Se detectó la utilización de fondos destinados a viajes oficiales para gastos corrientes. No se aplicaron sanciones.
El Tribunal de Cuentas de Mendoza elaboró un informe en el que detectó irregularidades en el manejo de fondos públicos de parte del gobierno de Alfredo Cornejo dentro de la Unidad de Financiamiento Internacional (UFI).
De acuerdo a lo informado, se usaron recursos para financiar misiones oficiales para compras menores, servicios corrientes y otros gastos habituales de funcionamiento. Ninguno de ellos estaba contemplado en la normativa vigente.
La auditoría forma parte del ejercicio 2024 y entonces la directora de la UFI era Silvina Beatriz Giordano. Este organismo se encuentra bajo la órbita del Ministro de Hacienda y Finanzas controlado por Víctor Fayad.
El informe indica que se reemplazaron instrumentos administrativos como caja chica, fondo fijo o fondo permanente a pesar de que los adelantos con cargo a rendir cuentas tienen una finalidad específica establecida por decreto.
El documento, que fue revelado por el sitio Confidencial, se contrapone a las explicaciones de las autoridades que argumentaron que el accionar tuvo que ver con la necesidad de hacer compras urgentes, afrontar imprevistos y evitar el impacto de la inflación a través de pago al contado.
El Tribunal, de todos modos, consideró que hubo una utilización inadecuada del procedimiento, pero no derivó en sanciones a los responsables.
La auditoría se apoya en los adelantos con cargo a rendir cuentas regulados por el decreto 1717/2016. La herramienta fue creada con el fin de solventar gastos vinculados con misiones oficiales de funcionarios o agentes públicos. Sin embargo, la UFI las usó para cubrir erogaciones cotidianas.
El Tribunal señaló que la dependencia provincial dio lugar a ese sistema por la ausencia de instrumentos administrativos adecuados para gastos menores. Esos adelantos representaron una caja chica informal.
Por otra parte, el documento expresa que hubo deficiencias contables. Tal es así que los gastos no fueron imputados como corresponde desde el punto de vista presupuestario, además de que no se registraron como créditos patrimoniales de los anticipos entregados a los agentes responsables de administrar esos recursos públicos.
Otro de los puntos abordados por el Tribunal giraron en torno a la detección de bienes de uso que nunca fueron incorporados al inventario oficial, partidas bancarias antiguas pendientes de regularización, gastos de mantenimiento del vehículo oficial y compras de insumos sin los controles administrativos correspondientes.
En el marco de la auditoría, las autoridades manifestaron que iniciaron con el proceso de corrección a esas observaciones. El Tribunal fue claro al remarcar que esas falencias ya habían sido señaladas en períodos anteriores, con auditorías en 2017, 2018 y 2021.
En tal sentido, el organismo manifestó que la UFI todavía no terminó un manual de procedimiento para regular la recaudación, inversión y registración de fondos públicos, que recomendaron en informes anteriores.
Las fallas detectadas recaen en la responsabilidad administrativa del director general del organismo, al coordinador de Servicios Administrativos, Contables y Financieros y a la subdirectora de Gestión Administrativa.
Sin embargo, el Tribunal no aplicó multas ni formuló cargos patrimoniales. Esto se debe a que las autoridades demostraron la intención de cambiar al iniciar un mecanismo alternativo con el fin de canalizar correctamente los gastos menores. La decisión se apoyó en que las autoridades habían iniciado un mecanismo alternativo para canalizar correctamente los gastos menores.
Así las cosas, el Tribunal aprobó la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio 2024 y liberó de responsabilidad patrimonial a los funcionarios de la administración de Cornejo.
