Ira en el gremio de los Moyano por los nuevos pliegos para la recolección de residuos en CABA, que eliminan la histórica “Ley Moyano” y dejan en juego más de u$s200 millones.
Camioneros y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se enfrentan en una disputa pública por la recolección de basura en el territorio porteño. Mientras que el sindicato comandado por los Moyano reclama que los nuevos contratos incluyan u$s200 millones en indemnizaciones para los 6.000 trabajadores del sector, la administración de Jorge Macri no piensa incorporarlos.
La discusión no está puesta en el contrato actual, que caduca en septiembre del 2028, sino más bien en los pliegos que regirán el servicio entre 2028 y 2038. Según trascendió, la gestión porteña no contemplará las indemnizaciones en los próximos contratos de higiene urbana. Tampoco está previsto que las firmas vuelvan a recontratar al personal cuando venza el contrato, lo que tensiona aún más la relación con el sindicato.
Por tal motivo, el secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, y el secretario gremial, Marcelo Aparicio llevaron a cabo una movilización a la Legislatura este lunes con el fin de ejercer presión para echar marcha atrás con la idea de quitar las indemnizaciones, al mismo tiempo que hicieron una asamblea masiva en el predio de Barracas, donde delinearon los pasos a seguir.
En diálogo con Mosca, desde Camioneros anticiparon que harán una protesta gremial, siempre y cuando “toquen el bolsillo” de los trabajadores. La misma fuente desmintió categóricamente que fueran a realizar un paro general durante la visita del Papa León XIV.
En este escenario, entra en juego la llamada “Ley Moyano”, que el sindicato logró sostener en las últimas décadas a través de la presión ejercida. Se trata de una práctica sin base legal, que Hugo Moyano logró consolidar a fines de los años 90.
La misma, vigente desde 1998, consiste en que cada vez que una empresa gana una concesión o cambia de accionistas, despide al personal, lo indemniza y lo recontrata. Así, el trabajador cobra la indemnización y también sostiene su empleo. En caso de sostenerse en el próximo pliego, variará el costo del servicio para los vecinos.
La discusión se da luego de que el Gobierno porteño convocó, a través del Decreto 304/26, publicado en el Boletín Oficial el 1 de septiembre, a una audiencia pública para discutir los proyectos de pliegos. Esta misma se llevó a cabo este lunes.
El nuevo proyecto de la Ciudad de Buenos Aires pone el foco en las 6.300 toneladas de residuos sólidos urbanos que se colectan a diario, de las cuales alrededor de 300 toneladas corresponden a materiales reciclables.
La futura contratación comenzará en 2028 y la discusión ya fue abierta de cara a la licitación venidera. Este modelo, reemplazará al vigente, que comenzó en 2013 y continuó durante prórrogas sucesivas.
Durante la audiencia del lunes, expusieron distintos funcionarios y especialistas de la Secretaría de Higiene Urbana, encabezados por Matías Lanusse. El servicio de higiene urbana no solo contempla la recolección de residuos sólidos urbanos, sino también el barrido y la limpieza de las calles y veredas, la remoción diferenciada de materiales reciclables y orgánicos, la provisión, mantenimiento y reposición de contenedores y cestos papeleros.
De acuerdo a lo expuesto, el contrato quedará segmentado en cuatro bloques: la prestación de los servicios de recolección y barrido; el mobiliario urbano y los contenedores; la tecnología, telemetría y monitoreo; y los estudios de factibilidad para proyectos de valorización energética.
Con el objetivo de hacer el servicio “más eficiente, más dinámico y de mejor calidad para el vecino”, Lanusse propuso “no solo renovar una contratación que llega a su fin, sino tomar todo este aprendizaje y utilizarlo para diseñar el próximo modelo de higiene urbana”.
La idea que tiene el Gobierno porteño es controlar y pagar la prestación de otra forma, ya que no solo verificará si la empresa cumplió con el servicio, sino que, también, tendrá valor el resultado de la limpieza para los vecinos.
En ese marco, la propuesta incluye un componente fijo y otro variable en el contrato. De esta forma, se evaluará a la hora de pagar tanto los indicadores de cumplimiento como la satisfacción de los porteños, la cual se medirá a través de encuestas, reclamos por barrios y el tiempo de resolución de las solicitudes.
Para conseguir dicho objetivo, la Ciudad planteó un sistema tecnológico de seguimiento satelital, telemetría, sensores y herramientas de inteligencia artificial. Así, habrá un seguimiento de recorridos, frecuencias, detectar desvíos y localizar acumulaciones de residuos para orientar las intervenciones.
Además, entre otros puntos a resaltar, en lugar de siete zonas de prestación, pasarán a ser ocho para que sean áreas más compactas con una mejor representación de las características y la generación de residuos de cada barrio.
Más allá de la movilización hacia la sede de la Comuna 1 donde se hizo la transmisión de la audiencia pública, Camioneros presentó un escrito en rechazo a la eliminacón del mecanismo de indemnizaciones asociado al cierre de los contratos.
En diálogo con Mosca, dijeron desde el gremio que “Jorge Macri dice que es modernización y es precarización”, además de sostener que “poner tecnología como lo hacen es un mecanismo de control”.
También agregaron que excluir las indemnizaciones representaría una pérdida para el trabajador en términos de derechos adquiridos. Pidieron que se sostengan los puestos de trabajo, la antigüedad y las condiciones laborales.
La Ciudad de Buenos Aires tiene una postura muy distinta. Está en contra de que deba pagarse una indemnización cuando los trabajadores siguen haciendo una misma actividad bajo la empresa que asume el servicio, manteniendo su empleo, salario y antigüedad. Sostienen que el mecanismo actual genera un costo para el Estado por una desvinculación que, en la práctica, no suponía la pérdida efectiva del puesto de trabajo.
“Vamos a hacer la cantidad de marchas, asambleas y paros que tengamos que hacer, pero a la indemnización la vamos a defender con nuestra vida”, dijo Pablo Moyano durante la marcha del lunes.
Y sumó: “Al ver a Macri paseando en París con Milei, viene con la idea de ajustar el bolsillo del trabajador, pero no lo vamos a permitir”.
Mariana Gagliardi, titular de la Auditoría General de la Ciudad (AGC), quien estuvo presente en la audiencia que organizó la Ciudad, también advirtió por el incumplimiento de las metas de reciclado, con un retroceso por la falta de tachos y puntos verdes en espacios públicos, como así también por la decisión de discontinuar las elecciones de educación ambiental orientadas a la separación de origen.
Por eso, uno de los puntos del próximo pliego incorpora la recolección diferenciada puerta a puerta de materiales reciclables, con la participación de recuperadores urbanos y cooperativas.
