La causa penal que se sigue en Rosario contra el juez federal Gastón Salmain vuelve a quedar bajo una sombra de sospecha. Esta vez, por la aparición de un oficio dirigido a la Prefectura Naval Argentina que, lejos de disipar dudas, parece agravar las preguntas sobre el modo en que se habría conducido la investigación fiscal.
Según la documentación conocida en las últimas horas, la fiscalía federal de Rosario habría pedido a Prefectura que informara los ingresos de personas al edificio donde funcionan los juzgados federales N° 1 y 2 de Rosario, en una medida destinada a verificar una afirmación decisiva de un imputado colaborador, quien dijo haber concurrido en dos oportunidades al despacho de Salmain.
Lo verdaderamente grave no sería solo la existencia de esa medida, sino lo que vino después. Ni el oficio ni su respuesta habrían sido incorporados oportunamente al expediente principal, pese a tratarse de una constancia con aptitud para confirmar o desmentir uno de los pilares de la hipótesis acusatoria. En otras palabras, el juez habría sido indagado y luego procesado sin que esa evidencia quedara formalmente agregada a la causa, aun cuando podía resultar decisiva para evaluar la credibilidad del relato del “arrepentido”.
Pero el punto más delicado aparece al revisar lo que el propio fiscal Federico Reynares Solari sostuvo después ante la justicia. En una presentación incorporada al incidente de recusación, el representante del Ministerio Público afirmó que se trataba de un oficio “que se encontraba en otra causa” y agregó que la respuesta de Prefectura “se obtuvo en el marco de una investigación penal llevada adelante sin comunicación a los investigados” . Sin embargo, la copia del oficio que salió a la luz consignaría expresamente que el requerimiento fue librado “en el marco de los casos Caso Coirón 76194/2024 y 190724/2025”, lo que pondría en crisis esa explicación y abriría un interrogante frontal: si el oficio fue emitido en el marco de la causa, ¿por qué se dijo después que pertenecía a otra investigación?
La secuencia, de confirmarse, resulta demoledora. Primero se ordena una medida de prueba sobre un punto central de la acusación. Después, la constancia no aparece en el expediente. Más tarde, cuando se exige su incorporación, se ensaya una explicación que ahora quedaría desmentida por el propio texto del oficio. No se trata ya de una simple desprolijidad procesal ni de una diferencia de criterio entre acusación y defensa. Lo que asoma es la sospecha de un manejo selectivo de la prueba, con potencial capacidad para torcer el sentido de una investigación penal de enorme gravedad institucional.
El caso Salmain arrastra desde hace meses denuncias por supuestas irregularidades, ocultamiento de elementos probatorios y maniobras orientadas a consolidar una acusación sin exhibir todas las cartas sobre la mesa. La aparición de este oficio no cierra ninguna discusión: por el contrario, abre una mucho más seria. Porque si una prueba se produce, se oculta y luego se ofrece una versión incompatible con el propio documento, lo que queda comprometido no es solo un expediente, sino la credibilidad misma de quienes lo impulsan.
