El escándalo empezó con el jefe de Gabinete y su esposa, pero la lista se agrandó: Federico Sturzenegger, Meme Vázquez, Felipe Núñez, Federico Furiase, Santiago Oría, Guillermo Francos, Juan Pazo, Andrés Vázquez, José Luis Espert y Bertie Benegas Lynch también aparecen vinculados al régimen de “inocencia fiscal”.
Primero Bettina Angeletti, después Manuel Adorni. El caso parecía tener un nombre propio, una causa judicial y cuentas difíciles de ordenar. Pero el listado creció. Y ahí cambió la historia. Porque ya no se trata sólo del jefe de Gabinete. Al final, en el gobierno de la motosierra, todos querían su certificado de inocencia.
El Régimen Simplificado de Ganancias, conocido como “inocencia fiscal”, permite presentar una declaración jurada más liviana ante ARCA. El contribuyente queda bajo una presunción de exactitud y obtiene efecto liberatorio sobre el período declarado, salvo que el organismo detecte una discrepancia significativa. En criollo: menos detalle, menos lupa y una puerta más amable para ordenar el pasado.
La novedad política es que varios funcionarios y personas muy cercanas al Gobierno aparecen anotados o señalados como adherentes al régimen. Además de Adorni y Angeletti, se sumaron Federico Sturzenegger, Aimé Ayelén “Meme” Vázquez, Felipe Núñez, Federico Furiase, Santiago Oría, Guillermo Francos, Juan Pazo, Andrés Edgardo Vázquez, José Luis Espert y Bertie Benegas Lynch. La fila ya no parece la de contribuyentes anónimos buscando simplificar un trámite. Parece una postal del ecosistema libertario haciendo cola en la ventanilla del perdón fiscal.
El primer caso fue el más ruidoso. Adorni, actual jefe de Gabinete, está bajo la mira por la evolución de su patrimonio, sus gastos, viajes, propiedades y movimientos económicos. En ese contexto se conoció que él y su esposa adhirieron al régimen. La defensa oficial intentó separar la adhesión de cualquier blanqueo. Pero la coincidencia temporal hizo ruido. Mucho ruido. Cuando alguien investigado por su patrimonio pide un paraguas fiscal, la explicación puede ser legal, pero nunca inocente del todo.
Angeletti también quedó en el centro de la escena. No es funcionaria, pero es esposa del jefe de Gabinete. Y ese dato importa. Para el régimen de prevención de lavado, los cónyuges de funcionarios son Personas Expuestas Políticamente por vínculo. No son contribuyentes del montón. La ley fiscal les abre una puerta. La normativa antilavado les prende una alarma. Ahí aparece el primer choque: ARCA presume, la UIF sospecha.
Después apareció Federico Sturzenegger. Ministro de Desregulación y Transformación del Estado. El hombre que hizo de la poda del Estado una religión civil también habría pedido cobijo bajo el régimen. La ironía viene servida. El funcionario que predica menos Estado eligió una herramienta estatal que le permite declarar con menos exposición. Una motosierra para los otros. Una sombrilla administrativa para casa.
El caso de Aimé Ayelén “Meme” Vázquez suma otro condimento. Es una figura del armado comunicacional libertario y jefa de asesores del universo Adorni. En la constancia de ARCA que circuló figura adherida al régimen 639, Ganancias Simplificada Ley 27.799, período fiscal 2025, con fecha de solicitud del 20 de mayo de 2026. En el documento no aparece monto regularizado. Ese es parte del problema: el dato visible es la adhesión; el número queda bajo secreto fiscal.
Santiago Oría también aparece en la lista. Es el documentalista oficial de Milei, productor de la épica audiovisual de Casa Rosada y uno de los encargados de convertir al Presidente en personaje de culto. En la constancia difundida figura su adhesión al régimen de Ganancias Simplificada Ley 27.799 para el período 2025, con fecha de solicitud del 6 de abril de 2026. Otra vez: sin monto público. Mucho relato, poca planilla abierta.
Felipe Núñez, uno de los llamados “Caputo boys”, también fue señalado como adherente. Núñez ya venía de otra polémica: el crédito hipotecario del Banco Nación por $373 millones, dentro de una línea para empleados estatales. Ese número sí se conoció. Y quedó dando vueltas como una mosca sobre la mesa. Ahora aparece asociado a otro beneficio fiscal donde el monto no se ve. Crédito blando de un lado, inocencia fiscal del otro. La bicicleta no siempre hace ruido, pero deja huella.
Federico Furiase completa la pata económica. Secretario de Finanzas, hombre de confianza de Luis Caputo y también beneficiario de un crédito hipotecario del Banco Nación por más de $367 millones, según la información pública que circuló cuando estalló esa polémica. En su caso, la adhesión al régimen vuelve a poner la misma pregunta: ¿qué pasa cuando quienes administran la política financiera del Estado también se anotan en mecanismos que reducen el nivel de exposición fiscal?
