El Municipio iba a licitar el servicio de reciclado de basura, pero finalmente no lo hizo y entregó tan solo una Tarjeta Alimentar para los damnificados.
El intendente de La Plata, Julio Alak, atraviesa semanas complicadas en medio de un tenso conflicto con el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y la Cooperativa Recicladores Unidos (CRU), quienes denuncian que la gestión actual dejó a más de 400 recuperadores urbanos sin trabajo.
Los organismos pidieron incansablemente abrir una mesa de diálogo para salvar las fuentes de trabajo que estaban en peligro. El problema comenzó cuando el Municipio decidió licitar los servicios que hoy prestan los cooperativistas, que se quedarían así sin su fuente de ingreso.
Tanto el MTE como la CRU coincidieron en que son cientos de puestos laborales que se concretan con esas contrataciones. Acusan a la administración de Alak de tomar la medida sin previo aviso y sin ofrecer una alternativa para aquellos que se quedaran sin empleo. Solo les ofrecieron una Tarjeta Alimentar a cada uno.
En paralelo, los recicladores mantienen firme su reclamo por los sueldos: dicen que no se les actualiza desde hace un año y que, si bien el Municipio había realizado un llamado a la licitación para la tarea que prestan, finalmente esta no fue incluida y se prescindió de sus servicios.
A lo largo de los últimos 10 años, estos trabajadores recuperaron toneladas de materiales reciclables y trabajaron en conjunto con la Universidad Nacional de la Plata. Entre otras actividades que realizaron se destaca el lanzamiento de programas de separación en origen, además de que sostuvieron una política pública que no solo se reduce a la gestión de residuos sino también que contribuye a la inclusión social.
De momento, hay incertidumbre respecto a qué pasará con el reciclado en la capital bonaerense. Si las cooperativas ya no reciben los materiales separados por los vecinos, no se sabe qué pasará con las bolsas verdes que diariamente siguen siendo recolectadas.
En ambas cooperativas hay desconcierto por la decisión del Municipio de no licitar la actividad que contemplaba sus servicios. Las que sí avanzaron en esa línea fueron barrido, limpieza y mantenimiento urbano.
De acuerdo a lo que informaron desde las cooperativas, la decisión de Alak y compañía se abría apoyado en que el reciclado no se iba a licitar “por cuestiones técnicas”. No hubo más detalles, aunque lo que sí se sabe es que más de 400 trabajadores se quedarán en la calle.
Actualmente, hay una empresa privada contratada por el Municipio de La Plata que sigue adelante con la recolección diferenciada, mientras que del otro lado no hay recicladores que brinden sus servicios.
Además de recolectar materiales, estas cooperativas trabajaban desde hace 10 años con la Universidad Nacional de La Plata en el programa Punto Azul. Esta iniciativa fomentaba la separación de residuos en facultades y organismos públicos para que los cartoneros pudieran recuperarlos. El proyecto, considerado por años un modelo de reciclaje con inclusión social, hoy está completamente frenado.
Tras meses de reuniones sin éxito, el conflicto se trasladó a las calles el pasado 26 de junio con una protesta frente al Palacio Municipal. Los manifestantes señalaron que las autoridades habían prometido atenderlos, pero cancelaron la reunión a último momento. Aunque la movilización empezó de forma pacífica, luego hubo incidentes, quema de gomas y detenciones, aunque los trabajadores confirmaron que todos los detenidos ya fueron liberados.
En medio de la tensión, la Iglesia y la Universidad de La Plata respaldaron formalmente a las cooperativas por su década de trabajo y buscan intermediar para reactivar el diálogo con el Municipio. Desde las organizaciones mantienen la esperanza de lograr un acuerdo que salve el sistema de reciclado inclusivo.
