Un pacto de la Provincia con las multinacionales BHP y Lundin fija un pago por “daño ambiental” que exime a la empresa de multas, obras de remediación y demandas judiciales durante más de 70 años.
Ambientalistas rechazaron el proyecto Vicuña en San Juan, que contempla un desembolso inicial de u$s9.700 millones de dólares y una inversión final de u$s18 mil millones y la creación de 5.500 empleos directos. Sostienen que podría generar daños ambientales irreparables por la intervención de un glaciar, mientras que la Provincia eximirá de multas por ello a la minera respaldada por el RIGI.
El proyecto es controlado por la australiana BHP y la canadiense Lundin Mining. Mediante los beneficios del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones, cuenta con dos yacimientos de cobre, oro y plata: José María y Filo del Sol.
Los dos se encuentran en la Cordillera de San Juan, al límite con Chile y están asentados sobre glaciares de escombros y el Glaciar GE110. Este estaba inventariado y protegido por la antigua normativa, antes de que la reforma de la Ley de Glaciares limitara el resguardo de este tipo de reservas de aguas dulces.
Asamblea por el Agua de Mendoza y San Juan y la Asociación Argentina de Abogados Ambientales expresaron su descontento con el proyecto y denunciaron que los ejecutivos de Vicuña Corp fueron parte del selecto grupo promovió los cambios de la Ley que protegía a más de 16.000 glaciares inventariados por una versión más liviana que exluía de esa protección a muchos de ellos.
En ese marco, el informe de impacto socioambiental del Observatorio del RIGI, conformado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), denunicó los efectos socioambientales del proyecto.
En el mismo indicaron que el Glaciar GE110 y su zona periglaciar ya fue intervenida durante tareas exploratorias y caminos viales asociados a los yacimientos Josemaría y Filo del Sol.
“En materia energética, su demanda podría alcanzar los 700 MW —más que el consumo de toda la población de San Juan— y su abastecimiento ya abrió una disputa con otras empresas mineras por el acceso a una infraestructura eléctrica insuficiente”, dijo Ariel Slipak, de FARN.
El impacto en los acuíferos y cuencas locales como la del río Jáchal preocupa a los ambientalistas, puesto que el consumo masivo de agua propio de la minería de cobre a gran escala genera consecuencias negativas en el ecosistema.
Tras la modificación de la Ley de Glaciares, directivos de la corporación Vicuña y el gobernador Marcelo Orrego firmaron el 5 de agosto pasado un acta de compromiso -ratificada por ley dos semanas más tarde en la Legislatura sanjuanina- en la que se establece una serie de cláusulas que condicionan cualquier reclamo económico o por daños ambientales tanto del Estado provincial como nacional por los próximos 71 años.
Se dejó en claro en un fragmento de las 57 páginas que posee, que la minera hará un desembolso de 250 millones de dólares por “daños e impacto ambiental”. Sin embargo, el economista y consultor sanjuanino Hugo Berozzi reveló que lo que se presentó como una inversión inicial en realidad es un pago adelantado y por todo concepto en caso de daño ambiental.
“En definitiva, gran parte de esta suma deberá destinarse a la reconstrucción de la ruta 40 entre San Juan y Jáchal, necesaria para la logística de la mina, que tiene un costo estimado de 144 millones de dólares”, sumó Berozzi, en diálogo con iProfesional.
“Con la aceptación de esta suma, la provincia renuncia a imponer cualquier impuesto, contribución, multa o exigencia de reparación ambiental durante toda la vida útil de la mina”, remarcó.
El acuerdo que firmaron Vicuña y San Juan elimina la obligación de hacer obras de reparación ambiental. La empresa está eximida de construir infraestructura hídrica para recuperar el agua consumida por el proyecto minero en favor de las 34 mil personas que viven en Jáchal e Iglesia.
Por otro lado, también se elimina la obligación de realizar dos proyectos de innovación en energías renovables, dos proyectos productivos/industriales, dos de preservación ambiental y la implantación de 10.000 árboles nativos como compensación de la huella de carbono emitida durante la operación de la mina.
A Vicuña, a su vez, no se le exige que contrate empresas y mano de obra local. La compañía tiene la posibilidad de mostrar que los proveedores locales no tienen los requisitos necesarios ni cuentan con un precio adecuado.
Más allá de lo beneficioso que resulta en materia económica el desarrollo de este megaproyecto, lo llamativo del acuerdo es que la provincia renuncia a juzgar disputas en tribunales locales o nacionales por temas vinculados al ambiente, tributarios o de fiscalización. “Toda diferencia será resuelta de manera inapelable por un tribunal arbitral de la Cámara de Comercio Internacional”, reza el acta acuerdo.
Vicuña Corp fue denunciada por contaminación y vilolación de los Derechos Humanos. A BHP la declararon responsable por un tribunal inglés por su participación en el desastre de la represa Funda Fundão en Mariana, Brasil, uno de los mayores desastres ambientales vinculados a la minería.
En el mismo sentido, Lundin Mining tiene por delante un proceso judicial en Suecia. Los ejecutivos del holding fueron acusados de complicidad en crímenes de guerra por operaciones petroleras en Sudán del Sur, entre 1997 y 2003.
