La producción quedó en manos de DF, asociada a Live Nation. Los plazos de la contratación directa despertaron sospechas en el sector. El antecedente de Tecnópolis vuelve a poner bajo la lupa los vínculos entre las productoras y el poder político.
La organización de la visita del papa León XIV abrió un negocio millonario para las principales productoras de espectáculos del país. El Gobierno avanzó con una contratación directa por unos 8.300 millones de pesos para producir uno de los encuentros multitudinarios del pontífice. El procedimiento quedó bajo sospecha por los plazos extraordinariamente cortos y las relaciones entre los empresarios convocados.
La contratación quedó en manos de DF Entertainment, la productora de Diego Finkelstein, conocido en el ambiente como Diego Stress. La empresa organiza el Lollapalooza Argentina y desde 2018 tiene como accionista mayoritario al gigante estadounidense Live Nation, que adquirió el 51% de su capital.
El grupo norteamericano expandió su presencia en el negocio argentino de los espectáculos. A su participación en DF Entertainment sumó intereses en grandes escenarios y acuerdos comerciales que le permiten intervenir en buena parte de los recitales internacionales que llegan al país. Esa estructura le otorga una capacidad operativa difícil de igualar por empresas más pequeñas.
La cuestión no es menor. Organizar un encuentro papal supone montar escenarios, sonido, iluminación, vallados, accesos y servicios para una multitud. Se trata de un trabajo especializado que exige experiencia y una infraestructura considerable. Pero precisamente por eso llamaron la atención las condiciones de contratación.
Según los cuestionamientos difundidos por el periodista Alejandro Bercovich, el Gobierno convocó a tres productoras y estableció plazos extremadamente ajustados para presentar las propuestas. En el sector señalan que hubo apenas siete días para responder y una ventana de 24 horas para formular consultas. Finalmente, se presentó una sola oferta.
La premura resulta difícil de explicar. El Gobierno conocía desde agosto que el Papa visitaría la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. El 18 de ese mes, Karina Milei encabezó una reunión oficial para coordinar la organización junto a ministros, representantes de la Iglesia y autoridades porteñas. Sin embargo, la contratación de una parte central de la infraestructura se resolvió sobre la fecha.
En el ambiente de los espectáculos advierten que estos procedimientos pueden favorecer a las empresas que ya tienen preparada la estructura o conocen anticipadamente las necesidades del contratante. Una productora que debe calcular costos, contratar proveedores y reservar equipamiento difícilmente pueda competir en igualdad de condiciones con otra que dispone de esos recursos de antemano.
El otro elemento que alimenta las suspicacias son los vínculos entre las principales empresas del sector. En ese entramado aparece Foggia Group, la productora de Marcelo Dionisio, vinculada históricamente con Mara Gorini, colaboradora cercana de Karina Milei.
Foggia ya había quedado bajo la lupa por su participación en la disputa por la concesión de Tecnópolis. La empresa apareció vinculada al consorcio integrado por DirecTV y Torneos, del Grupo Werthein, que buscaba quedarse con la explotación del predio por 25 años.
El antecedente se volvió especialmente sensible por la relación de Gorini con la hermana presidencial. La funcionaria había participado de Foggia antes de incorporarse al Gobierno, mientras Dionisio continuó vinculado a la actividad empresarial. La relación entre negocios privados y funcionarios públicos alimentó cuestionamientos sobre posibles conflictos de intereses.
La productora también apareció mencionada en otra controversia relacionada con Tecnópolis. El empresario Marcelo Figoli debió trasladar una exposición de Fórmula 1 a La Rural después de que, según publicó La Política Online, desde el entorno de Karina Milei intentaran imponerle una productora para realizar el evento.
La contratación de la visita papal devuelve la atención sobre ese mercado reducido, donde un puñado de empresarios concentra la infraestructura, los grandes artistas y la capacidad de producir acontecimientos multitudinarios. Las relaciones comerciales entre ellos no constituyen por sí mismas una irregularidad, pero obligan a examinar con especial cuidado las condiciones de competencia cuando intervienen fondos públicos.
El Gobierno tenía conocimiento de la visita desde hacía más de dos meses. Aun así, terminó recurriendo a una contratación directa, con plazos mínimos y una sola propuesta. La pregunta es por qué una organización planificada desde agosto terminó resolviéndose con semejante urgencia.
El Papa convocará a una multitud. La competencia por el negocio de organizar su visita, en cambio, resultó bastante menos concurrida.
