El Ente Regulador de los Servicios Públicos aplicó 35 multas millonarias, mientras la Auditoría Porteña sigue elaborando informes sobre las falencias del servicio.
El Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires aplicó en abril y mayo unas 35 multas millonarias a la concesionaria Emova por incumplimientos en los contratos y falencias en todas las líneas de la red de Subte, que fueron detectadas entre los años 2022 y 2025.
De acuerdo al portal enelSubte, la mayoría de las multas responden a fallas en la disponibilidad y emplazamiento de los elementos de seguridad en las estaciones de toda la red. Se detectaron faltantes de equipos de matafuego o también una disposición errónea de los mismos para usarlos en caso de emergencia.
Por otro lado, las multas aplicadas fueron por la inaccesibilidad de las salidas de emergencia. Por caso, en la línea C, en la estación Constitución, que es la más usada de la red, se da este inconveniente.
A su vez, las fallas en los medios de elevación en paradas de la red Fueron puestas bajo la lupa. Esto sucede en las escaleras mecánicas en las estaciones de la línea D Plaza Ialia y Palermo, mientras que también funcionan mal los ascensores de las estaciones Constitución y Retiro, de la línea C.
Emova recibió una sanción por la falta de cumplimiento de plazos de la reparación de luminarias, que permanecen encendidas de día, entre otras reparaciones de elementos.
Mientras se conocieron estas sanciones, la Auditoría Porteña sigue elaborando informes en los que apunta contra Emova y contra Subterráneos Buenos Aires (SBA) por incumplimientos en la red, que los usuarios vienen manifestando desde hace tiempo.
Los pasajeros denuncian en redes la deficiencia en la limpieza, las fallas en el funcionamiento de dispositivos, la presencia de insectos e incumplimientos de normas, mientras las tarifas siguen en aumento.
En las últimas horas, Mariana Gagliardi, presidenta de la Auditoría Porteña, compartió un informe en el que detectaron atrasos de inversiones, en inspecciones y sanciones que no fueron corregidas, según se investigó, durante el período de 2024.
“Detectamos un atraso del 32% en las inversiones y graves fallas en los controles de obra. Hay trabajos inspeccionados meses -e incluso años- después de haber sido informados como finalizados, sin un procedimiento formal para monitorear su avance”, apuntó en su cuenta de la red social X.
“Lo más relevante: NO SE CUMPLE EL CONTRATO. Las penalidades no se cobran en tiempo ni se descuentan de los subsidios como corresponde; incumpliendo el mecanismo previsto y debilitando el control”, lanzó.
