El Tribunal de Cuentas le dio 15 días al jefe comunal y a su tesorera para restituir los fondos tras detectar graves irregularidades en los egresos. Si no pagan, la Provincia avanzará con el embargo de sus sueldos y bienes personales.
El Tribunal de Cuentas de Chubut puso en aprietos a una pequeña localidad del interior provincial, por un “descontrol financiero” registrado durante 2024, en el que se exige a su intendente que devuelva casi 167 millones de pesos por egresos de fondos que no cuentan con respaldo documental.
El informe expone el jefe comunal de Las Plumas, Gilberto Sergio Ariel Bowman, y a la tesorera Natalia Emilse Huinchillan. El intendente, en junio de 2024, fue candidato por Arriba Chubut y comunicó que se iba a integral al partido provincial de Ignacio “Nacho” Torres.
La Comuna Rural de Las Plumas se encuentra en el centro de la provincia y a 185 kilómetros de Trelew. Cuenta con tan solo 750 habitantes y la mayoría de ellos son empleados del estado provincial y municipal por la falta de empleo privado.
Bajo este panorama, el Tribunal de Cuentas de la Provincia avanzó con la máximas sanción patrimonial posible contra sus responsables directos.
Los auditores provinciales aprobaron una parte de la ejecución presupuestaria pero exigieron que se formule un cargo solidario por un total de $166.021.355 contra el presidente de la comuna Bowman.
El organismo fue contundente en su determinación producto de que la cifra es realmente elevada por el acotado presupuesto que posee una localidad en la meseta chubutense. En ese marco, se observa el volumen y la gravedad de las irregularidades durante las inspecciones contables.
“No existe un monto general público y detallado, pero es un monto menor comparado con otras localidades”, reveló una fuente consultada por Río Negro, que no pudo aclarar cuál es el presupuesto con el que cuenta Las Plumas.
El Tribunal de Cuentas local registró egresos de fondos sin documentación que la respalde por más de $77 millones. Luego, se sumaron otras inconsistencias en los egresos por otros $21 millones. El ente de control aplicó intereses punitorios a ese capital injustificado por más de $66 millones por la mora administrativa y la falta de respuestas en tiempo y forma.
Con el fin de que el caso no quedara impune y que se pierdan los recursos del Estado, se resolvió intimar a las autoridades. Ambos funcionarios tienen un plazo de 15 días para ingresar esos fondos millonarios a la Tesorería General de la Provincia.
El Tribunal de Cuentas dejó acorralada a la conducción municipal tras la publicación de un dictamen en el Boletín Oficial que activa el cobro judicial de casi 167 millones de pesos. De no prosperar un recurso de revisión extraordinario o no saldarse la suma exigida, la provincia quedará habilitada para trabar embargos sobre las cuentas sueldo y avanzar contra el patrimonio personal de los involucrados hasta cubrir el monto total.
El impacto de la medida sacudió la rutina de esta comuna rural en la meseta chubutense, donde la proximidad entre vecinos vuelve la noticia aún más sensible. Mientras la incertidumbre crece en el pueblo, los pormenores detrás de las erogaciones no fundamentadas se mantienen bajo un hermético silencio, ya que desde el propio organismo fiscalizador optaron por no precisar qué inconsistencias motivaron el reclamo.
