Especialistas expusieron en el Congreso los fundamentos para mantener tarifas diferenciadas.
En el Congreso comenzó a darse una discusión clave en materia energética y social: el futuro del régimen de zonas frías. El proyecto de Presupuesto 2026 enviado por el Poder Ejecutivo propone derogar los artículos centrales de la Ley 27.637, la norma que amplió el régimen patagónico y extendió descuentos en las facturas de gas a más de 2,5 millones de hogares en todo el país.
La medida, de aprobarse, significaría un fuerte retroceso en la protección tarifaria de millones de usuarios residenciales, en un contexto de subas generalizadas de tarifas y suspensión de obras claves para el sector.
La Ley 27.637 fue aprobada en 2021, en medio de la salida de la pandemia y de una profunda crisis económica. Hasta ese momento, solo regía la Ley 25.565, conocida como “régimen patagónico”, que otorgaba descuentos del 50 % en la tarifa de gas a usuarios de zonas con temperaturas extremas. La nueva ley amplió ese beneficio incorporando a más de diez provincias y a unos 2,5 millones de usuarios adicionales, con reducciones en la factura final de entre 30 % y 50 %, según nivel de ingresos.
Este esquema no depende del Tesoro: se financia a través de un fideicomiso sostenido por un cargo aplicado a toda la demanda de gas. Es decir, el régimen no implica un subsidio fiscal clásico, sino un mecanismo de redistribución territorial y social del costo energético, donde las zonas templadas contribuyen solidariamente con las más frías.
El proyecto oficial elimina los artículos 4 al 8 de la Ley 27.637, es decir, el núcleo operativo del régimen. En los hechos, implica volver al esquema patagónico original y excluir del beneficio a millones de hogares de Mendoza, San Luis, Buenos Aires, Córdoba, Salta, Tucumán, Santa Fe, entre otras provincias. También deja abierta la incógnita sobre el destino de los fondos del fideicomiso, ya que el gobierno no plantea eliminar el cargo a la demanda que lo financia.
La jugada tiene consecuencias directas: más hogares expuestos a la política tarifaria actual, marcada por aumentos superiores al 1000 % en el gas natural y por la suspensión de obras de infraestructura que encarecen el abastecimiento. En un contexto de presión cambiaria y posible devaluación, el impacto sobre los bolsillos residenciales podría ser aún mayor.
El régimen de zonas frías cumple un doble rol. Por un lado, compensa desigualdades climáticas y geográficas evidentes: calefaccionar un hogar en la Patagonia, en la Puna o en zonas serranas del centro del país cuesta mucho más que en regiones templadas. Por otro, funciona como un amortiguador frente a políticas tarifarias regresivas, en un escenario en el que el costo energético real se traslada cada vez más al usuario.
Además, al financiarse mediante un fideicomiso específico, no presiona sobre el déficit fiscal ni depende del humor presupuestario del gobierno de turno. Por eso, los especialistas y defensores del pueblo que participaron en la Comisión de Diputados advirtieron que su eliminación no tiene fundamentos técnicos sólidos, sino que responde a una lógica de ajuste general.
El ex subsecretario de Energía Federico Basualdo reconoció que “todas las políticas son perfectibles” y que se pueden discutir criterios de segmentación más precisos. Pero señaló que lo que propone el Ejecutivo no es una mejora sino la eliminación lisa y llana del beneficio, con impactos severos sobre hogares, comercios y municipios de todo el país.
Al cierre de su exposición, Basualdo fue claro “Este régimen no implica subsidios del Estado. Lo financia la propia demanda. Lo que está haciendo el gobierno nacional no es mejorar el esquema, sino eliminar el beneficio y exponer a más de 2 millones y medio de hogares a las políticas de ajuste tarifario”.
