Más de 130 fábricas ya fueron afectadas por restricciones de suministro. Hay cortes en Córdoba, Buenos Aires, La Pampa, Salta y Tucumán. La central fabril había advertido por el problema en abril, pero ahora que las plantas frenan producción, el reclamo fuerte sale por las cámaras provinciales.
Lo más llamativo del corte de gas a la industria no es el frío. Es el silencio. O, mejor dicho, el volumen bajísimo de la Unión Industrial Argentina frente a una crisis que ya golpea a las fábricas, altera turnos, encarece costos y amenaza con parar economías regionales enteras.
La UIA nacional camina el conflicto en puntas de pie. En abril había advertido por el abastecimiento de GNL para el invierno, por el costo que podía caer sobre las empresas y por la necesidad de previsibilidad energética. Incluso informó reuniones con la Secretaría de Energía y la Subsecretaría de Industria, además de una propuesta para amortiguar el impacto del gas importado sobre la demanda industrial.
Pero ahora que el problema dejó de ser un PowerPoint y pasó a ser una válvula cerrada, la central fabril de Martín Rappallini aparece cuidando más el tono que las calderas. El dato es extraño: desde la propia UIA admiten que los cortes ya afectaron a más de 130 fábricas en todo el país.
La voz más fuerte no salió de Avenida de Mayo. Salió de las provincias. La Unión Industrial de Córdoba fue directa: dijo que las restricciones e interrupciones alcanzan incluso a empresas con contratos firmes y semifirmes, y que eso obliga a reducir actividad, reorganizar procesos, incumplir entregas o asumir costos extraordinarios. “No podemos producir en la ley de la jungla energética”, planteó la UIC.
En Córdoba, el servicio interrumpible ya está completamente cortado. Y en los contratos firmes, según explicó Luis Macario, presidente de la UIC, solo se autoriza entre el 25% y el 30% del consumo habitual. Otros relevamientos industriales marcaron reducciones de entre 25% y 50% para empresas que pagan más caro justamente para no quedarse sin suministro.
El mapa bonaerense también está bajo tensión. En la zona tarifaria Buenos Aires de Camuzzi, que incluye casi toda la provincia de Buenos Aires —excepto Bahía Blanca— y parte de La Pampa, hubo cortes a usuarios con contratos interrumpibles. El impacto llegó también al GNC. En La Plata, apenas seis estaciones seguían vendiendo con normalidad; en La Pampa el servicio estaba cortado salvo en Realicó y Guatraché; y en Mar del Plata, donde una parte mayoritaria de las estaciones tiene contratos firmes, el resto quedó alcanzado por la interrupción.
En el NOA, el problema tiene otra profundidad. No es solo ola polar. Es rediseño del sistema, caída de la oferta histórica y falta de transporte. La Unión Industrial de Salta le pidió al gobernador Gustavo Sáenz que gestione ante Nación garantías de abastecimiento, precios razonables, mecanismos compensatorios y prioridad para la región en futuras ampliaciones. La entidad advirtió que la Resolución 66/2026 de la Secretaría de Energía puede reducir cerca de 35% la capacidad firme asignada al NOA para la industria.
Esa resolución reconfiguró el sistema de transporte de gas natural en el marco de la emergencia energética, reasignó capacidades y redefinió rutas para adaptar el sistema al nuevo peso de Vaca Muerta. En los papeles, eficiencia. En las fábricas del norte, menos gas.
Tucumán quedó en el centro del golpe. El ministro de Economía y Producción provincial, Daniel Abad, le reclamó a la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, un reparto “equitativo y federal”. Según la información de Naturgy que citó el funcionario, la industria tucumana quedó con una restricción del 70% y pasa a “Rampa 0”: no es un corte instantáneo, sino una reducción gradual hasta llegar a cero gas para evitar daños en los equipos.
El costo es igual de brutal que el corte. Abad dijo que empresas del norte enfrentan valores cercanos a 27 dólares por millón de BTU por gas importado, mientras en otras regiones ese mismo insumo ronda los 3 dólares. La diferencia no es un sobrecosto: es una pared.
