El Municipio asegura que el acuerdo está “súper regulado” pero los medios locales cuestionan su alcance y las posibles sanciones disciplinarias para los más de 7.800 empleados.
Un nuevo capítulo sacude a la interna peronista en Morón entre Martín Sabbatella y Lucas Ghi. En las últimas horas, se filtró un acuerdo de confidencialidad que el Municipio entregó e hizo firmar a sus trabajadores en el cual se establece obligaciones de reserva y no divulgación sobre información interna, además de prever posibles consecuencias disciplinarias ante incumplimientos.
Distintos medios de comunicación locales hicieron circular esta noticia con un tinte polémico, debido a que abrían supuestos interrogantes sobre su alcance, la forma en la que sería aplicada la normativa y los mecanismos para determinar eventuales faltas entre los 7.839 municipales.
Desde el oficialismo, le indicaron a Mosca que no hay ninguna polémica con este acuerdo, sino que, por el contrario, está “súper regulado” y que no se usa solo en Morón, sino que también se firma en otros Municipios. “Es una operación de Sabbatella, no tiene fundamento porque se busca proteger los datos de extrema sensibilidad de los vecinos” , lanzaron.
“Los sacamos del gobierno por este tipo de jugadas sucias. Nosotros no nos manejamos así, queremos salir a la calle tranquilos hoy y el día de mañana”, indicaron.
“Si alguien quiere saber alguna información puntual, se lo damos, siempre y cuando no se expongan datos sensibles de algún vecino. Es difícil que pueda ocurrir, pero no hay ningún problema”, agregaron.
El documento que se dio a conocer en las últimas horas fue titulado “Acuerdo de Confidencialidad, Protección de Datos Personales y No Divulgación” y busca reforzar las obligaciones de reserva sobre la información a la que acceden por sus funciones.
Dicho acuerdo tiene fecha para septiembre de 2026 y está bajo la órbita del secretario de Economía y Finanzas, Guido Adrián Napolitano. Una de sus cláusulas define como confidencial a aquella información no pública, reservada o protegida legalmente, además de datos personas y sensibles, como así también aquella documentación cuyo acceso corresponda exclusivamente al agente por las funciones que desempeña.
En el área de Recursos Humanos y Sueldos, la protección de la documentación es muy rigurosa. Es que en ese sector se manejan datos personales, información sobre salud y afiliación sindical, licencias, carpetas médicas, sanciones, concursos, altas, bajas, traslados, remuneraciones, retenciones, embargos, cuentas bancarias, declaraciones juradas, juntas médicas, auditorías y negociaciones colectivas o gremiales.
Ciertos registros de Salud y Desarrollo Social también son resguardados por sus claves de acceso a sistemas informáticos, bases de datos y otra documentación física o digital que no sea de acceso público irrestricto.
En el marco de las sanciones, uno de los puntos centrales figura en la séptima cláusula, en la que se establece que una violación de las obligaciones asumidas “podrá constituir falta disciplinaria”. De ese modo, se aclara que la existencia y gravedad de dicha falta y una eventual sanción se determinarán a través del régimen de empleo público municipal, la Ley Provincial 14.656, el convenio colectivo vigente y otras normas aplicables.
Así, el acuerdo deja abierto el abanico de sanciones, con consecuencias disciplinarias, civiles, administrativas e incluso penales, según corresponda.
Los destinos medios locales que dieron a conocer la noticia hicieron principal énfassis en cómo se comprobaría una eventual violación del acuerdo, qué elementos se usarían para determinar quién reveló la información y bajo qué procedimiento.
