La Justicia Federal realizó allanamientos en Río Cuarto en una causa que involucra a Horacio Cordeiro Pinto vinculado a Gabriel Bornoroni. También investigan presuntas filtraciones judiciales que habrían permitido ocultar pruebas antes de los operativos.
Una investigación por presunto lavado de dinero y estafas a aseguradoras salpica al entorno político de La Libertad Avanza en Córdoba. En el centro del expediente aparece el abogado Horacio Cordeiro Pinto, identificado como cercano al espacio libertario que conduce Gabriel Bornoroni en la provincia.
La Justicia Federal desplegó una serie de allanamientos en Río Cuarto para reunir documentación y dispositivos electrónicos vinculados a la investigación. Los procedimientos alcanzaron un estudio jurídico de la calle Hipólito Yrigoyen, una vivienda ubicada en Nahuel Huapi y una cochera de Alvear al 700.
En este último domicilio, los investigadores encontraron un automóvil Toyota que contenía dispositivos electrónicos y otros elementos que fueron secuestrados para su análisis.
Pero el expediente tiene una segunda derivación que compromete al propio funcionamiento de la Justicia. Los investigadores intentan determinar si un empleado judicial filtró información reservada sobre los allanamientos y facilitó que uno de los involucrados retirara documentación antes de la llegada de las fuerzas de seguridad.
La sospecha es que esa advertencia anticipada habría permitido poner a resguardo elementos relevantes para la causa. De comprobarse, la investigación podría extenderse a eventuales maniobras de encubrimiento y obstrucción judicial.
Cordeiro Pinto desarrolla actividades profesionales en distintas provincias y mantiene vínculos políticos con La Libertad Avanza. También difunde posiciones libertarias a través de un canal de streaming denominado Lobo.
La investigación incorpora así una dimensión política que alcanza al oficialismo nacional en Córdoba, aunque hasta el momento no se conocen elementos que acrediten la participación de Bornoroni o de autoridades partidarias en los hechos investigados.
Por ahora, la causa continúa abierta y no trascendió información oficial completa sobre la situación procesal de los involucrados. La Justicia deberá establecer el alcance de las presuntas operaciones económicas irregulares y determinar si existió una red de protección judicial para obstaculizar la investigación.
