Se trata de una controversia respecto a la declaración patrimonial del ministro de salud. Suspicacias por el reflejo de la interna libertaria.
Un nuevo frente se le abrió al Gobierno en medio del desgaste político que rodea a Manuel Adorni. Esta vez, por una contradicción en torno al ministro de Salud, Mario Lugones, y su vínculo con una empresa privada.
El diputado Nicolás del Caño fue directo: la versión oficial del Jefe del Gabinete sobre el patrimonio del Ministro y los documentos que presentó Lugones no coinciden.
Según la respuesta escrita del Gobierno —identificada como la número 207—, Lugones habría cedido sus acciones en la empresa FONOSALUD en 2022. Se trata de una firma dedicada al asesoramiento en salud, un rubro especialmente sensible para quien hoy ocupa la cartera sanitaria.
Pero el problema aparece en otro documento. En su Declaración Jurada Patrimonial de 2024, el propio Lugones consignó que todavía era titular del 50% de esas acciones.
La contradicción es evidente. O la información oficial es incorrecta, o la declaración jurada del ministro no refleja su situación real.
El planteo no es menor. La incompatibilidad entre función pública e intereses privados es uno de los puntos más observados en la gestión. El episodio además golpea en un momento delicado para Adorni.
Ahora, la controversia suma una capa más. No se trata solo de una discusión política, sino de la consistencia de la información que el propio Gobierno presenta por escrito.
En ese contexto, la frase que quedó flotando sintetiza el problema: si los datos no coinciden, alguien está faltando a la verdad.
Y la pregunta ya no es técnica. Es política.
