El exintendente de Aguas Blancas estuvo prófugo durante cuatro días. La Justicia investiga una organización que habría utilizado empresas, familiares y contrataciones municipales para blanquear fondos ilegales.
Carlos “Conejo” Martínez, exintendente de Aguas Blancas, en Salta, se entregó a la policía de Orán después de permanecer cuatro días prófugo. El dirigente estaba siendo buscado por la Justicia Federal, que lo señala como presunto jefe de una organización dedicada al lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
Martínez se presentó el miércoles por la tarde en una dependencia policial del barrio Aeroparque. Su captura había sido ordenada en el marco de una investigación que lleva casi dos años y que puso bajo la lupa una trama de negocios, movimientos financieros y presuntas maniobras ilegales vinculadas con su entorno político y familiar.
El exintendente había conseguido eludir a las fuerzas de seguridad el sábado 3 de octubre, cuando se desplegó un operativo para detener a los integrantes de la organización. Los investigadores sospechan que pudo haber recibido información anticipada sobre los allanamientos, aunque esa hipótesis todavía no fue confirmada.
La investigación está a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Los fiscales sostienen que la organización habría utilizado empresas y operaciones comerciales para incorporar al circuito legal dinero de origen ilícito.
El expediente también apunta al funcionamiento del municipio de Aguas Blancas. Según la acusación fiscal, durante la gestión de Martínez se habrían utilizado contrataciones públicas para justificar movimientos de fondos vinculados con actividades criminales. La sospecha es que la estructura municipal funcionó como una pieza del mecanismo de lavado.
Los procedimientos judiciales incluyeron 32 allanamientos y permitieron detener inicialmente a once personas. Entre los acusados aparecen los hijos del exintendente, Miguel Ángel y Jessica Elizabeth Martínez; su exesposa, Nancy Mirta Cordero; y su actual pareja, Tamara Tapia.
También quedaron involucrados los contadores Orlando Oris Lovera y Julián Manuel Barreiro. La Fiscalía les atribuye una presunta participación en operaciones destinadas a bancarizar fondos y registrar bienes que habrían sido adquiridos con dinero ilegal.
La investigación alcanza además a Dimas José Ruiz, Rafael Antonio Aragón Rodríguez, Emiliano Pascual Ollarzú, María Cristina Flores y Mauro Alberto Rojas. Aragón Rodríguez, un ciudadano colombiano radicado desde hace dieciséis años en Orán, es investigado por un supuesto sistema de préstamos informales conocido como gota a gota, que habría funcionado detrás de una carpintería.
El juez federal Gustavo Montoya dispuso prisión preventiva para siete de los primeros once imputados y medidas menos restrictivas para los cuatro restantes. Además, otorgó a los fiscales seis meses para avanzar con la investigación.
Durante los operativos se secuestraron 35 teléfonos celulares, además de computadoras, notebooks y dispositivos de almacenamiento. Los investigadores buscan reconstruir comunicaciones, operaciones económicas y posibles conexiones entre los acusados.
Martínez arrastra otros antecedentes judiciales. En diciembre de 2025 fue condenado a un año y dos meses de prisión efectiva y cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por violación de secretos y entorpecimiento de un acto funcional. Cumplió la pena bajo arresto domiciliario.
Aquella condena estuvo vinculada con la investigación del asesinato de su hermano César “Oreja” Martínez, ocurrido en 2023. En un juicio abreviado, el exintendente reconoció haber compartido información reservada, influido sobre testigos y eliminado datos de dispositivos electrónicos para obstaculizar la pesquisa.
Otro nombre que conecta distintos expedientes es el de Dimas José Ruiz, quien tiene pendiente un juicio provincial por el robo a la empresa frutihortícola Abra del Sol, donde se desempeñaba como gerente comercial. El Ministerio Público Fiscal de Salta presentó el 6 de octubre un pedido para acelerar ese proceso, que todavía no tiene fecha de debate oral.
Aunque estas causas son independientes, los antecedentes judiciales agregan complejidad a la situación del exintendente. Su entrega puso fin a la búsqueda policial, pero dejó abiertos los interrogantes sobre el origen de los fondos, la participación de su círculo cercano y el eventual uso de recursos municipales para encubrir operaciones ilegales.
