El Gobierno había estimado un ingreso mínimo de USD 500 millones por la privatización de AySA, pero la oferta más alta llegó a USD 340 millones. Sin precio base y con las tasaciones bajo sospecha, el consorcio mejor posicionado incluye un fondo internacional cuya estructura de propiedad plantea interrogantes. La sombra de Manzano y Lingeri en la trama empresaria.
El Gobierno de Javier Milei puso en venta la principal empresa de agua y saneamiento de la Argentina y descubrió que el mercado tenía una idea bastante más modesta de su valor. En julio, Diego Chaher, el funcionario encargado de las privatizaciones, calculaba que el Tesoro recibiría como mínimo 500 millones de dólares por AySA. Tres meses después, la oferta más alta fue de 340,2 millones. Una diferencia de casi 140 millones que invita a revisar el precio de las promesas oficiales.
La propuesta fue presentada por Rowing S.A., en un consorcio integrado por Arcos, Transclor y PHX. Del otro lado quedó Roggio Roas, con una oferta de 285 millones de dólares. La diferencia entre los dos competidores fue de 55,2 millones, pero la distancia más significativa es la que separa la mejor propuesta de los 500 millones anunciados por el Gobierno. La oferta ganadora en términos económicos representa apenas el 72% de aquella estimación.
El detalle es que el proceso de privatización no tiene un precio base público que permita establecer cuánto vale AySA para el Estado. Sin ese parámetro, el Gobierno puede celebrar la oferta más alta sin explicar si resulta suficiente. Una cosa es ganar una licitación y otra, bastante distinta, es pagar un precio razonable por una empresa que abastece de agua potable y servicios cloacales a millones de personas.
La ausencia de un piso conocido adquiere otra dimensión por las sospechas que rodean las tasaciones. El Gobierno modificó los criterios de valuación de las empresas públicas y avanzó hacia metodologías basadas en flujos de fondos descontados, en lugar de apoyarse exclusivamente en las tasaciones tradicionales del Tribunal de Tasaciones de la Nación. El resultado depende de supuestos sobre ingresos futuros, inversiones, costos y tasas de descuento. Una alquimia financiera donde pequeñas modificaciones pueden producir diferencias millonarias.
El mecanismo terminó bajo cuestionamiento ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). La denuncia apunta contra Chaher y reclama investigar la confidencialidad de las valuaciones y las condiciones en que se están organizando las privatizaciones. El problema no es solamente cuánto ofrecen los compradores, sino cómo determina el Estado cuánto debería cobrar. Si la tasación permanece reservada, el control público sobre la operación queda seriamente limitado.
La discusión resulta especialmente sensible en AySA. La privatización contempla la transferencia del 90% del capital accionario y la continuidad del 10% restante en manos de los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada. El futuro operador tendrá a su cargo una concesión de treinta años sobre una infraestructura esencial. No se trata simplemente de vender acciones: se está definiendo quién administrará durante tres décadas uno de los servicios públicos más importantes del país.
Y ahí aparece una segunda pregunta, tan incómoda como la del precio: quiénes están realmente detrás de la oferta mejor posicionada.
Detrás de las siglas PHX aparece una estructura financiera internacional que merece una revisión más cuidadosa. PHX Aqua Limited fue constituida en el Reino Unido el 18 de agosto de 2026, menos de un mes antes de la apertura de las ofertas. Nació con apenas una libra esterlina de capital y Phoenix Global Investment Fund como único accionista fundador. La velocidad de su aparición y su capital simbólico no prueban ninguna irregularidad, pero tampoco alcanzan para acreditar la solvencia que exige una operación de esta magnitud.
Hay, además, un eslabón societario que todavía falta identificar. La firma presentada en la licitación argentina es PHX Aqua AR B.V., constituida bajo legislación neerlandesa. Para establecer quién la controla efectivamente hace falta conocer su documentación societaria. La coincidencia de nombres con la sociedad británica es una pista relevante, pero no demuestra por sí sola que ambas compartan el mismo beneficiario final. Y en una licitación de esta importancia, las pistas no deberían reemplazar a los documentos.
La historia de Phoenix Global Investment Fund agrega condimentos. Su prospecto de 2017 exhibía una organización distribuida entre varias jurisdicciones: domicilio y administración en Curaçao, administrador de inversiones en Barbados y cuentas bancarias en Mauricio. Una geografía financiera que puede responder a estructuras internacionales habituales, aunque vuelve más trabajosa la identificación de los responsables últimos del dinero.
