Jan de Nul y DEME ofertaron exactamente la misma tarifa para quedarse con la Vía Navegable Troncal. En medio de las denuncias cruzadas y sospechas sobre el proceso, el Gobierno difundió un comunicado para remarcar que no hubo impugnaciones y que la privatización avanza “con fuerte apoyo multisectorial”.
La licitación de la Hidrovía entró en una zona extraña. Después de meses de acusaciones cruzadas, operaciones empresarias y sospechas sobre direccionamientos, las dos compañías que siguen en carrera terminaron presentando exactamente la misma oferta económica. Jan de Nul y DEME ofertaron USD 3,80 por tonelada para quedarse con la concesión de la Vía Navegable Troncal.
El empate obligó al Gobierno a salir rápidamente con un comunicado oficial para ordenar el relato político de una licitación que venía acumulando ruido. El texto fue difundido por el Ministerio de Economía pocas horas después de abrirse el Sobre N°3 con las propuestas económicas.
“Con fuerte apoyo multisectorial y sin impugnaciones la privatización de la Vía Navegable Troncal entra en su última etapa”, dice el encabezado del documento. La frase no parece casual. Busca responder directamente a las críticas que rodearon todo el proceso, desde denuncias de favoritismos hasta cuestionamientos sobre los requisitos técnicos y el armado del pliego.
La aclaración más llamativa del comunicado es la insistencia oficial en remarcar que ninguna de las dos empresas presentó impugnaciones. “Cabe destacar que ni Jan de Nul ni DEME presentaron impugnaciones en las dos instancias anteriores, ni cuestionaron los requerimientos del pliego”, sostuvo Economía.
En el Gobierno saben que la licitación quedó bajo una lupa incómoda. La Hidrovía es una de las cajas más sensibles de la economía argentina. Por allí sale cerca del 80% de las exportaciones agroindustriales del país. El negocio mezcla peajes, dragado, geopolítica y control logístico sobre el corazón del comercio exterior.
La escena terminó adquiriendo una estética casi quirúrgica. Dos gigantes europeos, enfrentados durante meses, terminaron escribiendo exactamente el mismo número en el sobre decisivo. Como si en una mesa de casino ambos hubieran apostado la misma ficha para evitar quedar afuera de una partida demasiado importante.
Ahora la definición quedó atada al puntaje técnico. El Gobierno explicó que resta evaluar la calificación final de cada oferta combinando antecedentes técnicos y cotización económica. Ahí podría aparecer la diferencia decisiva.
Economía además intentó mostrar respaldo político y empresario para fortalecer la legitimidad del proceso. El comunicado menciona apoyo de provincias, Naciones Unidas, cámaras empresarias y sectores productivos. Entre otros, cita a la UIA, CIARA-CEC, la Bolsa de Comercio de Rosario, CAPyM y la Cámara de Puertos Privados Comerciales.
La necesidad de exhibir avales revela el nivel de tensión que rodea la concesión. La privatización ya venía golpeada por acusaciones de “licitación armada”, internas empresarias y sospechas sobre quiénes operaban detrás de cada oferente. En el sector todavía recuerdan el escándalo de la licitación anterior, caída tras una lluvia de cuestionamientos y denuncias.
Por eso el comunicado oficial sonó menos como una celebración y más como una defensa preventiva. Una especie de certificado de transparencia emitido antes de que lleguen las próximas impugnaciones políticas.
En paralelo, el Gobierno intenta sostener que el nuevo esquema permitirá bajar costos logísticos y atraer inversiones. Según Economía, la futura concesión contempla inversiones cercanas a los 10.000 millones de dólares para modernizar y profundizar la traza.
La disputa ya dejó de ser solamente técnica. La Hidrovía se convirtió en un tablero donde se cruzan exportadores, puertos, provincias, fondos internacionales y sectores industriales. Y en el medio de esa pelea, el empate económico terminó funcionando como una postal perfecta del momento: todos sospechan de todos, pero nadie quiere quedarse afuera del negocio más estratégico del comercio exterior argentino.
