domingo, 15 noviembre 2026

El acuerdo bajo siete llaves entre Milei y Lewis por la compra fraudulenta de Lago Escondido

Se firmó a principios de este año en medio de la feria judicial y antes de la designación de Juan Bautista y Carlos Mahiques, quienes habían viajado en 2022 allí con gastos pagos por el Grupo Clarín.

El Gobierno cerró un acuerdo con el empresario Joe Lewis y los apoderados de la sociedad Hidden Lake SA, para finalizar una acción de lesividad iniciada por el Ministerio del Interior en 2024 por la compra fraudulenta de las 12 mil hectáreas en zona de seguridad de frontera donde está la mansión que hospedó a “Los huemules del laware”, el grupo de jueces, fiscales y funcionarios  que viajaron en octubre de 2022 con los gastos pagos por parte del Grupo Clarín.

El acuerdo se dio dos meses antes de que Milei designara a Juan Bautista Mahiques al frente del Ministerio de Justicia y de que enviase al Senado el pliego de Carlos Mahiques para que siga en funciones en la Cámara de Casación Penal. Los dos fueron parte del viaje a Lago Escondido.

En septiembre de 2021, Carlos firmó el sobreseimiento por prescripción de unaacción penal contra Lewis y los funcionarios de la provincia de Río Negro que habían participado de la compra-venta fraudulenta de la estancia en la Patagonia. 

La causa por acción de lesividad era tramitada en el juzgado contencioso administrativo federal número 4, al mando de la jueza Rita María Teresa Ailín.

Si bien hasta diciembre de 2025 el expediente tenía movimientos y respuestas de las partes y se veía en el sistema del Poder Judicial, de un momento a otro dejó de estarlo. El Gobierno de Javier Milei siempre buscó que ese acuerdo con Lewis se ocultara. 

El entendimiento se dio en medio de la feria judicial. El 28 de enero dieron lugar a una sentencia en la cual se resolvió homologar el convenio conciliatorio entre Lewis-Hidden Lake y el Estado nacional.

Los decretos 411/80 y 1265/87 señalan que la conciliación en una acción de lesividad requiere una autorización política, la cual estuvo en mano del ministro del Interior, Diego Santilli. El convenio fue presentado el 15 de enero para ponerle “fin al litigio”. El juez de contencioso administrativo que estaba de feria fue Walter Lara Correa.

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