Después del revés judicial que frenó la eliminación de los aportes obligatorios a la Coviar, el ministro incluyó la suspensión en el nuevo paquete de leyes. La pelea enfrenta al Gobierno con la conducción vitivinícola y promete dejar más de una copa rota.
Federico Sturzenegger volvió a cargar contra la estructura corporativa de la industria del vino. Después de fracasar en su primer intento, el ministro de Desregulación incluyó en el nuevo paquete de reformas la suspensión del aporte obligatorio que bodegas y productores realizan a la Corporación Vitivinícola Argentina, conocida como Coviar.
La medida abre una guerra directa con la conducción institucional del sector. En el Gobierno consideran que la Coviar funciona como una cámara empresaria financiada por obligación. Del otro lado sostienen que los aportes permiten sostener la promoción, la planificación y la inserción internacional del vino argentino.
Para Sturzenegger, en cambio, se trata de otro de los mecanismos parafiscales que sobreviven bajo la protección de una ley. El ministro ya había calificado el sistema como una “aberración” y cuestionado que el Estado utilizara su capacidad de cobro para financiar una entidad integrada por privados.
El primer intento se produjo en mayo. El secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, firmó la Resolución 55/2026, que declaró cerrado el Plan Estratégico Vitivinícola 2020 y dispuso el fin de las contribuciones obligatorias previstas en la ley 25.849.
La maniobra duró poco. La Coviar presentó un amparo y consiguió una medida cautelar del Segundo Juzgado Federal de Mendoza. El fallo suspendió la resolución y ordenó que las bodegas y los productores continuaran pagando mientras se discute la cuestión de fondo.
La Justicia entendió que el Gobierno había intentado modificar mediante una resolución una obligación creada por el Congreso. En otras palabras, Sturzenegger quiso abrir la botella con una motosierra y el juzgado le recordó que todavía hacía falta sacacorchos.
Ahora el Gobierno busca corregir aquel error de procedimiento. En lugar de avanzar mediante una resolución administrativa, incluyó la suspensión del aporte en el paquete de leyes que pretende llevar al Congreso. La estrategia cambia de envase, pero conserva el mismo contenido.
La discusión no es menor. La Coviar fue creada por la ley 25.849 como una persona jurídica de derecho público no estatal encargada de gestionar el Plan Estratégico Vitivinícola. Desde 2004 se financia mediante contribuciones obligatorias cobradas a bodegas, productores, establecimientos mosteros y otros integrantes de la cadena.
En la Casa Rosada sostienen que ese esquema obliga a empresas y productores a financiar una institución aun cuando no compartan sus políticas ni reciban beneficios concretos. El argumento encaja como un guante en la agenda de Sturzenegger: eliminar matrículas, fondos compulsivos, cajas sectoriales y organismos sostenidos por aportes obligatorios.
La Coviar responde que no es una cámara privada convencional. Remarca que fue creada por ley, que reúne al sector público y privado y que financia acciones de promoción, asistencia técnica y planificación estratégica. También advierte que eliminar los recursos puede desarmar políticas comunes en una industria atravesada por la caída del consumo interno y las dificultades exportadoras.
La pelea también divide a las bodegas. Los grandes jugadores tienen recursos propios para promocionarse, abrir mercados y financiar estructuras comerciales. Para productores pequeños y cooperativas, en cambio, la acción conjunta puede ser la única forma de aparecer en el mapa.
Sturzenegger no parece dispuesto a distinguir demasiado entre unos y otros. Su lectura es más simple: donde hay un aporte obligatorio, hay una caja; donde hay una caja, hay una corporación; y donde hay una corporación, aparece el ministro con su manual de demolición.
La novedad es que esta vez deberá atravesar el Congreso. La Justicia le cerró el atajo y lo obligó a circular por la avenida institucional. La batalla por la Coviar será así una prueba para determinar hasta dónde puede avanzar la desregulación cuando toca intereses provinciales, cámaras empresarias y estructuras productivas con fuerte peso político.
En Mendoza ya preparan la resistencia. Sturzenegger, mientras tanto, vuelve a la carga. No consiguió eliminar el aporte por resolución y ahora pretende hacerlo por ley. La vendimia todavía no comenzó, pero la cosecha de conflictos ya viene abundante.