Guillermo Francos, ex jefe de Gabinete, también apareció en las constancias difundidas. Su caso agrega una postal casi perfecta: se fue del Gobierno, pero no se perdió la fila de la inocencia. La constancia que circuló lo ubica dentro del régimen de Ganancias Simplificada Ley 27.799, período 2025, con fecha de solicitud del 17 de abril de 2026. El retiro fue político. La ventanilla fiscal siguió abierta.
Pero la nueva tanda de nombres vuelve el asunto más incómodo. Porque ya no sólo aparecen funcionarios que usaron la herramienta. También aparece uno de los que la diseñó y la presentó. Juan Pazo, ex titular de ARCA y hombre de máxima confianza de Toto Caputo, también adhirió al régimen. Según publicó Letra P, Pazo solicitó su incorporación el 20 de febrero. Es decir: el funcionario que puso la llave en la puerta después pasó por esa misma puerta.
Pazo había presentado el proyecto de Inocencia Fiscal en junio de 2025, cuando estaba al frente de ARCA. Lo hizo junto a José Luis Espert, entonces presidente de la Comisión de Presupuesto de Diputados. Con Caputo sentado en primera fila, el Gobierno vendía la medida como un cambio de época. Pazo decía que el ciudadano debía ser presumido de buena fe. Espert lo convertía en bandera electoral contra los gobernadores que no adherían. Ahora los dos aparecen anotados. El libreto terminó con los actores entrando al decorado.
El caso de Espert también tiene su vuelta. El ex diputado fue uno de los defensores públicos de la iniciativa en el Congreso. Este martes realizó el trámite para adherirse al régimen. Su reemplazante en Presupuesto, Bertie Benegas Lynch, también se incorporó: la solicitud figura con fecha del 24 de marzo. La comisión que debía discutir el diseño fiscal terminó aportando dos nombres propios a la lista de beneficiarios. El sermón de la inocencia venía con asiento reservado.
La escena se completa con Andrés Edgardo Vázquez, sucesor de Pazo al frente de ARCA. El actual titular del organismo recaudador también figura inscripto. La solicitud tiene fecha del 14 de marzo. El dato pesa porque Vázquez asumió con cuestionamientos públicos por una investigación sobre presunto enriquecimiento ilícito, lavado y evasión tributaria, vinculada a inmuebles en el exterior sin declarar. En cualquier país normal, el recaudador pide explicaciones. Acá también pide inocencia.
El dato clave es que las constancias no muestran montos. No dicen cuánto se regularizó, qué patrimonio se ordenó, qué ingresos quedaron bajo el paraguas ni si hubo activos omitidos. Sólo muestran la adhesión. Por eso la discusión no es únicamente tributaria. Es política. El régimen fue diseñado para alivianar el control fiscal. Pero quienes aparecen usándolo son funcionarios, asesores, familiares directos de funcionarios, legisladores que lo impulsaron y jefes del organismo que lo administra. Justamente el grupo que debería soportar más control, no menos.
La contradicción legal es el corazón de la nota. La Ley de Inocencia Fiscal parte de una idea amable: el contribuyente es inocente y el Estado no debe perseguirlo por defecto. El régimen de Persona Expuesta Políticamente parte de la idea contraria: cuando alguien maneja poder público, presupuesto, información privilegiada o influencia estatal, el sistema tiene que mirarlo mejor. Uno baja la persiana. El otro levanta la linterna.
No necesariamente hay delito. Conviene decirlo. La ley, tal como está, no prohíbe que funcionarios ingresen al régimen. Ese es precisamente el agujero. La escena puede ser legal y, al mismo tiempo, políticamente escandalosa. Porque el Gobierno que exige sacrificio, transparencia y austeridad aparece anotado en una herramienta que reduce explicaciones. La casta era el otro. La inocencia era propia.
Un tributarista que trabaja con sujetos obligados lo resume con una frase filosa: “El problema no es que puedan entrar. El problema es que quieran entrar”. La diferencia es importante. Porque si un funcionario necesita pedir una presunción de exactitud ante ARCA, la pregunta pública no desaparece. Se agranda. ¿Qué buscó simplificar? ¿Qué prefirió no detallar? ¿Qué parte del pasado fiscal necesita una frazada?
La secuencia deja una conclusión incómoda. Adorni ya no es una excepción. Es un síntoma. El caso que arrancó con viajes, propiedades, gastos y una causa judicial terminó mostrando una pequeña multitud oficialista frente al mismo mostrador. Cada uno con su cargo. Cada uno con su constancia. Cada uno con su silencio sobre el monto.
Al final, la frase se escribe sola. No era sólo Adorni. Eran todos Adornis. O casi todos. En el país de la motosierra, la inocencia fiscal se volvió el nuevo perfume del poder: tapa poco, dura menos y cuando se mezcla con patrimonio público deja olor raro.