El limón tucumano puso el grito en el cielo. La Asociación Citrícola del NOA advirtió que procesar con esos precios internacionales implica una pérdida imposible de trasladar al precio final de exportación. También alertó que el freno total o parcial de la industria del limón paralizaría exportaciones e ingreso de divisas en plena zafra, con impacto sobre 50.000 trabajadores directos e indirectos.
La lista de sectores expuestos es larga: citrícolas, sucroalcoholeros, tabacaleros, vidrio, cerámica, cal, oxígeno medicinal, GNC e industrias electrointensivas o gasintensivas que no pueden apagar y prender hornos como quien apaga una estufa. Algunas pueden bajar turnos. Otras directamente tienen que parar.
El problema del NOA era conocido. EconoJournal había anticipado que las industrias de Salta y Tucumán podían sufrir hasta 80 días de cortes durante junio, julio y agosto. La región dependía históricamente del gas de Bolivia y de la Cuenca Noroeste. Ese esquema se agotó: Bolivia declinó, la cuenca local cayó y el Gasoducto Norte, aun revertido, tiene un límite de transporte de unos 15 millones de metros cúbicos diarios.
El número explica el embudo. En invierno, el NOA puede alcanzar una demanda pico de hasta 22 millones de metros cúbicos diarios. La producción actual de la cuenca Noroeste ronda apenas 2,5 millones de metros cúbicos diarios y el Gasoducto Norte puede transportar unos 15 millones. La cuenta no cierra. Vaca Muerta tiene gas, pero no alcanza con que exista bajo tierra si no llega a las fábricas.
Ahí aparece la otra parte de la historia: el GNL importado. El Gobierno cambió el esquema. Antes, Enarsa operaba como proveedor de última instancia y absorbía parte del costo. Ahora las grandes industrias, distribuidoras y generadoras deben contratar por adelantado y pagar precios de mercado. En el norte, el GNL puede ubicarse cerca de 23 o 24 dólares por millón de BTU, contra unos 4 dólares del gas de Vaca Muerta.
El Gobierno, por su parte, se defiende. Desde Energía sostienen que organizaron subastas públicas en MEGSA para que la industria pudiera comprar gas de manera directa y que algunas empresas eligieron no tomar ese volumen por no asumir riesgos contractuales, como el take or pay. Es decir: el Estado diseñó un mercado y ahora les explica a las fábricas que el problema es no haber sabido jugarlo.
La frase de la UIC lo resume mejor que cualquier paper: las pymes no pueden convertirse de un día para otro en especialistas en licitaciones de GNL, contratos energéticos, penalidades y alternativas de abastecimiento. Mucho menos en un mercado técnico, regulado y oscuro, donde cada corte cae sobre la producción real.
Por eso el silencio nacional de la UIA hace ruido. No faltan datos. No faltan cámaras regionales. No faltan plantas afectadas. No falta tensión sobre costos, empleo, exportaciones y abastecimiento. Falta una conducción fabril dispuesta a decir que el experimento de trasladar todo el riesgo al sector privado dejó a las empresas comprando gas de emergencia como quien busca leña en la nieve.
El problema es político. Si la UIA levanta demasiado la voz, incomoda al Gobierno que muchos industriales acompañaron con la esperanza de una macro ordenada. Si no la levanta, deja a sus propias fábricas a la intemperie. Entonces aparece el sonido más raro de este invierno: hornos apagados, estaciones sin GNC, economías regionales en alerta y una entidad industrial que parece hablar con bufanda en la boca.
El Gobierno prometió eficiencia y mercado. La escena fabril muestra otra cosa: energía cara, reglas cambiantes, infraestructura insuficiente y empresas obligadas a elegir entre producir a pérdida o frenar líneas. No es una incomodidad administrativa. Es una política económica con olor a gas cortado.
La industria no pide poesía. Pide gas. Y si la UIA no puede decirlo fuerte cuando más de 130 fábricas ya están golpeadas, tal vez el corte más grave no sea el de suministro. Tal vez sea el de representación.
