La Casa Militar llevó a la Justicia a cronistas de TN por un informe con cámara oculta.
La historia arranca en televisión y termina en Comodoro Py. El Gobierno presentó una denuncia penal contra periodistas y productores de TN por un informe grabado dentro de la Casa Rosada. Lo que en pantalla es apenas una recorrida, el expediente lo convierte en algo grave: una supuesta intrusión ilegal con riesgo para la seguridad presidencial.
El escrito lo firma el jefe de la Casa Militar, Sebastián Ignacio Ibáñez. Apunta contra Luciana Geuna, Ignacio Salerno y el equipo del programa “¿Y mañana qué?” emitido el 19 de abril. La acusación es concreta: haber ingresado y filmado en espacios no autorizados, utilizando presuntamente “lentes inteligentes” para registrar la actividad interna del Gobierno sin consentimiento .
El informe cuestionado mostraba pasillos, despachos y movimientos de funcionarios. En la denuncia se citan fragmentos puntuales: la identificación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el flujo de dirigentes en el despacho de Lule Menem. Para el Gobierno, ese material no es una crónica sino un relevamiento encubierto de la dinámica del poder. La diferencia no es menor: cambia el encuadre de periodismo a posible delito.
El punto de quiebre es cómo se obtuvo ese contenido. Según el propio escrito, los periodistas reconocieron en el programa que las imágenes fueron tomadas sin autorización y que “tomaron riesgos” para hacerlo. Esa frase aparece subrayada en la denuncia y funciona como pieza central para sostener que hubo conciencia de irregularidad.
A partir de ahí, el Gobierno eleva la apuesta. Sostiene que la difusión del video compromete la seguridad nacional. Argumenta que las imágenes permiten reconstruir accesos, circuitos de circulación, rutinas y hasta patrones de seguridad dentro de la Casa Rosada.
El contexto suma dramatismo. El escrito menciona la tensión internacional, con Argentina alineada con Estados Unidos e Israel frente a Irán, y remarca que el episodio ocurrió mientras el Presidente estaba en Israel. La conclusión es directa: cualquier filtración de este tipo, en ese escenario, puede ser explotada por actores hostiles.
Con ese argumento, la denuncia encuadra los hechos en los artículos 222 y 223 del Código Penal, vinculados a la revelación de secretos de Estado. Las penas pueden llegar hasta seis años de prisión. No es una advertencia administrativa: es una judicialización con consecuencias potenciales serias.
Pero en paralelo corre otra discusión. La Casa Rosada recuerda que hay reglas estrictas para los periodistas acreditados: circulación limitada a áreas comunes y prohibición de grabar en zonas no habilitadas. El documento incluso señala que Ignacio Salerno fue suspendido preventivamente por incumplir esas normas . Es decir, el conflicto también baja al terreno del control del acceso.
El expediente pide medidas concretas: que TN entregue todo el material, incluidos descartes y metadatos; que se cite al personal de seguridad; y que se realice una pericia técnica para determinar cómo se grabaron las imágenes. También solicita preservar la evidencia digital para evitar que se alteren los archivos. La investigación busca reconstruir el recorrido completo del material.
Hasta ahí, los hechos. La lectura política es otra cosa. En los pasillos oficiales se insiste en que se trató de una “conducta temeraria” que excede el periodismo. Pero en el ambiente periodístico la interpretación es más áspera: que el Gobierno decidió correr el límite y llevar a la Justicia una práctica incómoda pero habitual, con un mensaje implícito hacia el resto de la prensa.
