Se trata de Florencia Wierzba, socióloga y militante del movimiento campesino, y Adolfo Farías, referente del PJ santiagueño
La interna dentro del mundo campesino santiagueño sumó un nuevo capítulo. En el centro de la disputa aparece Florencia Wierzba, socióloga de la Universidad de Buenos Aires y militante del Mocase Vía Campesina.
Wierzba está vinculada desde hace años a la agenda campesina y de soberanía alimentaria. En distintas actividades públicas fue presentada como integrante del Mocase y como parte de ese entramado político y social.
Su pareja es Adolfo Farías, ex funcionario de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena de la Nación. Farías también es referente de una de las ramas del Mocase Vía Campesina y tiene vínculo político con el PJ-Frente Cívico santiagueño.
El conflicto no surge desde afuera del movimiento. No es una denuncia del agronegocio ni de un sector empresario contra una organización campesina. Es más incómodo. Sale de una comunidad que, según afirman sus integrantes, había recibido y contenido a la pareja Farías-Wierzba.
Esa comunidad los viene denunciando desde hace un par de años. Los acusa de haberse apropiado de un espacio comunitario. Un lugar que, según esa versión, debía pertenecer a las familias campesinas y no quedar bajo control de una pareja de dirigentes.
Ahora la comunidad asegura que comenzó a recuperar ese espacio. El reclamo volvió a encender una tensión que llevaba tiempo acumulándose y que expone una disputa por la representación, el territorio y el uso de los bienes comunes.
La frase más dura que circula entre los denunciantes apunta directamente contra Wierzba. En la comunidad sostienen que a la militante del Mocase “le chupa una v…” la propia comunidad campesina. Más que un insulto, la expresión resume una ruptura política. Marca el momento en que la bronca deja de ser interna y se convierte en denuncia pública.
El episodio golpea en un punto sensible para el Mocase. El movimiento construyó buena parte de su legitimidad alrededor de la defensa de la tierra, la vida comunitaria y la organización campesina frente al poder económico. Por eso la acusación tiene otro peso: no apunta contra un patrón de estancia, sino contra dirigentes que hablan en nombre de esa misma causa.
La denuncia también incomoda por el recorrido de Farías. Su paso por la estructura nacional de Agricultura Familiar le dio volumen institucional. Su pertenencia al Mocase y su cercanía al Frente Cívico le dieron volumen político. Esa doble condición vuelve más delicado el reclamo de la comunidad.
La escena deja al descubierto una pregunta de fondo. Qué pasa cuando el discurso de lo comunitario se convierte en una llave para administrar espacios, recursos y representación. La comunidad denuncia que esa llave terminó cerrando la puerta desde adentro.
Por ahora, el caso se mueve en el terreno de la denuncia pública y la disputa territorial. Pero el reclamo ya rompió el cerco. Sacó al aire una pelea que llevaba tiempo juntando polvo, bronca y silencio.
En el fondo, la comunidad plantea algo simple: el espacio comunitario debe volver a la comunidad. Todo lo demás, dicen, es relato ajeno sobre tierra propia.
