En plena era digital, los legisladores porteños tienen casi 500 millones de pesos presupuestados para alquilar fotocopiadoras. Una licitación anterior contemplaba 87 máquinas y fue adjudicada a una empresa mencionada en una investigación judicial por fotomultas truchas.
La digitalización del Estado avanza, los expedientes electrónicos se multiplican y el papel parece condenado a convertirse en una reliquia administrativa. Sin embargo, en la Legislatura porteña las fotocopiadoras gozan de excelente salud. Tanto que el organismo tiene presupuestados casi 500 millones de pesos para alquilar estos equipos durante 2026.
Según los datos oficiales de ejecución presupuestaria, durante el primer semestre del año la Legislatura devengó 286.570.900 pesos en alquiler de fotocopiadoras. El monto representa el 58,2% de los 492.681.400 pesos disponibles para todo el ejercicio. Una cifra considerable para una actividad que, al menos en teoría, debería perder protagonismo frente a las pantallas.
El gasto aparece registrado en la partida 3.2.4, denominada precisamente “Alquiler de fotocopiadoras”. El presupuesto original contemplaba 428,6 millones de pesos, pero durante los primeros seis meses el crédito fue ampliado hasta rozar los 493 millones. Al parecer, la transición digital todavía necesita bastante papel.
La historia tiene un antecedente interesante. En 2024, la Legislatura convocó a la Licitación Pública 002/2024 para contratar el servicio de alquiler de fotocopiadoras y fotoduplicadoras. El procedimiento, que todavía puede consultarse en la página oficial del organismo, terminó con una adjudicación a TN GROUP S.A., una empresa identificada con el CUIT 30-70808520-7.
El contrato contemplaba 87 equipos, entre fotocopiadoras multifunción, máquinas a color, fotoduplicadoras y un equipo de respaldo. El servicio incluía mantenimiento, insumos y herramientas para administrar las impresiones. Una pequeña flota de máquinas destinada a mantener en funcionamiento la burocracia legislativa.
TN GROUP S.A., además, aparece mencionada en una investigación judicial por presuntas fotomultas truchas en la provincia de Buenos Aires. Esa vinculación no implica que se hayan detectado irregularidades en la contratación porteña, pero agrega un antecedente que merece atención sobre la empresa adjudicataria.
La licitación tuvo apenas dos oferentes. Además de TN GROUP, se presentó External Market S.R.L., cuya propuesta fue desestimada porque superaba en más del 10% el precio estimado para la contratación. De esa manera, TN GROUP se quedó con el servicio.
Los importes adjudicados fueron de 48.146.500 pesos para 2024 y 240.732.500 pesos para 2025. En total, 288.879.000 pesos para ambos ejercicios. Si se distribuye el monto correspondiente a 2025 entre los 87 equipos previstos, el resultado equivale a unos 230.600 pesos mensuales por máquina. El cálculo es orientativo porque el contrato incluye mantenimiento, insumos y otras prestaciones, además de posibles cargos variables por impresión.
Pero los números de 2026 abren otro interrogante. Mientras que la contratación anterior contemplaba 240,7 millones de pesos para todo 2025, el presupuesto vigente para el alquiler de fotocopiadoras durante este año prácticamente duplicó esa cifra.
Más llamativo todavía: en apenas seis meses, la Legislatura ya había devengado más dinero que el monto adjudicado para todo 2025 en aquella licitación. El dato no demuestra por sí mismo que exista un sobreprecio. La partida puede incluir actualizaciones, ampliaciones u otros contratos. Pero la diferencia alcanza para preguntar qué cambió en el servicio y cuánto cuesta actualmente mantener encendidas las máquinas.
También hay una cuestión elemental: no está claro si las 87 fotocopiadoras de la contratación original siguen funcionando, si se incorporaron nuevos equipos o si hubo una renovación del contrato. Tampoco se conoce cuántas páginas imprime mensualmente la Legislatura ni cuánto termina pagando por cada copia.
Mosca consultó al organismo para conocer los detalles del gasto, los contratos vigentes y la cantidad de equipos en funcionamiento. Hasta el momento no obtuvo respuestas. La información disponible permite conocer cuánto dinero se presupuestó y cuánto se devengó, pero no reconstruir el costo efectivo de cada impresión ni identificar a todos los eventuales beneficiarios de los pagos de 2026.
La Legislatura porteña dispone este año de un presupuesto global cercano a los 212.395 millones de pesos. En ese universo, los casi 500 millones destinados al alquiler de fotocopiadoras representan una proporción pequeña. Aunque, medidos en términos absolutos, están lejos de ser un vuelto.
En tiempos en los que la modernización administrativa promete reducir trámites, eliminar papeles y simplificar procedimientos, la Legislatura parece conservar una relación especialmente estrecha con las fotocopiadoras. El problema no es necesariamente que se siga imprimiendo, sino que nadie explique cuánto se imprime, por qué cuesta tanto y quién cobra por hacerlo.
Por ahora, entre expedientes digitales y presupuestos millonarios, hay una información que sigue sin aparecer en ninguna pantalla: la explicación oficial del gasto.