Las cifras que presenta el propio fondo tampoco son uniformes. En una sección de su página informa 584 millones de dólares bajo administración. En otra habla de más de 2.000 millones mediante la expresión Under Management | Managers Capital, sin precisar suficientemente el alcance de esa categoría. La diferencia importa porque el pliego de AySA exige acreditar 1.000 millones de dólares en activos administrados cuando participa un fondo o una estructura plural de inversión.
El consorcio puede cumplir ese requisito sumando la capacidad de dos integrantes, una posibilidad contemplada en las condiciones de la licitación. Por eso, los 584 millones informados por Phoenix no permiten concluir que la oferta incumpla el pliego. Lo que falta conocer públicamente es qué integrantes aportaron sus balances, cómo se acreditó la capacidad financiera y quiénes comprometieron efectivamente los recursos. El Gobierno sostiene que el futuro operador tendrá obligaciones de inversión superiores a 2.000 millones de dólares. La solvencia de los compradores, por lo tanto, no es un detalle administrativo.
La trama empresaria local tiene protagonistas bastante más conocidos. Walter Román ingresó mediante Rowing y Mauricio Filiberti, conocido como el Rey del Cloro, participa a través de Transclor. Filiberti es proveedor de AySA desde 2009 y conoce el negocio desde adentro. Arcos aporta los antecedentes técnicos brasileños, mientras PHX ocupa el lugar del socio financiero internacional. Cada integrante ofrece una pieza distinta para completar el rompecabezas.
Pero en los negocios argentinos no siempre los protagonistas más influyentes son quienes aparecen en los papeles. Fuentes del mercado atribuyen a José Luis Manzano un papel de articulador entre los empresarios. El vínculo comprobable es con Filiberti: ambos son socios en el grupo que controla Edenor y que expandió sus intereses hacia Metrogas. Manzano no figura formalmente entre los oferentes de AySA, pero se encuentra a un solo eslabón societario del Rey del Cloro.
El otro nombre que circula es José Luis Lingeri, histórico secretario general del Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. Su influencia dentro de AySA atraviesa gobiernos, administraciones y cambios de régimen empresario. Fuentes gremiales le atribuyen participación en el acercamiento de los actores locales. Su posición seguirá siendo decisiva porque el 10% de la compañía continuará en manos de los trabajadores. La privatización cambia el accionista mayoritario, pero no necesariamente altera todos los equilibrios de poder que gobiernan la empresa.
Los Román completan el triángulo. Walter participa en AySA mediante Rowing, mientras que su sobrino Leonardo interviene en otra operación estratégica a través de Servimagnus, vinculada al negocio de la Hidrovía. El apellido aparece así en dos de los procesos de privatización más importantes impulsados por Milei. En el caso de AySA, los vínculos políticos de Rowing y la experiencia de Filiberti como proveedor de la empresa forman parte de un armado donde cada socio parece haber encontrado una función específica.
La combinación tiene su lógica: Román aporta Rowing y sus relaciones con el oficialismo; Filiberti, conocimiento del sistema y experiencia comercial; Arcos, antecedentes técnicos; y PHX, una estructura financiera internacional cuya propiedad final todavía requiere aclaraciones. Manzano y Lingeri no aparecen formalmente como oferentes, aunque distintas fuentes los ubican en la construcción de los acuerdos. Son relaciones que ameritan escrutinio, sin que su existencia constituya por sí misma una prueba de irregularidad.
La Comisión Evaluadora tiene ahora una tarea que excede comparar dos números. Debe establecer si la oferta más alta resulta razonable frente a la valuación oficial y si el consorcio cumple todas las exigencias patrimoniales, técnicas y financieras. También corresponde despejar tres preguntas centrales: quiénes son los verdaderos dueños de PHX, de dónde provienen los fondos y cómo se acreditó la capacidad económica para asumir durante treinta años el principal sistema de agua y saneamiento argentino.
Hay una última precisión que agrava el contraste inicial: la oferta oficial de Rowing fue de 340,2 millones de dólares, no de 360 millones, según el acta de apertura comunicada este 8 de octubre. Es decir, 159,8 millones menos que los 500 millones prometidos por Chaher en julio, una caída del 31,96%. Además, todavía se trata de una oferta, no de una venta adjudicada y cobrada.
El Gobierno había prometido que el mercado revelaría el verdadero valor de las empresas públicas. Por ahora, el mercado ofreció bastante menos de lo anunciado. Y mientras el precio de AySA se conoce hasta el último dólar, la tasación oficial y la identidad final de uno de los socios financieros siguen sin estar suficientemente esclarecidas. Una curiosa asimetría informativa para una administración que convirtió la transparencia del mercado en una de sus principales banderas.
