Martin Porro dijo que sólo no renovó 61 contratos administrativos y agradeció a Gendarmería. La respuesta le explotó en X: técnicos, especialistas y la ex titular Adriana Serquis denunciaron vaciamiento y persecución ideológica.
El Gobierno quiso presentar los despidos en la Comisión Nacional de Energía Atómica como un trámite administrativo. Pero la explicación duró poco. Martín Porro, presidente de la CNEA, salió a decir que no hubo despidos de personal científico ni estratégico. La respuesta llegó desde adentro del propio organismo y dejó la versión oficial haciendo equilibrio sobre una varilla de uranio.
Porro sostuvo que, sobre un universo de más de 300 contratados, la gestión decidió no renovar 61 agentes que estaban bajo la modalidad de “plazo fijo”. También afirmó que todos habían sido incorporados en 2023, durante la gestión de Adriana Serquis, y que cumplían funciones “mayoritariamente administrativas”. Esa fue la línea oficial que también transmitieron fuentes cercanas a la conducción del organismo.
El funcionario buscó cerrar la discusión con una frase tajante: “Ningún operador licenciado, investigador ni personal especializado fue desvinculado”. Pero la frase abrió otra puerta. Una trabajadora que se identificó como Pauli lo cruzó en X y dijo ser “la única operadora del único microscopio electrónico de barrido acreditado en normas ISO 9001 y 17025 del país”. “Aun así decidieron desvincularme. Estás mintiendo”, escribió.
El dato no es menor. La propia página oficial de la CNEA informa que el laboratorio de Microscopía Electrónica cuenta con profesionales y técnicos que operan equipamiento de alta complejidad, entre ellos un microscopio electrónico de barrido ambiental, y que el servicio de caracterización mediante microscopía electrónica de barrido tiene certificación ISO 9001:2015.
La ex presidenta de la CNEA, Adriana Serquis, también salió al cruce. “Para vos no debe ser personal estratégico quienes realizan mantenimiento en los centros atómicos, operan microscopios electrónicos de barrido, se ocupan del área académica de institutos como el Balseiro o se especializaron en compras de materiales para ciencia y tecnología”, le contestó a Porro.
Serquis fue más allá. Dijo que las incorporaciones de su gestión se hicieron con evaluación de antecedentes y por necesidades concretas de cada sector. Y remató con una definición política: si el problema era que habían ingresado durante su presidencia, entonces la poda no era eficiencia sino persecución ideológica.
La discusión dejó expuesta la trampa del lenguaje oficial. Donde el Gobierno dice “no renovación”, los trabajadores leen despido. Donde Porro dice “administrativos”, los técnicos contestan con microscopios, mantenimiento, laboratorios, compras especializadas y proyectos nucleares. La motosierra, en este caso, no corta una planilla: corta capacidades.
La protesta se dio en un clima de máxima tensión. Hubo presencia de Gendarmería en la sede central de la CNEA y el propio Porro agradeció públicamente el “profesionalismo” de los efectivos. Según su versión, actuaron para proteger a personas e instalaciones frente a un ingreso “violento e ilegal” al edificio. Los gremios y trabajadores, en cambio, denunciaron represión y un operativo para garantizar las cesantías.
La escena fue difícil de domesticar. Mientras Porro hablaba de orden, en las redes se multiplicaban respuestas de empleados y especialistas que acusaban a la conducción de destruir áreas sensibles del sistema nuclear. Martín Dandach, otro usuario del sector, cuestionó que se considere no especializado al personal que mantiene operativas instalaciones nucleares o maneja microscopios de alta complejidad.
La versión oficial también chocó con los nombres que empezaron a circular. EconoJournal informó que entre los afectados figuran Paula Alderete, técnica del laboratorio de microscopía del Centro Atómico Constituyentes; Carla Melisa Navazzotti, vinculada al área CAREM; Lucas Di Donatis, ingeniero químico; y Alejandro Valentín Coria, ingeniero electrónico.
El caso se volvió todavía más incómodo porque, al mismo tiempo que la gestión justificaba la baja de trabajadores por supuesta racionalización, en X reaparecieron denuncias sobre nombramientos políticos en el sector nuclear. Una de ellas apuntó a Ezequiel Acuña, tuitero libertario conocido como @elpasanteok, señalado como designado en Nucleoeléctrica Argentina en el área de Responsabilidad Social Empresaria. Otra apuntó a Felipe Randle, presentado por publicaciones opositoras como funcionario con título secundario y categoría salarial superior a la de un profesional universitario en la CNEA.
Ahí apareció el punto más sensible. La gestión que acusa a otros de haber convertido la CNEA en un “aguantadero de la política” ahora debe explicar por qué la motosierra parece caer sobre técnicos, operadores y personal con experiencia, mientras algunos nombres de la rosca libertaria aparecen en cargos del ecosistema nuclear.
Porro fue designado presidente de la CNEA en diciembre de 2025, bajo la órbita del Ministerio de Economía. Llegó con el mandato de ordenar el organismo y alinearlo con la nueva política nuclear del Gobierno. Pero su primera gran crisis dejó una postal amarga: trabajadores afuera, Gendarmería adentro y una pelea pública por la definición misma de lo estratégico.
El Gobierno quiso hacer pasar el recorte como una limpieza de papeles viejos. Pero la CNEA no es una oficina cualquiera. Es una estructura donde un administrativo puede sostener compras críticas, un técnico puede cuidar un equipo único y un operador puede ser la diferencia entre un laboratorio vivo y una carcasa vacía.
La discusión, al final, no es sólo por 61 contratos. Es por quién decide qué conocimiento vale. Y por qué, en nombre de la modernización, el Estado vuelve a hacer algo muy argentino: vender como eficiencia lo que puede terminar siendo una amputación.
