El Tribunal de Cuentas local interpuso un amparo por mora para exigir que se presente la documentación contable y permita auditar la recaudación de la terminal portuaria.
El Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego (TCP) denunció ante la Justicia la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) y a la Administración General de Puertos (AGP) por impedir los mecanismos de control que hay sobre los recursos económicos del Puerto de Ushuaia.
De acuerdo a la declaración, se señala que luego de más de nueve meses de intervención federal, el organismo constitucional fueguino no puede acceder a la información que le permite saber cuánto dinero se recaudó, cómo se administró y dónde terminó.
Se trata de una acción de amparo por mora que fue presentada frente al Superior Tribunal de Justicia. La misma fue entregada por el abogado de la Presidencia del TCP, Miguel Longhitano, y el vocal de la Auditoría, Hugo Pani.
Los dos remarcaron que los organismos nacionales no comparten la totalidad de la información, por lo que no pueden fiscalizar tal como indica la Constitución Provincial.
La falta de acceso a la documentación indispensable para auditarlos genera un escenario de gravedad institucional, dado que el organismo fueguino tiene la responsabilidad de controlar la transparencia en el uso de los fondos públicos, y los ingresos del puerto representan cerca del 94% de los recursos de la Dirección Provincial de Puertos.
A fines de agosto, su representante Cristian Rigueiro de ANPyN dio a conocer un informe con carácter informativo, en el que alegó que la agencia no reconocía las atribuciones de control de la provincia sobre la administración de la terminal marítima.
Por su parte, la Administración General de Puertos no reconoció sus responsabilidades y dijo que su tarea se limitaba a prestar asistencia técnica. Sin embargo, el órgano auditor rechazó esos argumentos: explicó que, al margen de la intervención federal, los recursos económicos siguen siendo de la provincia, por lo que las autoridades a cargo están obligadas a rendir cuentas tal como lo determina la normativa provincial en la Ley Provincial 50.
En la denuncia se presentó un informe contable en el que se detalla un vacío absoluto de información acerca de las operaciones financieras de la terminal. Aseguraron que no cuentan con registros de facturación, movimientos en cuentas bancarias, cobros ni estados de situación de los usuarios.
El TCP tampoco conoce el detalle de compras, licitaciones, contrataciones, desembolsos a proveedores e inversiones del patrimonio estatal. Por este motivo, el organismo exigió la lista de cuentas, los responsables autorizados, los montos transferidos y los procedimientos seguidos para cada gasto, concediendo un plazo de cinco días al director ejecutivo Iñaki Arreseygor. Tras no recibir una respuesta satisfactoria, optó por la vía judicial.
El conflicto con ANPyN generó problemas presupuestarios para Tierra del Fuego. La Dirección Provincial de Puertos calculaba recibir más de $30.000 millones durante 2026, de los cuales alrededor de $25.600 millones provenían de la operatoria portuaria.
Al quedar retenida esa masa de dinero por la administración nacional, los ingresos del ente local cayeron a poco más de $5.000 millones. Para cubrir salarios y gastos corrientes, la entidad debió recurrir al uso de fondos acumulados que estaban asignados a obras de infraestructura, lo que encendió las alarmas ante el inminente agotamiento de las reservas hacia noviembre de 2026 y la proyección de un déficit al término del ejercicio.
Con la presentación hecha, el Tribunal de Cuentas busca que las autoridades nacionales respondan las solicitudes de auditoría. El reclamo judicial tiene como fin garantizar el cumplimiento del control constitucional.
De esta forma, la discusión adopta un nuevo eje más allá de la gestión operativa del puerto: se pone en manos de la Justicia el definir quién tiene la potestad de revisar la contabilidad, aprobar los egresos y exigir rendición de cuentas sobre el capital pertenecientes a la provincia.
