Las provincias a adaptar institutos, sistemas judiciales y dispositivos de reinserción. Advierten que faltan recursos, infraestructura y tiempo los lugares de detención que exige la nueva ley
El nuevo Régimen Penal Juvenil, que fue sancionado a través de la Ley 27.801 por el Congreso en febrero de este año y baja la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años, entrará en vigencia el próximo 5 de septiembre. Por este motivo, las provincias deberán adecuarse a la nueva normativa, algo que aún brilla por su ausencia si en anuncios específicos se refiere.
La norma que reemplaza al régimen que se encontraba vigente desde 1980. El mismo establece un sistema específico para personas de entre 14 y 18 años. contempla escalas penales diferencias por edad, un límite máximo de 15 años de privación de libertad, la prohibición de penas perpetuas y el alojamiento separado de personas adultas. También contempla medidas socioeducativas, de reparación y de reinserción.
En diálogo con Mosca, María Elena Naddeo, secretaria general de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, dijo que “hay poca información sobre las medidas que están tomando las provincias sobre la aplicación del nuevo régimen penal juvenil”.
A su vez, mantuvo su iniciativa contra la norma: “Tanto organismos de derechos humanos de la Provincia de Buenos Aires como de la Ciudad de Buenos Aires hemos presentado un pedido de suspensión en la Justicia Federal por considerar que es inconstitucional, que violenta las normativas internacionales, el principio de no regresividad. Es un tema que va en contra de la convención de los derechos del niño”.
Y agregó: “Deben ser ampliados los programas sociales de prevención y no de punición. Nosotros esperamos que se suspenda la aplicación. Si se aprueba, va a regir para todo el país. Los abogados defensores de los chicos detenidos van a pedir la no detención de esta ley para sus defendidos porque va en contra de todo lo aprendido y estudiado en el último tiempo”
A menos de un mes de que se aplique la normativa, muy pocas provincias se expresaron de forma oficial sobre los pasos a seguir. En una nota con este medio, Gabino Tapia, ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, dijo que su distrito “ya contaba con el régimen penal juvenil, teniendo el Consejo del Menor a cargo de los dispositivos de seguridad”.
Así, continuó: “Hasta ahora se interactúa con la justicia nacional y la local de la CABA; hace pocas semana firmamos con Nación la transferencia de competencias de este fuero a la Ciudad lo que permitirá diseñar un política pública criminal en esta temática”.
En ese marco, lamentó que “la redacción de la norma no refleja el espíritu de la misma que estaba destinada a bajar la edad de imputabilidad para aquellos delitos de gravedad y no para delitos leves que es lo que puede complejizar la operatoria judicial”.
El funcionario reconoció que están teniendo reuniones con distintas áreas de gobierno, con el consejo del menor, con el consejo de la magistratura, con la asesoría tutelar, defensora, el ministerio público fiscal y justicia penal de la CABA “para ir adecuando normativa vigente, estructura y criterios de aplicación para poder darle un abordaje acorde al lema que nos fija nuestro jefe de gobierno en torno a que en la Ciudad de Buenos Aires la ley está para cumplirse y aquel que no lo haga tendrá sus consecuencias”.
Respecto a los temas que mayor preocupación le genera, el ministro señaló: “Entendemos que vamos a tener mayor cantidad de menores demorados o detenidos a disposición de la justicia lo que conlleva una inversión del Consejo del Menor en plazas disponibles y por el otro en la implementación de las otras medidas de tratamiento y sanción que contempla la ley que no es el encierro que implican también inversión y sobre todo una tarea de monitoreo y seguimiento en el cumplimiento de esa medida. Todo ello además de la capacitación tanto al personal policial, judicial y educativo”.
Tapia dijo que “no tiene claro” cuánto será la inversión final ya que lo están confeccionando destacando que “la propia ley nacional fija una partida destinada a hacer frente a este impacto así que estamos trabajando con Nación en ese sentido”.
Mientras Ciudad de Buenos Aires confía que aún está trabajando, en la Provincia de Buenos Aires y Santa Fe no pudieron dar precisiones acerca de los avances a este medio.
La jueza Libertad Cordido, titular del Juzgado de Garantías del Joven N°1 del Departamento Judicial de Mar del Plata, planteó en Radio Brisas su preocupación respecto a la falta de infraestructura en la Provincia de Buenos Aires para enfrentar las nuevas disposiciones del régimen penal juvenil. “La modificación de la ley no vino acompañada de la ampliación de plazas ni de un dispositivo de salud mental”, dijo.
Distinto es el caso de Mendoza, otra de las provincias que tiene una alta tasa de delitos en menores, que se posiciona como una de las provincias con mejor resolución respecto a los pasos a seguir.
En diálogo con Mosca, desde la jurisdicción que comanda Alfredo Cornejo destacaron el convenio de cooperación firmado con el Ministerio de Justicia de la Nación para incorporar capacitación certificada, supervisores especializados y una plataforma tecnológica de gestión de casos. Se dio después de que la provincia hubiera desarrollado una mesa técnica y un proyecto de ley provincial.
“Somos la primera provincia del país en condiciones de implementar el nuevo Régimen Penal Juvenil”, destacaron, haciendo referencia a ese acuerdo, que fue dado a conocer de forma oficial en el cierre de junio.
El Gobierno mendocino prevé enviar a mediados de agosto a la Legislatura un proyecto de ley integral que adapte la normativa provincia a la Ley Nacional 27.801. La misma será clave para regularizar la situación de los cerca de 500 jóvenes que están sometidos a medidas alternativas dentro del sistema de responsabilidad penal juvenil, mientras que otros 45 están privados de la libertad en la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (DRPJ).
En el cierre de julio, Santa Cruz informó que avanzaba en la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil con una mesa de trabajo interinstitucional, con el fin de adecuar los dispositivos provinciales a la Ley, “fortaleciendo las políticas públicas destinadas a adolescentes en conflicto con la ley penal desde una perspectiva de protección integral de derechos”.
Entonces, el secretario de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, Luis Quiroga, remarcó: “Este tipo de mesas de trabajo son fundamentales para entender con claridad cuáles son los cambios a implementar para un correcto funcionamiento de los dispositivos, así como la asignación de recursos para llevarlo a cabo”.
En el marco de un encuentro con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, el titular de la cartera de Seguridad del Chaco, Hugo Matkovich, adelantó en el inicio de agosto que tienen el proyecto de habilitar una unidad especializada en Presidencia Roque Sáenz Peña, en un edificio que tendrá que ser acondicionado para recibir a adolescentes. En Resistencia, también se analiza otro espacio con capacidad para aproximadamente 24 alojamientos. Este proyecto está demorado por problemas legales vinculados gcon la propiedad del terreno.
A su vez, en julio, el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques se juntó con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, para firmar distintos convenios, entre los que se destacó un orientado al nuevo régimen. Este prevé la capacitación, el diseño, organización e impartición de trayectos formativos, seminarios y talleres especializados en materia penal juvenil.
