La diputada provincial Silvia Malfesi presentó un pedido de informes. Las multas mal confeccionadas podrían ser impugnadas.
El gobierno de Santa Fe fue advertido por una diputada provincial que busca esclarecer mediante un pedido de informes acerca de los radares instalados en rutas nacionales después de que trascendiera que más de 100 de ellos detactos por Vialidad Nacional no contarían con la autorización exigida por la normativa vigente.
La legisladora Silvia Malfesi, de Somos Vida – Partido Libertario, pidió que, si se confirman esas irregularidades, las multas realizadas a través de esos dispositivos podrían ser declaradas nulas, al tiempo que se deberían llevar a cabo reclamos administrativos y/o judiciales por los efectuados.
Malfesi fue clara en diálogo con el medio santafesino AIRE respecto de su búsqueda: no pone en duda a los radares como herramienta para prevenir accidentes, sino que quiere que se cumplan con los requisitos legales para que funcionen.
En ese marco, explicó que los dispositivos ubicados en rutas nacionales tienen que estar autorizados en la Agencia Nacional de Seguridad Vial para obtener el correspondiente permiso de uso del espacio público. La diputada aseguró que no contarían con esas condiciones.
Malfesi presentó el pedido de informes en la Cámara de Diputados y exige que el Poder Ejecutivo informe la cantidad exacta y la ubicación de los radares fijos y móviles instalados en las rutas nacionales dentro de Santa Fe. En ese aspecto, solicita que marquen cuál es la cantidad que posee autorización técnica.
En otro tramo de su texto, pide que la Provincia dé a conocer el monto recaudado durante los últimos dos años a través de las multas originadas en los radares cuestionados. También quiere que explique cuál será el criterio jurídico que adoptará en caso de comprobarse que algunos de los mismos funcionaban sin la habilitación requerida.
“Si realmente existen estas irregularidades, primero habría reclamos administrativos y después incluso podría intervenir la Justicia. Sería un dinero importante el que habría que devolver y saldría de las arcas provinciales”, expresó la legisladora.
Luego, indicó que una multa mal confeccionada de este tipo presenta un vicio que podría derivar en su nulidad. Aquellos que ya abonaron la infracción podrían solicitar la devolución del dinero, mientras que quienes no lo hayan pagado, tendrían la posibilidad impugnarla.
“No porque llegue una multa automáticamente es inválida. Primero hay que comprobar si el radar estaba efectivamente habilitado”, advirtió de todos modos.
En ese marco, recomendó consultar el listado oficial publicado por la ANSV, donde figuran los radares homologados. Cada infracción cuenta con el número indetificatorio de cinemómetro usado. Al cruzar esos datos con el registro oficial se puede corroborar si estaba autorizado o no.
Malfesi remarcó que, según la información que maneja, una de las herramientas de control estaría ubicado sobre la Ruta Nacional 168, uno de los corredores que más se transita en el área metropolitana de Santa Fe.
“Lo que queremos es que las cosas sean legales. Si el radar está correctamente habilitado, el infractor debe asumir su responsabilidad. El problema es cuando el dispositivo no cumple con las exigencias legales”, dijo.
“A veces vemos que estos controles parecen tener más un fin recaudatorio que preventivo. Hay que tener mucho cuidado para que no haya una truchadita o un quiosco detrás de las multas”, expresó, al tiempo que reconoció que el Estado puede tercerizar ciertas tareas y que debe extremarse el control cuando se trata de una potestad sancionatoria.
