Washington avanza con una investigación contra 60 países por presunto uso de trabajo forzoso para reconstruir el esquema de aranceles que había sido frenado por la Corte Suprema. Brasil respondió con dureza. Argentina eligió no presentar ningún descargo oficial y dejó esa tarea en manos del sector privado.
La administración de Donald Trump encontró una vía para reinstalar parte del muro arancelario que la Corte Suprema de Estados Unidos había desarmado meses atrás. El vehículo elegido fue una investigación de la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR) sobre la importación de productos elaborados con trabajo forzoso o esclavo.
La pesquisa alcanzó a 60 países, entre ellos Argentina y Brasil. La conclusión parecía escrita antes de comenzar. Según el esquema que impulsa Washington, todos incumplieron y todos quedarían alcanzados por nuevos aranceles: del 10% para los países que mantienen acuerdos comerciales con Estados Unidos y del 12,5% para el resto.
Con el cierre de las audiencias públicas esta semana, el expediente ingresó en su etapa final antes de que el nuevo régimen quede operativo. La lucha contra la esclavitud moderna funciona como fundamento jurídico de una estrategia más amplia: reconstruir, con bases legales distintas, el esquema proteccionista que había quedado debilitado tras el fallo de la Corte.
Brasil decidió disputar esa construcción desde el primer momento. En una presentación de 13 páginas firmada por el canciller Mauro Vieira, Itamaraty rechazó de plano la acusación de tolerar trabajo forzoso. La calificó como infundada, arbitraria y carente de cualquier evidencia concreta. El objetivo fue dejar asentada formalmente su posición dentro del expediente.
No fue el único. Varios de los 60 países investigados aprovecharon la instancia de comentarios para cuestionar los argumentos del USTR y preservar antecedentes para futuras discusiones comerciales.
La Argentina tomó otro camino. A pesar de los pedidos de distintos sectores privados, el Gobierno de Javier Milei decidió no presentar ninguna respuesta oficial. El silencio del Estado contrastó con la reacción de las propias empresas afectadas.
Las únicas presentaciones argentinas quedaron en manos de las cámaras empresarias. Las cerealeras, la industria forestal y el sector citrícola ingresaron escritos para rechazar los fundamentos de la investigación. La preocupación excede el arancel del 10% que hoy se discute. Lo que buscaron fue dejar constancia de que el país nunca aceptó la caracterización de que sus exportaciones estuvieran vinculadas al trabajo forzoso.
El punto de fondo es estratégico. El expediente permanecerá abierto mucho después de que cambien los gobiernos. Hoy Argentina conserva un tratamiento relativamente favorable por su acuerdo de comercio recíproco con Estados Unidos. Pero ese beneficio depende del contexto político.
En Washington las prioridades cambian rápido. Un futuro gobierno estadounidense —o incluso la propia USTR con otro criterio— podría utilizar esos antecedentes para justificar nuevas restricciones comerciales sobre productos argentinos. En un escenario donde la política comercial volvió a convertirse en un instrumento de competencia geopolítica, los expedientes pesan tanto como los aranceles.
Por eso, para quienes decidieron presentar objeciones, el objetivo no era únicamente discutir la tarifa vigente. Era construir un antecedente jurídico y diplomático. El Gobierno argentino eligió no hacerlo. Y en una ciudad donde los archivos sobreviven a las administraciones, el silencio también queda registrado.
