Mientras el Ministerio de Salud asegura que la medida ayudará a contener los precios, especialistas advierten que muchos pacientes perderán la cobertura de obras sociales, prepagas y PAMI.
El Gobierno avanzó con una nueva flexibilización para que más medicamentos pasen de venta bajo receta a venta libre. El ministro de Salud, Mario Lugones, defendió la medida al asegurar que busca “ampliar las opciones, favorecer la competencia y facilitar el acceso a medicamentos seguros y eficaces para afecciones de baja complejidad”. Según explicó, la ANMAT determinó que diez principios activos utilizados para cuadros leves ya pueden comercializarse sin receta.
Lugones sostuvo que la decisión se tomó luego de analizar la experiencia local e internacional y afirmó que la desregulación ya mostró resultados. Como ejemplo mencionó a los prazoles, cuyos precios, según el funcionario, aumentaron “muy por debajo de la inflación y menos de la mitad que los medicamentos bajo receta”, mientras que la cantidad de marcas disponibles se mantuvo estable.
Desde la oposición cuestionaron el impacto económico que puede tener la medida sobre los pacientes. La ex titular del PAMI Graciela Ocaña aseguró que el cambio “se vende como más libertad”, pero advirtió que el resultado es “un gasto más que se traslada directamente al bolsillo”. Según planteó, al dejar de requerir receta muchos medicamentos pueden perder la cobertura que hoy brindan obras sociales y prepagas
En la misma línea se expresó la Dra Selenes Guierra quien apuntó que “Los medicamentos de venta libre pierden la cobertura del 40% al 100% de obras sociales y prepagas. No nos están dando más opciones, nos están sacando el descuento para que el paciente pague la totalidad de su bolsillo”. Como ejemplo, la Dra brindó el caso de la levocetirizina, un antihistamínico que hoy tiene cobertura de PAMI cuando se dispensa bajo receta. La presentación de diez comprimidos cuesta $11.402,30, pero el afiliado paga $5.356,44 gracias al descuento.
Ocaña fue más allá y sostuvo que la decisión implica “un traspaso de más de 200 millones de dólares a los bolsillos de sindicalistas y empresarios de la salud”. A su juicio, “las prioridades del Gobierno quedan claras: menos cobertura para los pacientes y más beneficios para quienes manejan la caja de la salud”.
La discusión gira sobre un punto central: mientras el Ministerio de Salud sostiene que la desregulación aumenta la competencia y ayuda a contener los precios, los críticos advierten que el eventual ahorro por una menor regulación podría verse compensado —o incluso superado— por la pérdida de los descuentos que hoy reciben millones de afiliados a obras sociales, prepagas y PAMI en medicamentos que requieren receta. Esa será la principal controversia a medida que más principios activos pasen al régimen de venta libre
