El oficialismo cedió en el Senado y elevó del 15% al 25% el límite para la compra de campos por extranjeros. Pero especialistas advierten que la modificación más relevante pasa por otro lado: el proyecto deja de medir la concentración por municipios y departamentos para hacerlo sobre el promedio de cada provincia.
El Gobierno llegó al Senado con una concesión bajo el brazo. Después de impulsar una reforma que eliminaba prácticamente todas las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, el dictamen de mayoría modificó el texto y propuso elevar del 15% al 25% el límite vigente. La marcha atrás busca facilitar la aprobación de la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
Sin embargo, el cambio que más preocupa a quienes estudian la extranjerización de la tierra no está en ese porcentaje. La discusión, sostienen, se juega en la letra chica.
“La modificación es una estrategia para confundir“, afirmó el abogado Matías Oberlin, integrante del Observatorio de Tierras, en diálogo con Mosca. Según explicó, el nuevo proyecto deja de tomar como referencia los municipios y departamentos para medir el límite sobre el total de cada provincia.
“El problema que venimos señalando no está a nivel nacional ni provincial. Ninguna provincia llega hoy al límite del 15%. El problema aparece cuando se mira departamento por departamento”, explicó.
Ese cambio metodológico no es menor. El Observatorio de Tierras, integrado por investigadores del CONICET y la UBA, identificó 36 departamentos y municipios que ya superan el límite del 15% establecido por la Ley 26.737. Si el parámetro pasa a ser el promedio provincial, muchos de esos casos dejarían de reflejarse en el control legal.
“Podrían vender toda la cordillera o la ribera del Paraná y el promedio provincial seguiría sin llegar al 25%“, graficó Oberlin. Para el especialista, el proyecto traslada el foco desde las zonas concretas donde hoy existe concentración hacia un promedio mucho más amplio, capaz de diluir esas situaciones.
Los mapas elaborados por el Observatorio muestran que los niveles más altos de extranjerización se concentran precisamente en territorios estratégicos. San Carlos, en Salta, registra un 59,82% de superficie extranjerizada y Molinos un 57,79%. General Lamadrid, en La Rioja, alcanza el 56,7%; Lácar, en Neuquén, el 54,17%; Iguazú llega al 39,95%; mientras que Campana encabeza la provincia de Buenos Aires con un 50,2% del territorio rural en manos extranjeras.
A nivel nacional, el fenómeno alcanza 13.243.225 hectáreas, alrededor del 5% del territorio argentino. Los principales propietarios son capitales de Estados Unidos, con aproximadamente 2,7 millones de hectáreas, seguidos por Italia, con 2 millones, y España, con 1,7 millones.
Pero Oberlin sostiene que el proyecto no sólo modifica la forma de medir. En diálogo con Mosca, también cuestionó que desaparezcan las restricciones específicas sobre espejos de agua y zonas ribereñas, que se flexibilicen los controles en áreas de frontera, que se eliminen los límites por nacionalidad y el tope de mil hectáreas para la zona núcleo —o sus equivalentes regionales— y que deje de ser obligatorio informar las operaciones al Registro Nacional de Tierras Rurales. “Toda esa información quedaría únicamente en los registros inmobiliarios provinciales”, advirtió.
Las críticas también llegaron desde la Iglesia. Cáritas Argentina, el Área de Ecología Integral de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen difundieron una carta abierta dirigida a los legisladores en la que expresan su “profunda preocupación” por el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo. Las entidades sostienen que la iniciativa “atenta contra la soberanía de nuestra tierra, de nuestros alimentos, de nuestros bienes comunes y el derecho de los pueblos de autodeterminarse” y cuestionan que flexibilice la compra de tierras vinculadas con reservas de agua y otros recursos naturales.
En esa misma línea se expresó el obispo de Chascomús, Juan Ignacio Liébana, durante su exposición ante la comisión del Senado. El integrante de la Pastoral Social advirtió que la iniciativa “abriría la puerta a una mayor concentración y extranjerización de tierras estratégicas”, especialmente aquellas vinculadas al petróleo, la minería, los glaciares y las nacientes de los ríos. También defendió los límites vigentes del 15% por jurisdicción y de mil hectáreas en la zona núcleo, al sostener que “la propiedad privada tiene una función social” y que “la tierra no es una mercancía ni un simple recurso económico”.
Así, mientras el debate político quedó resumido en el salto del 15% al 25%, especialistas, investigadores y la propia Iglesia ponen el foco en otra modificación. Sostienen que el verdadero cambio no pasa por el porcentaje, sino por la escala con la que el Estado controlará la extranjerización de uno de sus activos más sensibles: la tierra.
