Temen que los empresarios busquen desplegar su negocio inmobiliario en activos que tienen un alto valor por su ubicación.
La Armada Argentina pone principal foco en la preocupación por el renovado interés de grupos empresarios vinculados al negocio inmobiliario para avanzar sobre el predio de Dársena Norte, que la Corte Suprema restituir al patrimonio estatal luego de considerar irregular la privatización de Tandanor.
La inquietud de la Armada tiene que ver con el posible regreso del grupo de Eduardo Elsztain, mediante IRSA, y la familia Román, que está vinculada al consorcio que participó de la privatización de los talleres navales durante el menemismo.
Todo comenzó en 1991 cuando Carlos Menem privatizó Talleres Navales Dársena Norte (Tandanor) al consorcio Inversora Dársena Norte S.A. (INDARSA). Entonces, el Grupo Román era uno de los principales jugadores y el proceso finalmente terminó siendo investigado judicialmente por presunto fraude a la administración pública.
La constitución de Puerto Retiro S.A, una sociedad que fue creada en diciembre de ese mismo año, quedó bajo la lupa. Es que se transfirió la valiosa Planta 1 de Dársena Norte. La maniobra fue calificada como sospechosa desde el primer momento porque separaba una fracción estratégica en una de las zonas más codiciadas de la Ciudad de Buenos Aires.
Dos años más tarde, en 2003, IRSA obtuvo el control mayoritario de Puerto Retiro S.A. con el 75% de la participación. El porcentaje restante quedó en mano del Grupo Román. De esa forma, se buscaba avanzar con un megaproyecto inmobiliario de torres de lujo en una zona portuaria pegada a Puerto Madero, Retiro y los principales accesos de la ciudad.
Después de años de conflictos judiciales, se dictó en 2007 el decreto que declaró nula la privatización de Tandanor. La Corte Suprema avaló esa decisión y permitió que el astillero volviera a quedar bajo la órbita estatal.
A pesar de la derrota judicial, Puerto Retiro S.A nunca fue disuelta y sigue existiendo. La Armada ve en esta actitud una visión persistente del lado empresarial por quedarse con el predio. Y todo en tiempos en los que la administración de Javier Milei apunta a una reducción del Estado, venta de inmuebles públicos y revisión de activos bajo uso militar.
Fuentes aseguran que, en el proceso judicial, el ex ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona habría intervenido como abogado defensor de Puerto Retiro S.A. De momento, este medio no pudo comprobar tal acusación.
El valor del predio se funda en que forma parte del entramado naval argentino y cumple un rol en reparación, mantenimiento y construcción vinculada a la industria marítima. Es por eso que la pérdida o fragmentación de espacios asociados a su actividad podría afectar capacidades de largo plazo.
