La delegación norteamericana recorrió Ezeiza, Constituyentes y Bariloche el mismo día en que la Comisión Nacional de Energía Atómica habilitó pedidos de acceso a activos estratégicos. En ATE sospechan de una avanzada sobre yacimientos de uranio.
La visita pasó casi en silencio. Sin anuncios grandilocuentes ni conferencias. Pero el movimiento fue demasiado sensible como para quedar reducido a una agenda técnica. Una delegación estadounidense llegó esta semana a la Argentina para inspeccionar los principales centros atómicos del país. Recorrieron Ezeiza, Constituyentes y Bariloche. Exactamente el mismo día, la Comisión Nacional de Energía Atómica abrió un expediente para que empresas privadas, nacionales y extranjeras, puedan solicitar acceso a activos estratégicos del organismo.
La sincronía llamó la atención incluso dentro del sector nuclear. Los centros visitados no son edificios administrativos ni instalaciones secundarias. Son el corazón tecnológico de la estructura nuclear argentina. En Ezeiza funciona parte central del ciclo de combustible y áreas críticas de investigación. En Constituyentes operan laboratorios históricos de la CNEA. Y en Bariloche se concentra buena parte del ecosistema científico ligado al desarrollo nuclear y satelital argentino.
La llegada de la misión estadounidense ocurre además en un contexto geopolítico delicado. Estados Unidos viene monitoreando de cerca los sectores considerados estratégicos en América Latina, especialmente aquellos vinculados a energía, minerales críticos y desarrollo tecnológico. El área nuclear argentina entra de lleno en ese radar.
Por eso dentro de la CNEA generó ruido que la apertura a privados coincidiera exactamente con la visita extranjera. El expediente habilitado por el organismo permite que empresas presenten manifestaciones de interés sobre distintos activos estratégicos. Traducido del lenguaje burocrático: el Gobierno abrió formalmente una instancia para explorar el ingreso privado sobre áreas sensibles de la estructura nuclear estatal.
Desde la junta interna de ATE-CNEA sostienen que detrás de la maniobra aparecen cuatro objetivos concretos: los yacimientos de uranio Sierra Pintada, Cerro Solo, Don Otto y Laguna Colorada. Son reservas históricas que forman parte del esquema de abastecimiento del sector nuclear argentino y que hoy recuperaron valor internacional por el relanzamiento global de la energía nuclear.
En el gremio interpretan que la visita estadounidense y el expediente administrativo forman parte de una misma secuencia política. No hablan sólo de inversiones. Hablan de control estratégico sobre recursos considerados críticos. Mucho más en un contexto donde el uranio volvió a cotizar fuerte por la creciente demanda energética global.
La sospecha no surge únicamente de la coincidencia temporal. El gobierno de Javier Milei viene acelerando una política de apertura sobre áreas históricamente reservadas al Estado. Ya ocurrió en energía, infraestructura y transporte. El sector nuclear aparece ahora como otro capítulo de esa lógica de desregulación y transferencia hacia privados.
La sensibilidad del tema excede además lo económico. La Argentina forma parte del grupo reducido de países con capacidades nucleares integradas. Tiene desarrollo tecnológico propio, producción de reactores de investigación y conocimiento acumulado durante décadas. No es un activo menor en un mundo donde las grandes potencias volvieron a disputar minerales, energía y tecnología.
En Bariloche, por ejemplo, opera parte de la estructura científica que permitió el crecimiento de INVAP y el desarrollo de exportaciones de tecnología nuclear. En Ezeiza se concentra infraestructura clave del ciclo nuclear. Y en Constituyentes funcionan laboratorios centrales para investigación aplicada. Son piezas sensibles de un entramado construido durante más de setenta años.
El argumento oficial sostiene que la apertura busca atraer inversiones y dinamizar proyectos frenados por falta de financiamiento estatal. Pero en el sector hay quienes leen otra cosa. Ven una avanzada gradual sobre activos estratégicos aprovechando el contexto de ajuste y crisis presupuestaria. Una privatización por partes, sin necesidad de anunciarla como tal.
