El gobierno tuvo que avanzar con un recorte de USD 2000 millones contemplados dentro del presupuesto para tapar el agujero fiscal. Los tres frentes de presión para la segunda mitad del año.
El superávit fiscal fue hasta ahora la medalla más reluciente del gobierno de Javier Milei. El problema es que las medallas también pesan. Y el equipo económico empieza a sentirlo. Un informe de la Fundación Capital que preside Martin Redrado puso sobre la mesa una pregunta incómoda: cuánto tiempo más puede sostenerse el ajuste cuando la recaudación se enfría, el Congreso aprueba gastos y el Estado ya fue exprimido como un limón olvidado en la heladera.
La consultora identificó tres factores que van a ejercer presión contra el objetivo fiscal del Gobierno en la segunda mitad del año. El primero es la caída de los ingresos públicos. El segundo, los nuevos gastos derivados de leyes aprobadas por el Congreso. El tercero, quizás el más delicado políticamente, es la dificultad para seguir recortando gasto después de un ajuste que ya alcanzó cinco puntos del PBI durante la era Milei.
El dato no es menor. Cinco puntos del producto en poco más de un año implican uno de los recortes más profundos desde el retorno de la democracia. El Gobierno avanzó sobre subsidios, obra pública, transferencias a provincias, salarios estatales y jubilaciones. El problema es que el margen para seguir serruchando sin costo político ni impacto económico empieza a parecerse a esas casas donde ya no queda ningún mueble para vender.
En Economía siguen defendiendo la estrategia fiscal como el ancla central del programa. La lógica oficial es conocida: sin superávit no hay desinflación durable ni estabilidad cambiaria. Pero el informe de Fundación Capital advierte que el contexto cambió. La actividad económica no termina de despegar con fuerza y eso golpea sobre la recaudación tributaria. IVA, impuesto al cheque y aportes vinculados al mercado laboral muestran señales más débiles que las esperadas.
Ahí aparece la primera alarma. Porque el modelo fiscal de Milei descansó en buena parte sobre una licuación acelerada del gasto, pero también sobre ingresos extraordinarios y un esquema donde algunos impuestos todavía viajaban con la inercia inflacionaria del año pasado. Con menor inflación y una economía más fría, la caja ya no rebota igual.
La segunda presión viene del Congreso. Las leyes aprobadas implican mayores erogaciones y obligan al Ejecutivo a abrir partidas que no estaban contempladas originalmente. En el Palacio de Hacienda miran esos proyectos como quien observa una pérdida de agua en un barco chico: cada agujero parece menor, pero varios juntos terminan complicando la navegación.
En paralelo, aparece un problema más estructural. El Gobierno construyó buena parte de su identidad política alrededor del recorte permanente. El asunto es que ajustar cinco puntos del PBI en tiempo récord también genera fatiga. Fatiga económica y fatiga social. Hay ministerios funcionando con plantillas mínimas, obras paralizadas, provincias asfixiadas y áreas sensibles que ya operan al límite. Seguir ajustando sobre la misma estructura empieza a parecerse más a desarmar un motor en movimiento que a ordenar cuentas públicas.
