La compulsa quedó entre las belgas Jean De Nul y Deme. El gobierno define la adjudicación en los proximos días. Los “lobbies” en juego.
El diputado nacional Jorge Taiana presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados en el que solicitó la suspensión inmediata de la licitación de la Hidrovía por las denuncias realizadas por presuntas irregularidades técnicas, jurídicas, ambientales e institucionales.
En la presentación se destaca el supuesto uso de documentación apócrifa atribuida a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), que habría sido empleada para obtener el aval durante el proceso licitatorio.
El proyecto pone bajo la lupa a la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 1/2025, que fue convocada en la Resolución 67/2025, para la concesión de la Vía Navegable Troncal/Río Paraná.
Con el fin de esclarecer las denuncias realizadas en la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA), Taiana solicitó al Poder Ejecutivo que detenga el procedimiento.
Las sospechas radican en el presunto uso de documentación falsa, la falta de estudios de impacto ambiental adecuados, el posible direccionamiento en los pliegos y la afectación de las facultades de control y participación de las provincias ribereñas.
Otra de las advertencias realizadas en torno a la licitación tienen que ver con el desmantelamiento de organismos federales de control sobre una infraestructura que resulta estratégica para el comercio exterior argentino.
El 6 de mayo, la brasileña DTA Engenharia LTDA, con el abogado Eduardo Barcesat, aportó en una nueva denuncia los elementos vinculados a la presunta falsedad de instrumentos públicos.
Antes se había realizado una denuncia de integrantes de la Comisión Canal Magdalena, liderada por el ingeniero José María Lojo. Este último había advertido: “Hay pruebas de que la licitación de la Vía Navegable Troncal se basa en estudios apócrifos”.
Su denuncia habla de un supuesto “informe técnico” de expertos de la UNCTAD, organismo de la ONU, que fue usado como respaldo en la licitación. Entre otras cosas, aseguran que el mismo no tiene la carátula propia de un informe típico de ese organismo y no se identifica a los expertos que participaron en él. Por otro lado, no tendría idoneidad respecto del impacto ambiental.
