En el marco de la causa cuadernos, un exdirectivo de Techint reconoció ante la Justicia que entregó cerca de un millón de dólares a Roberto Baratta, el exnúmero dos del Ministerio de Planificación del gobierno kirchnerista.
Héctor Zabaleta, exdirector de Administración de Techint, declaró este martes como testigo en el juicio oral de la causa Cuadernos. Ante una pregunta de la fiscal Fabiana León confirmó seis entregas de dinero realizadas entre junio y diciembre de 2008, que coincidían con las anotaciones del chofer Oscar Centeno. “Sí, es cierto”, respondió. Luego precisó que los paquetes contenían dinero y que cada entrega rondaba entre 600.000 y 700.000 pesos.
Zabaleta agregó un dato todavía más sensible: dijo que actuó por instrucciones de Luis Betnaza, entonces director de Relaciones Institucionales de Techint. El objetivo era que el total de los desembolsos se acercara al equivalente de un millón de dólares. “A mí me instruyó entregar esos paquetes Luis Betnaza”, declaró.
La defensa histórica de Techint fue que aquellos pagos se realizaron en medio del conflicto por la estatización de Sidor en Venezuela y tenían una finalidad “humanitaria”: conseguir la intervención del gobierno argentino ante Hugo Chávez para garantizar la seguridad y evacuación de trabajadores de la compañía. Esa explicación fue aceptada judicialmente y Zabaleta, Betnaza y Paolo Rocca terminaron sobreseídos. Por eso, el reconocimiento de las entregas de dinero no equivale jurídicamente, por sí solo, a una condena por corrupción.
Pero la declaración deja expuesto un hecho que ya no está en discusión: un alto ejecutivo de Techint entregó dinero a un funcionario nacional siguiendo instrucciones de otro alto ejecutivo del grupo. La discusión judicial estuvo puesta en la finalidad de esos pagos y no en su existencia.
Fuentes de la empresa consultadas por Mosca dijeron que no tenían nada que agregar al testimonio de Zabaleta.
El episodio abre además un interrogante respecto del régimen de contrataciones del Estado. El Decreto 1023/2001 establece que dar u ofrecer dinero o dádivas para influir sobre funcionarios vinculados con una licitación o contrato es causal para rechazar una oferta o rescindir un contrato. La norma extiende expresamente la conducta a actos realizados en interés de una empresa por sus representantes, administradores, gerentes o empleados.
Eso no significa que el testimonio de Zabaleta produzca automáticamente la exclusión de Techint de futuras licitaciones. Para que exista una inhabilitación deben darse los supuestos legales correspondientes y, en este caso, los pagos reconocidos fueron separados del esquema general de sobornos de Cuadernos y los directivos terminaron sobreseídos. La Ley 27.401, además, contempla como pena para una persona jurídica condenada la suspensión para participar en concursos o licitaciones estatales por hasta diez años.
Sin embargo, el régimen vigente permite analizar antecedentes que exceden una condena argentina. El decreto reglamentario de contrataciones dispone, por ejemplo, la inelegibilidad de personas jurídicas con condenas firmes en el extranjero por soborno transnacional y también de firmas incluidas en las listas de inhabilitados del Banco Mundial o del BID.
Y allí aparece otro antecedente relevante del grupo, esta vez en Brasil. El Tribunal de Cuentas de la Unión declaró la inidoneidad de Techint Engenharia e Construção S.A. para participar durante años de licitaciones financiadas con recursos federales brasileños por irregularidades investigadas alrededor de contrataciones de Petrobras. En uno de los expedientes, el organismo sostuvo que existieron fraudes en procesos licitatorios del complejo petroquímico de Río de Janeiro y dispuso una inhabilitación de cinco años; en otra actuación se estableció una sanción de tres años.
El historial brasileño llegó incluso a Italia. Paolo Rocca, su hermano Gianfelice y Roberto Bonatti fueron llevados a juicio en Milán por el supuesto pago de 6,6 millones de euros en sobornos vinculados con contratos de Petrobras adjudicados a Confab, filial brasileña de Tenaris. Según la acusación, entre 2009 y 2012 Petrobras negoció 22 contratos de manera directa con Confab por unos 1.418 millones de euros.
Pero el proceso italiano no terminó con una declaración de inocencia sobre el fondo de la maniobra. El Tribunal Penal de Milán resolvió en 2022 que Italia carecía de jurisdicción para juzgar los hechos porque no habían ocurrido en ese país. La decisión quedó posteriormente firme en la Corte de Casación italiana.
El dato resulta especialmente llamativo porque la defensa del grupo sostuvo durante años que no existían pruebas que vincularan a sus máximas autoridades con esos pagos. Ahora, en Buenos Aires, uno de sus antiguos hombres de confianza volvió a sentarse ante un tribunal y confirmó algo mucho más elemental: él mismo llevaba los paquetes con dinero.
La situación abre así una zona gris. Techint no está automáticamente impedida de contratar con el Estado argentino por la declaración de Zabaleta. Pero el reconocimiento judicial de los pagos, combinado con los antecedentes brasileños, obliga a revisar hasta dónde alcanzan las reglas de integridad e inelegibilidad que el propio Estado exige a las empresas que pretenden quedarse con contratos públicos.
La pregunta es sencilla: si una empresa puede admitir que uno de sus máximos ejecutivos entregaba dinero a un funcionario por orden de otro ejecutivo y seguir presentándose normalmente a licitaciones públicas, habrá que explicar entonces qué conductas hacen falta para que funcionen los mecanismos de integridad previstos en las normas.
