La Oficina Anticorrupción volvió a correr el vencimiento para que los funcionarios presenten sus declaraciones juradas patrimoniales. Es la segunda prórroga del año. La explicación oficial apunta a los plazos de ARCA. Pero la demora vuelve a dejar una pregunta incómoda sobre la mesa: ¿qué es tan difícil de declarar?
La Oficina Anticorrupción volvió a patear la fecha de presentación de las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios nacionales. Mediante la Resolución 7/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial, el plazo pasó del 31 de julio al 31 de agosto. Es la segunda prórroga consecutiva: en abril ya se había corrido el vencimiento original hasta fines de julio.
La explicación formal es técnica. La resolución sostiene que la postergación de los vencimientos de Ganancias y Bienes Personales dispuesta por ARCA dejó apenas cuatro días de diferencia entre ambas obligaciones y que ese plazo resulta insuficiente para completar la información adicional que exige la declaración patrimonial de la Ley de Ética Pública. Por eso, la Oficina Anticorrupción consideró necesario conceder “un término razonable” para evitar errores u omisiones.
La justificación puede ser jurídicamente consistente. Políticamente, en cambio, abre otra discusión. Porque la transparencia funciona con un reloj distinto. Cada prórroga posterga el acceso público al patrimonio de quienes administran el Estado y alimenta la sospecha inevitable: ¿qué pasa que los funcionarios no pueden presentar sus declaraciones juradas?
La pregunta adquiere otra dimensión cuando se trata del Ministerio de Economía. Luis “Toto” Caputo llega a esta nueva prórroga con uno de los patrimonios más observados de la administración nacional. Sus declaraciones juradas de años anteriores ya habían mostrado una compleja estructura de activos en el exterior, incluyendo participaciones radicadas en jurisdicciones offshore como la Isla de Man y otros vehículos de inversión constituidos en paraísos fiscales, una situación que en distintos momentos generó pedidos de explicaciones y cuestionamientos públicos.
Caputo siempre sostuvo que esas estructuras fueron declaradas y que correspondían a inversiones privadas anteriores a su función pública. Nunca se acreditó judicialmente una irregularidad por el mero hecho de poseer activos en esas jurisdicciones. Pero precisamente por eso las declaraciones juradas cumplen un rol central: permiten verificar la evolución patrimonial, detectar eventuales conflictos de interés y controlar si hubo modificaciones mientras se ejerce la función pública.
La paradoja es evidente. Un gobierno que hizo de la transparencia, la desregulación y la eficiencia administrativa una bandera vuelve a postergar el principal instrumento de publicidad patrimonial de sus propios funcionarios. No es la primera vez que ocurre. Pero cada nueva extensión erosiona el valor de un mecanismo pensado justamente para despejar dudas.
La resolución insiste en que la demora busca garantizar información “exacta y completa”. Sin embargo, cuanto más se estira el calendario, más crece la expectativa política alrededor de esas declaraciones. Especialmente en los casos de los funcionarios que administran la política económica y toman decisiones con impacto directo sobre mercados, empresas y patrimonios privados.
Al final, el problema ya no es sólo administrativo. Es de confianza. Porque cuando la transparencia necesita dos prórrogas consecutivas para llegar, la pregunta deja de ser cuándo aparecerán las declaraciones juradas. La pregunta pasa a ser por qué siguen sin aparecer.
