Las legislaturas provinciales consumen más de $1,4 billones por año. Tucumán, la Ciudad de Buenos Aires y Chaco encabezan el ranking de gastos. San Luis y Santiago del Estero aparecen entre las más austeras.
Mientras los gobernadores reclaman fondos, recortan servicios y denuncian que la Nación les dejó las cajas secas, las legislaturas provinciales conservan una pequeña república propia. Entre diputados, senadores, asesores, secretarios y empleados administrativos, los parlamentos locales tienen presupuestados más de $1,4 billones para 2025.
El cálculo surge de un relevamiento de la Fundación Libertad realizado sobre los presupuestos de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. En total, el sistema reúne 1.199 legisladores provinciales y destina, en promedio, $1.182 millones anuales por cada banca. La cifra no representa el sueldo individual del diputado o senador. Incluye toda la estructura que lo rodea: personal, contratos, mantenimiento, servicios, edificios y funcionamiento de las cámaras.
La medalla de oro es para Tucumán. Su Legislatura, integrada por apenas 49 representantes, recibió un presupuesto de $134.037 millones. Eso equivale a $2.735 millones anuales por legislador, unos $228 millones mensuales por banca.
El segundo puesto pertenece a la Ciudad de Buenos Aires. Con 60 legisladores y un presupuesto de $159.694 millones, cada banca porteña cuesta $2.662 millones por año. El podio lo completa Chaco, donde los 32 diputados provinciales tienen detrás un presupuesto de $79.750 millones: $2.493 millones por cada uno.
La provincia de Buenos Aires ocupa el cuarto lugar. Entre sus 92 diputados y 46 senadores suma 138 legisladores, sostenidos por un presupuesto de $308.110 millones. El costo anual promedio alcanza los $2.233 millones por representante.
Muy cerca aparece Santa Fe, con 69 legisladores, un presupuesto de $142.138 millones y un costo de $2.060 millones por banca. Luego se ubican Tierra del Fuego, con $1.768 millones por legislador; Neuquén, con $1.602 millones; y Chubut, con $1.184 millones.
El ranking cambia por completo al llegar al fondo de la tabla. La legislatura más barata es la de Santiago del Estero, con un presupuesto de $5.505 millones para 40 diputados: $138 millones por banca. La sigue San Luis, con $174 millones por legislador, y después aparece Mendoza, con $242 millones.
La diferencia es difícil de disimular. Una banca tucumana cuesta casi veinte veces lo que cuesta una santiagueña. La comparación no determina por sí sola la calidad del trabajo legislativo, pero muestra que debajo de la misma etiqueta institucional funcionan estructuras completamente distintas.
Corrientes, la fábrica de empleados
El presupuesto es sólo una parte de la historia. El otro indicador es la cantidad de personal que arrastra cada legislatura. Allí el premio mayor corresponde a Corrientes, que declaró 3.245 trabajadores para atender una cámara de 45 legisladores. Son 72 empleados por banca.
Detrás aparecen Chaco, con 70 empleados por legislador, y Catamarca, con 54. El promedio de las jurisdicciones donde pudo obtenerse información fue de 26 trabajadores por cada representante provincial. En el otro extremo se ubicaron San Luis, con dos; Córdoba, con ocho; y Entre Ríos, con nueve. El problema es que no todas las cámaras publican su dotación completa, por lo que el ranking laboral tiene casilleros que permanecen cuidadosamente a oscuras.
La mayor parte del dinero se utiliza precisamente para sostener esas estructuras. En las provincias que difundieron información desagregada, el gasto en personal representó, en promedio, el 86% del presupuesto legislativo. Santa Cruz llegó al 97,2%, Río Negro al 95,1% y Corrientes al 93,2%.
Tucumán también lidera cuando el presupuesto legislativo se compara con el gasto total de la provincia. La cámara absorbe alrededor del 3,9% de todo el presupuesto provincial. Un informe de la Legislatura de Córdoba coloca, en el extremo opuesto, a esa provincia: su Poder Legislativo representa apenas el 0,4% del gasto total.
El trabajo cordobés sostiene además que en 2024 la Legislatura ejecutó $28.769 millones y destinó el 90% al personal. En términos reales, ese gasto fue 20% menor al de 2018 y casi la mitad del registrado en los últimos años del sistema bicameral cordobés.
La comparación tiene límites. Los datos corresponden a presupuestos aprobados y no necesariamente al gasto finalmente ejecutado. Tampoco todas las provincias clasifican de la misma manera a los contratados, asesores y empleados de cada cámara. En algunos casos las plantas aparecen detalladas; en otros, la información se pierde en una telaraña de anexos, partidas generales y portales sin actualizar.
Pero incluso con esas precauciones, el dibujo es claro. Las legislaturas provinciales cuestan, en conjunto, más de $1,4 billones. Algunas funcionan con menos de diez empleados por banca y otras necesitan más de setenta. La austeridad, como tantas otras leyes, parece regir de manera distinta según el lado de la frontera provincia
