Lo acusó de enriquecimiento ilícito, omisión maliciosa de datos en su declaración jurada patrimonial, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y cohecho pasivo.
La diputada del monobloque Coherencia Marcela Pagano denunció a su par y ex compañero de La Libertad Avanza Santiago Santurio por enriquecimiento ilícito, entre otros delitos, debido a que sus datos financieros disponibles no pueden explicar cómo consiguió la aprobación de un crédito hipotecario que sacó en el Banco Nación en julio de 2025 con el fin de construir “una casa con quincho en un barrio cerrado de General San Martín”.
El legislador libertario fue acusado de omisión maliciosa de datos en su declaración jurada patrimonial, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y cohecho pasivo.
A raíz de un estudio que realizó comparando las declaraciones juradas que presentó Santurio y sus datos en la Central de Deudores del Banco Central y ARCA, Pagano basó su demanda en “omisiones, inconsistencias e incongruencias patrimoniales”.
La denuncia señala que antes de asumir como diputado en diciembre de 2023, Santurio se desempeñaba como profesor de escuela y complementaba sus ingresos trabajando como chofer de la aplicación Uber, viviendo en barrios de clase media trabajadora sin propiedades a su nombre.
A su vez, agrega que en menos de dos años de mandato, pasó a ser propietario de un inmueble en un barrio cerrado/urbanización privada en el Partido de General San Martín (Buenos Aires), valuado en aproximadamente 300 mil dólares.
En julio de 2025, el patrimonio de Santurio en la Central de Deudores del BCRA dio un salto del 4.300% en un mes, reflejando la toma de un crédito hipotecario UVA por 239 mil dólares.
Entonces, la cuota inicial no podía superar el 25% de los ingresos familiares. Según el cálculo financiero, la cuota inicial fue de $1,5 millones y para marzo de 2026 trepó a $2,17 millones por el ajuste UVA.
De esa forma, con una dieta neta de diputado estimada en $4,5 millones, Santurio destina el 48,2% de su sueldo de bolsillo a pagar el crédito. Esto duplica el límite permitido por el propio Banco Nación, por lo que la denuncia sostiene que el préstamo “nunca debió haber sido aprobado”.
Otro de los puntos que destaca la denuncia radica en que la Oficina Anticorrupción posee solo tres declaraciones juradas de Santurio, del 2023 y 2024, las cuales fueron presentadas entre ocho (8) y veinte (20) meses respecto del plazo legal, y todas ellas en un lapso comprimido —entre octubre de 2025 y abril de 2026—”.
Por otro lado, dijo que la esposa del diputado, María Celina Aguila, no cuenta con una actividad económica registrada en ARCA, aunque promociona su trabajo artístico en redes sociales, con exportaciones de obras incluidas, y fue parte de la compra de un vehículo en 2024,según declaró Santurio. Esto generó sospechas de que su actividad económica no está declarada.
Por otro lado, el legislador excluyó de sus DDJJ el “Condominio Santurio Rodríguez Santiago Javier y otros”, que fue creado hace 14 años.
Al concluir su dencuna, Pagano solicitó que la misma se acople a las causas que ya tramitan en los Juzgados Federales N° 4 (Ariel Lijo) y N° 5 (María Eugenia Capuchetti), donde se investiga una presunta red de otorgamientos preferenciales de créditos hipotecarios UVA a funcionarios, asesores y legisladores del oficialismo.
Hace tres semanas, una quincena de diputados libertarios, entre los que se encontraba Santurio, habían denunciado a Pagano por “omisión maliciosa de datos en la declaración jurada patrimonial, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función pública, y enriquecimiento ilícito de funcionario público”.
