El dueño de Calegroup quedó bajó la lupa por Alegramed, la app contratada por el Parque de Salud que administra el gobierno de la provincia.
Augusto Marini tiene algo más fino que olfato empresario: tiene GPS para los mercados regulados. Mientras la tribuna libertaria grita contra el Estado, él parece caminar por sus pasillos con una carpeta bajo el brazo. No rompe la puerta. Toca el timbre. Pregunta por el pliego. Y, si puede, se queda con la llave.
Marini preside CaleGroup, un holding que se presenta con presencia en infraestructura, energía, salud, transporte ferroviario, agroindustria, textil, servicios y medios de comunicación. La lista parece armada por alguien que entendió el manual completo del capitalismo argentino. No alcanza con vender. Hay que saber dónde se firman los contratos, quién habilita la cancha y qué organismo cuida la línea de cal.
Su caso más vistoso está en los medios. Marini aparece detrás de Blender y Carajo, dos señales de streaming que hablan idiomas políticos opuestos. Una mira al progresismo digital. La otra se volvió tribuna libertaria, con Daniel “Gordo Dan” Parisini como figura central. Dos veredas, una caja. La grieta como unidad de negocios. Una máquina con dos parlantes: por uno suena la épica anti casta; por el otro, la rosca de siempre.
El movimiento más reciente fue sobre el Canal de la Ciudad. A través de Cale Group Media S.A., Marini presentó una oferta de 50 millones de pesos mensuales para operar la señal porteña. La cifra quedó muy por encima del piso y también de la propuesta de Argentinos Media, que habría ofrecido 15 millones. El contrato en juego es por cinco años. El Estado conserva la titularidad de la licencia, pero el privado se hace cargo de la operación técnica, comercial, el mantenimiento, la publicidad y el canon. No es exactamente asaltar el Palacio de Invierno. Es alquilarle el living.
El proceso, además, viene con ruido. ENACOM advirtió que la concesión podría chocar con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, por la indelegabilidad de licencias de radio y televisión. Legisladores opositores, sindicatos y trabajadores de medios públicos porteños también cuestionaron que el Canal de la Ciudad, la AM 1110 y la FM 92.7 puedan concesionarse sin una ley específica. El macrismo porteño defiende el esquema con el viejo perfume de la eficiencia. Otra vez, el Estado se declara pesado justo antes de entregar una parte de sí mismo.
Pero la historia más sensible está en Misiones. Allí aparece Alegramed, la aplicación de telemedicina vinculada a CaleGroup, contratada por la Fundación Parque de la Salud para la atención y seguimiento de pacientes. La plataforma se usa para consultas, turnos, historia clínica, seguimiento de enfermedades y campañas sanitarias. También para la vacunación contra el dengue. El botón digital de la salud pública provincial tiene nombre privado.
Según datos difundidos por medios misioneros, Alegramed tenía más de 350 mil usuarios registrados desde su lanzamiento en septiembre de 2020. De ese universo, entre 60 mil y 100 mil eran usuarios activos por mes, según explicó Silvina Martínez, coordinadora operativa y de desarrollo de la aplicación. En 2026, Canal 12 de Misiones elevó aún más la foto del uso: habló de entre 350 mil y 400 mil usuarios activos mensuales. La app pasó de herramienta sanitaria a ventanilla obligada para una parte enorme del sistema.
Martínez explicó que Alegramed no sirve solo para una videollamada. Primero interviene un teleoperador. Luego se realiza un teletriage. Desde ahí se define si el paciente puede resolver la consulta de manera virtual o si debe ir a un hospital. La aplicación también permite autogestionar turnos presenciales, vincular familiares menores de edad, consultar historia clínica y ordenar campañas de vacunación. En criollo: no es una app simpática en el celular. Es una capa de administración del sistema público de salud.
