Trabajadores denuncian un plan orquestado por funcionarios, sindicalistas y empresarios para desplazar al gobierno de Tierra del Fuego del control de la terminal.
La intervención del Puerto de Ushuaia, ejecutada por el Gobierno nacional el 20 de enero, trajo consigo una feroz disputa de intereses económicos y políticos. Detrás del desembarco de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), trabajadores y referentes del sector denuncian un plan para desplazar a la provincia y entregar la explotación de la terminal a manos privadas: el Grupo Mirgor y el empresario Gustavo “Turco” Elías están en plena disputa.
Trabajadores del puerto aseguran que el operativo con fuerzas de seguridad y “motines” que se desplegó para la intervención de la terminal fue “sin precedentes”. El argumento para llevar a cabo la tarea radicó en que Nación aseguraba que había irregularidades financieras y fallas estructurales, entre ellas en el muelle, conocido como Sitio 3.
Sin embargo, los trabajadores de la Dirección Provincial de Puertos (DPP) denuncian que en ese mismo sector hoy opera a niveles récords. A su vez, cuentan con documentos oficiales y hechos que desmienten y echaron por tierra los fundamentos utilizados para la intervención.
“Hicieron una auditoría de 100 páginas en solo 30 horas. El informe sobre el muelle es de media carilla y dice que ‘a simple vista se ve deteriorado’, pero lo siguen usando para recaudar”, señaló Franco Gastón Castillo, Director Administrativo Contable del puerto a Mosca.
Él, junto a otros trabajadores, aseguran que la intervención no busca gestionar sino más bien “quedarse con la caja”. Es que, al segundo día del operativo, todos los clientes del puerto recibieron la orden de transferir los fondos a una cuenta del Banco Nación en Buenos Aires, de modo que los recursos, que deberían ser de la provincia, quedaron en manos de otros.
Los trabajadores tienen fuertes sospechas de que la intención es entregar el puerto al Grupo Mirgor. La conexión se debe a que la ANPyN, organismo interventor, depende del Ministerio de Economía a cargo de Luis Caputo, primo de Nicolás Caputo, dueño de Mirgor.
A esto se suma el rol de Iñaki Arreseygor, Director Ejecutivo de la ANPyN, ex representante del Estado en Mirgor durante el macrismo. Para los trabajadores, este es el encargado de llevar adelante las ideas de modernizar la terminal bajo una gestión privada que beneficie directamente al holding.
Otro de los apuntados es Juan Avellaneda, Secretario General de la Unión Personal Superior Ferroviario (UPSF) en Tierra del Fuego y empleado de la DPP, quien presentó una denuncia sobre el conflicto de los fondos del puerto ante el organismo dirigido por el propio Arreseygor. Fue luego de que compartieran una cena la Asociación de Caza y Pesca de Ushuaia entre funcionarios de ANPyN y el sindicato.
Luego de esto, detallan los trabajadores, la UPSF logró sumar más afiliaciones bajo la amenaza de que la intervención administrativa era inminente y que los trabajadores enfrentan el riesgo de perder sus empleos, quedando solo los afiliados.
Trabajadores señalan que la intervención quedó vinculada a personajes y operadores ligados históricamente a la vieja Administración General de Puertos (AGP), entre ellos Cristian Rigueiro, conocido como “El Monje Negro”; Carlos Esposaro; Diego Salom; Leonardo Salom; y otros actores sindicales y empresariales señalados durante años por manejos irregulares dentro del sistema portuario nacional.
Otra de las versiones sobre quién busca quedarse con el puerto lo señala al empresario Gustavo “Turco” Elías. El bahiense, históricamente vinculado a Hugo Moyano y cercano a Sergio Massa, habría encontrado una puerta de entrada al posible negocio a través de Santiago Caputo, el asesor presidencial de Milei.
Elías ya controla terminales en Bahía Blanca y Chubut. Según fuentes portuarias, la intervención busca transformar el esquema estatal a un consorcio privado, donde Elías quiere consolidar su poder logístico.
Esto sería permitido por el apoyo de Camioneros -importante en la logística- y el silencio del intendente Walter Vuoto, referente de La Cámpora; y Arreseygor, quien es su amigo desde que militaron juntos por el peronismo.
El conflicto no solo tuvo efectos a nivel sindical y empresarial: también generó una interna en la planta de trabajadores. Empleados de la Dirección Provincial de Puertos de Ushuaia denuncian que un grupo de 18 trabajadores, afiliados al gremio de Salom, habrían facilitado la intervención desde adentro a cambio de promesas administrativas.
Mientras tanto, 80 empleados fueron desplazados de sus funciones, permaneciendo en edificios sin tareas asignadas.
“Somos de las pocas empresas con superávit hace 30 años y nos atacan justamente por eso”, lamentó Castillo a este medio, al tiempo que detalló que enviaron una carta abierta internacional a para advertir que, ante la falta de previsibilidad y el vaciamiento administrativo, la próxima temporada de cruceros está en serio riesgo.
