La central fabril rompió el silencio para reclamar que se ordene la crisis energética. Los cortes y restricciones ya afectan a unas 300 industrias, con fuerte impacto en Córdoba, Santa Fe, Tucumán y el Norte Grande.
La Unión Industrial Argentina le pidió al Gobierno que arme una mesa de emergencia energética por los cortes de gas que afectan al sector fabril. El reclamo apunta a que se convoque al Comité de Emergencia, la instancia prevista para ordenar la crisis cuando el sistema no puede garantizar el abastecimiento.
El pedido llega después de varios días de restricciones sobre plantas industriales. Según estimaciones del sector, ya hay unas 300 industrias alcanzadas por cortes o limitaciones en el suministro. El mapa más crítico incluye Córdoba, Santa Fe, Tucumán y provincias del Norte Grande.
En la UIA sostienen que el problema dejó de ser un episodio puntual por la ola de frío. Ahora lo ven como una crisis de funcionamiento. No sólo falta previsibilidad. También falta una autoridad que siente en la misma mesa a Energía, al regulador, a las distribuidoras, a las transportistas, a las provincias y a las empresas afectadas.
La preocupación creció porque los cortes no golpean a una sola rama. Hay alimentos, metalurgia, autopartes, economías regionales, químicas y empresas con procesos continuos. En muchos casos, parar una planta no es como apagar una luz. Es romper una secuencia productiva, perder turnos, recalcular entregas y asumir costos que no entraban en ninguna planilla.
El reclamo industrial tiene un punto incómodo para el Gobierno. La administración libertaria hizo de la energía cara una bandera de sinceramiento. Pero ahora esa política choca contra la producción. La industria paga tarifas más altas, enfrenta insumos más caros y, aun así, no tiene garantizado el gas para producir.
Las cámaras provinciales fueron las primeras en levantar la voz. En Córdoba ya hablaron de una “ley de la jungla energética”. En Tucumán, las restricciones encendieron alarmas por el impacto sobre la actividad fabril. En Santa Fe y en el Norte Grande, el temor es que la crisis termine pegando sobre empleo, exportaciones regionales y cadenas de proveedores.
La UIA busca que el Gobierno ordene prioridades y reglas. El sector pide saber quién corta, por qué corta, con qué criterio y durante cuánto tiempo. También reclama que se transparente el costo de las alternativas, porque muchas empresas pueden conseguir gas por otras vías, pero a precios que vuelven inviable la producción.
Ese es el nudo de la discusión. Las distribuidoras sostienen que no hay un problema de cantidad sino de precio. Desde ese lado dicen que las industrias que contrataron gas natural licuado lo están consumiendo. En el sector fabril responden que trasladar todo el costo de emergencia a las empresas equivale, en los hechos, a empujarlas a frenar máquinas.
El Gobierno queda así atrapado en una contradicción. Quiere mostrar orden macroeconómico, pero la economía real vuelve a pedir auxilio. Quiere bajar subsidios, pero la crisis energética le abre otro frente. Quiere que la industria compita, pero le ofrece una cancha inclinada, sin gas seguro y con costos que cambian a mitad del partido.
La mesa de emergencia que reclama la UIA apunta a evitar que el problema escale durante el invierno. La demanda residencial sube con el frío y el sistema vuelve a tensarse. Cada nueva ola polar puede convertirse en otra ronda de cortes para las fábricas.
En la industria advierten que el impacto no se mide sólo en metros cúbicos. Se mide en producción perdida, contratos incumplidos, suspensiones de turnos y más presión sobre empresas que ya venían golpeadas por la recesión, la apertura importadora y el encarecimiento de los servicios.
La central fabril intenta ahora llevar el conflicto al centro de la agenda. El silencio ya no alcanza. Con 300 industrias afectadas, la crisis del gas dejó de ser un problema técnico. Refuerza una señal política: el modelo que prometía energía abundante empieza el invierno administrando escasez.