El problema, como suele pasar, no está solo en la tecnología. Está en la caja. Infober y Radio Up publicaron que, según investigaciones periodísticas, la empresa a cargo de Alegramed estaría cobrando 9 dólares por usuario. Con 350 mil usuarios, el cálculo trepa a 3.150.000 dólares. En pesos, la estimación publicada en ese momento fue de 4.032 millones. El dato llega con condicional, porque el contrato no está a la vista. Pero justamente ahí está el asunto: cuando el número es grande y el expediente es borroso, la política empieza a hacer ruido.
La misma publicación marcó otro punto delicado. El financiamiento de la app corre por cuenta del Parque de la Salud, una estructura administrada por la Fundación Parque de la Salud. Ese formato, según la reconstrucción periodística local, deja la facturación fuera de los controles habituales que rigen para organismos estatales como el Ministerio de Salud Pública. La Fundación no encaja del todo en las categorías clásicas de empresa privada, empresa pública o sociedad del Estado. Un traje a medida siempre queda elegante. También puede esconder bolsillos.
Cuando le preguntaron por el origen del financiamiento, Martínez respondió que el Parque de la Salud provee el servicio como parte de su responsabilidad en la atención de la población. Agregó que, como ocurre con todos los proyectos del Parque, son ellos quienes determinan cómo arman y hacia dónde apuntan los recursos. Traducido del idioma institucional: la app funciona, el Estado paga, pero el detalle fino duerme detrás de una puerta cerrada.
La Legislatura misionera ya tomó nota. La diputada radical Rosa Margarita Kurtz impulsó un pedido de informes sobre el contrato de Alegramed con el Estado provincial. El planteo fue aprobado por unanimidad, 38 a 0, para ser tratado en la Comisión de Salud. No fue un capricho opositor ni una rabieta de banca chica. Fue un gesto político raro en tiempos de grieta: todos levantaron la mano para pedir que alguien muestre los papeles.
El pedido exige datos concretos: monto total, origen de los fondos, forma de pago, fecha y objeto del contrato, duración, cláusulas principales, procedimiento usado para contratar, cantidad de usuarios registrados y activos discriminados por año y tipo de servicio, y mecanismos de rendición y control de los fondos ejecutados por la Fundación Parque de la Salud. Kurtz lo resumió con una frase dura: se pagan millones por mes, pero el problema de los turnos sigue sin resolverse. La app promete ordenar la fila. La política pregunta cuánto cuesta el molinete.
El mapa se completa con los trenes. Marini también preside Motora Argentina, la firma que tomó las operaciones de la ex TMH en los talleres ferroviarios de Mechita. La empresa se presenta como una pieza del “renacimiento” ferroviario, con servicios de reparación, mantenimiento y ensamble de material rodante. Medios especializados señalaron que CaleGroup busca jugar fuerte en las futuras concesiones ferroviarias y que Motora se quedó con adjudicaciones vinculadas a Trenes Argentinos. Salud, medios públicos, trenes. El hilo no es ideológico. Es regulatorio.
Ahí aparece la verdadera novedad. Los nuevos empresarios libertarios no necesariamente nacen contra el Estado. Algunos nacen alrededor. Le hablan mal en público y le venden servicios en privado. Lo declaran viejo, lento, inútil. Después le ofrecen modernizarlo por módulo, por usuario, por canon o por mantenimiento. Es el truco del mago que insulta la galera mientras saca conejos de adentro.
Marini condensa una época. Streaming para alimentar identidad política. Salud digital para entrar en sistemas públicos. Televisión estatal para ganar escala mediática. Ferrocarriles para jugar en una privatización que vuelve con perfume noventoso y estética de pitch deck. Todo con palabras lindas: innovación, eficiencia, audacia, impacto positivo. La noche del negocio argentino siempre tuvo luces de neón. Ahora también tiene app.
La pregunta no es si Marini es libertario, progresista, pragmático o simplemente veloz. La pregunta es por qué tantos negocios que se presentan como hijos de la disrupción necesitan, al final del camino, una firma pública. Tal vez la libertad avance. Pero a veces avanza por expediente, por fundación, por licitación o por contrato. No viene a cerrar el Estado. Viene a redecorarlo.
