El Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal acumula 38.000 millones de pesos sin destino claro. Es un recargo en la factura que pagan todos los usuarios.
El Gobierno disolvió el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal, pero la historia está lejos de haber terminado. Y lo más incómodo es que la confesión llegó en boca de Manuel Adorni, en su paso por el Congreso, en medio del escándalo que lo tiene en el centro de las críticas.
Ahí, ante los diputados, quedó expuesto un dato que el relato oficial venía esquivando: el fondo sigue sin liquidarse. La respuesta es técnica, pero el fondo del asunto es político. El FFTEF está en un “proceso post disolutorio”. Traducido: lo cerraron por decreto, pero en los hechos sigue abierto.
El dato más caliente es otro. Mientras el fondo no se termina de cerrar, el recargo que lo financiaba se sigue cobrando todos los meses en la tarifa eléctrica. Es plata que sale del bolsillo de los usuarios.
Desde abril de 2025 hasta marzo de 2026, ese cargo acumuló más de 38.600 millones de pesos. Nadie dejó de pagarlo. Nadie explicó para qué se usa.
La plata no desapareció, pero tampoco está claro su destino. Fue redireccionada al Fondo Nacional de la Energía Eléctrica, dentro del presupuesto. Cambió la caja, pero no el mecanismo: se sigue cobrando igual.
El problema es que el objetivo original se desdibujó. El propio Gobierno reconoció que no hay nuevas obras comprometidas bajo ese esquema. Es decir, se sigue recaudando como si hubiera un plan de expansión, pero la infraestructura está frenada.
Los contratos vigentes tampoco se cancelaron. Fueron trasladados a la Secretaría de Energía, que quedó como responsable de ejecutarlos. Una transición administrativa que, en los hechos, funciona sin un esquema claro de financiamiento específico.
El cuadro es difícil de explicar. Un fondo que ya no existe, pero tampoco se cerró. Un cargo que se sigue cobrando, pero sin un destino transparente. Y obras que no avanzan.
En el Congreso, mientras Adorni intentaba ordenar respuestas en medio de su propio frente abierto, quedó flotando una pregunta que nadie terminó de contestar: quién administra esa caja y con qué criterio.
Porque, al final del día, es plata que se le cobra a todos los usuarios. Y que hoy circula en un limbo donde el Estado recauda, pero no rinde ninguna cuenta con claridad.
