El Bank of New York Mellon ocupa un lugar clave en las nuevas operaciones de deuda impulsadas por Luis Caputo. Su domicilio fiscal está en Delware. Intentos fallidos por desplazarlo.
Cada vez que la Argentina vuelve a endeudarse bajo legislación extranjera, un nombre reaparece casi inevitablemente: Bank of New York Mellon (BNY Mellon). En los nuevos préstamos por USD 3.200 millones anunciados por el Ministerio de Economía, la entidad fue designada como agente administrador de ambas operaciones. No es un actor nuevo. Lleva más de dos décadas ocupando un lugar central en la arquitectura financiera de la deuda argentina.
El vínculo formal entre el Estado argentino y el banco comenzó el 2 de junio de 2005, cuando se firmó el Trust Indenture que dio marco al primer gran canje de deuda posterior al default de 2001. En ese momento la entidad todavía operaba como The Bank of New York, ya que la fusión con Mellon Financial Corporation recién se concretaría en 2007.
Ese contrato convirtió al banco en el agente fiduciario (Trustee) de los bonos emitidos bajo legislación de Nueva York. Antes de ese esquema, los títulos colocados durante la década de 1990 se regían por el Fiscal Agency Agreement de 1994, cuyo agente fiscal era Bankers Trust Company.
La relación entre el Estado argentino y el banco atravesó su momento más conflictivo durante la disputa con los fondos buitre. Luego del fallo del juez estadounidense Thomas Griesa, el BNY Mellon quedó en una posición incómoda: la Argentina depositó los fondos para pagarles a los bonistas que habían ingresado a los canjes de deuda, pero la entidad bloqueó esos pagos al sostener que no podía incumplir la orden dictada por la justicia de Nueva York.
El episodio derivó en uno de los mayores enfrentamientos entre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el sistema financiero internacional. En respuesta, el Congreso aprobó la Ley 26.984 de Pago Soberano, que declaró removido al BNY Mellon por incumplimiento de sus obligaciones fiduciarias y dispuso que Nación Fideicomisos pasara a ocupar el lugar de agente de pago de la deuda reestructurada. Paralelamente, el Banco Central revocó la autorización para que la entidad extranjera mantuviera su representación legal en la Argentina.
Sin embargo, la estrategia encontró un límite jurídico. Bajo la legislación del estado de Nueva York, un fideicomisario designado en un contrato de deuda no puede ser desplazado de manera unilateral por el emisor soberano. Para removerlo se requiere el consentimiento de las mayorías de bonistas previstas en el propio fideicomiso. En otras palabras, la ley argentina no podía modificar un contrato celebrado bajo derecho extranjero.
La situación terminó de resolverse recién en 2016, cuando el gobierno de Mauricio Macri alcanzó un acuerdo con los holdouts. A partir de entonces, el conflicto quedó superado y el BNY Mellon conservó su rol dentro del fideicomiso original firmado en 2005. Además, pasó a integrar el nuevo Indenture de 2016 y volvió a desempeñarse como agente fiduciario durante la reestructuración de la deuda externa realizada en 2020.
Ahora, con los nuevos préstamos gestionados por Luis Caputo, el banco vuelve a ocupar un lugar relevante, aunque con una función distinta. En esta oportunidad actuará como agente administrador de los créditos otorgados por BBVA, Santander y Deutsche Bank, respaldados por garantías del Banco Mundial y del BID. Su presencia vuelve a recordar que buena parte de la deuda argentina continúa estructurándose bajo reglas, contratos e instituciones del sistema financiero de Nueva York.
La historia explica por qué la designación del BNY Mellon no pasa inadvertida. Se trata de la misma entidad que quedó atrapada entre los fallos de Griesa y las decisiones del Estado argentino, que fue desplazada por una ley local sin lograr ser removida de los contratos internacionales y que, dos décadas después de su desembarco en la deuda soberana, continúa ocupando un lugar clave en las principales operaciones financieras del país.
