Hay 339.085 demandas abiertas. El 20% corresponde al gobierno de Javier Milei.
La Argentina enfrenta 339.085 juicios contra el Estado de acuerdo a los últimos datos oficiales del mes pasado. De todos modos, esa totalidad no incluye los reclamos frente a ARCA, Anses, ni litigios internacionales, lo que duplicaría la cifra. Es que en septiembre de 2025, la Anses sola había sido notificada por 294.308 juicios en trámite.
Más allá de lo preocupante que es la cifra de las demandas, que demuestra una falla en el funcionamiento gubernamental, lo llamativo es que no se sabe cuál es el costo de estas peleas. Esto se debe a que hay más de 183 mil expedientes sin una cifra cuantificada, es decir, no se sabe cuánto cuestan la mitad de las demandas registradas hasta el momento.
Según un estudio de La Nación, que acudió a fuentes oficiales y a respuestas de pedidos de acceso a la información pública, hay juicios en los que no se unifican las monedas. Por caso, hay en pesos ($479.494.736.524), dólares (US$5.324.674.723), euros (€2.498.705), libras esterlinas (£2.498.705) y hasta yenes (¥933.000.000).
Las demandas avanzan primero sobre el reconocimiento del derecho y después se da lugar al costo económico, por lo que ese es uno de los motivos por el que no hay montos en algunos juicios. Otro factor recae en que las actualizaciones por índices judiciales, sujetas a la voluntad de los magistrados varias veces, rompen con cualquier referencia nominal previa.
Las demandas por diferencias salariales suman 145.360 expedientes, lo que representa más de 40% de la totalidad registrada en el sistema, sin ARCA y sin ANSES. Luego figuran las cuotas omitidas de la SRT (7%), cobro en pesos (6%), multas (5%), daños y perjuicios (4%), ejecución fiscal (3%), retiros y pensiones (3%), ejecuciones de pagarés (3%), amparo por mora (3%), ejecución de tarjeta de crédito (3%).
De los 367.018 expedientes, unos 27.933 fueron cerrados o están inactivos. Actualmente hay en proceso unas 235.377 demandas, mientras que en ejecución se constataron unas 70.219. Por otro lado, hay 23.784 amaros, 7558 recursos, 6775 pedidos de concursos o quiebras y 6279 cautelares.
Las demandas se distribuyen de forma desigual entre las provincias. La Ciudad de Buenos Aires tramita el 56% de los juicios contra el Estado. Completan la lista de las más afectadas: Buenos Aires (11%), Córdoba (4%), Mendoza (3%) y Santa Fe (3%).
La Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal, el Banco Nación, el Ejército Argentino, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, la Policía Federal Argentina, la Dirección Nacional de Migraciones y la Gendarmería son las dependencias más demandadas.
También figuran en la nómina el Ministerio de Economía, la Prefectura, el Servicio Penitenciario, la Fuerza Aérea o la Armada.
El mismo medio informó que casi cuatro de cada cinco expedientes activos se iniciaron antes de la llegada de Javier Milei al Gobierno. Esto significa que el 78,5% de los conflictos judiciales ya habían sido presentados previo a diciembre de 2023. Desde enero de 2024, se abrieron 72.768 nuevas causas, un 21,5% de lo que se encuentra actualmente.
Para llevar a cabo la investigación, se consultó a documentos oficiales de la Procuración del Tesoro. Esta reúne a los abogados del Estado y tiene como finalidad defender los embates judiciales. Sebastián Amerio, cercano a Santiago Caputo, está desde marzo de este año a cargo del área, tras los cambios en Justicia, que responde a Juan Bautista Mahíques.
