectos tecnológicos fundamentales. El diagnóstico compartido es que la discontinuidad de las inversiones amenaza con debilitar capacidades que llevaron décadas de formación y desarrollo.
Kempf advirtió sobre las consecuencias de la pérdida de personal especializado. La ingeniería nuclear requiere equipos con una formación altamente específica y experiencia acumulada. La salida de esos profesionales no representa solamente una reducción de personal, sino también la pérdida de conocimientos difíciles de reemplazar.
Uno de los principales focos de preocupación es el reactor CAREM, el proyecto de diseño argentino que busca desarrollar una tecnología propia de reactores modulares pequeños. Su paralización compromete una iniciativa que permitiría sostener una cadena de proveedores nacionales, formar especialistas y participar de un mercado internacional con perspectivas de crecimiento.
La discusión adquiere una dimensión adicional frente al aumento de la demanda eléctrica asociado a la inteligencia artificial, los centros de datos y los desafíos del cambio climático. En ese escenario, la energía nuclear recupera protagonismo internacional por su capacidad de generar electricidad de manera continua y con bajas emisiones de carbono.
Otro de los proyectos analizados fue Atucha III, la cuarta central nuclear prevista en el programa de expansión del sector. La iniciativa contaba con un acuerdo de financiamiento chino y su paralización dejó en suspenso tanto la ampliación de la capacidad de generación como las oportunidades de desarrollo industrial vinculadas a la construcción de una nueva central.
A este escenario se suma la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina. El esquema impulsado por el Gobierno contempla transferir el 44% de las acciones al sector privado, reservar un 5% para un programa de propiedad participada y mantener el 51% bajo control estatal. El Ejecutivo argumenta que la incorporación de capital privado permitirá financiar nuevas inversiones.
Para los participantes de la mesa, el debate excede la composición accionaria. La preocupación es cómo garantizar la continuidad de los programas tecnológicos, la formación de profesionales y la articulación con organismos como la Comisión Nacional de Energía Atómica y las empresas proveedoras.
En ese contexto, Basualdo recuperó como antecedente el Plan Nuclear anunciado en 2022, que contemplaba ampliar la generación nucleoeléctrica, incorporar nuevas centrales y fortalecer la participación de la industria nacional. Aquel programa también proponía dar continuidad a los desarrollos tecnológicos propios.
“Hoy las perspectivas son cambiantes, se agregan nuevos desafíos para el sector”, sostuvo el exfuncionario. Y planteó la necesidad de “actualizar ese programa futuro para defender lo que tenemos y poder expandirlo”.
La actualización del Plan Nuclear aparece así como uno de los objetivos de la coordinación. No se trata solamente de recuperar proyectos suspendidos, sino de revisar las necesidades de inversión, las nuevas tecnologías disponibles y las oportunidades industriales que presenta el crecimiento de la demanda energética.
La mesa también busca articular una agenda institucional que combine el seguimiento parlamentario de las privatizaciones, las presentaciones ante organismos de control y la participación de trabajadores y especialistas en la elaboración de propuestas sectoriales.
El desafío es pasar de la defensa de las empresas públicas a la discusión de un programa de desarrollo. Una agenda que incorpore el conocimiento de quienes trabajan en los sectores estratégicos y que permita discutir no solamente qué activos conserva el Estado, sino qué capacidades necesita la Argentina para producir energía, desarrollar tecnología y sostener su industria en las próximas décadas.
