Se trata de cautelar de censura previa que trae polémica por la medida en sí misma, pero también por la celeridad en la que actuó la Justicia.
En Tucumán fue emitido un fallo en las últimas horas que prohíben a una compañía de cable, a todos sus periodistas, conductores y productores cuestionar la actuación de todos los fiscales y jueces provinciales. Hay polémica no solo por la medida, sino también por la celeridad con la que actuaron los actores para convalidar esta decisión en la Justicia. Marca un precedente para otras jurisdicciones.
La denuncia fue realizada por el ministro Fiscal Edmundo Jiménez, quien señaló que las críticas del periodismo a la Justicia representan una “invitación a la violencia simbólica y deslegitimación pública” de las instituciones del sistema judicial”.
En ese marco, solicitó una cautelar de censura previa y el fiscal de Decisión Temprana, Daniel Sosa Piñero, dio lugar a la causa de forma veloz por turbación de un acto legítimo de autoridad, amenazas e incitación a la violencia colectiva.
El principal destinatario de la cautelar de censura previa es el medio Enterate Play, aunque alcanza a la señal de cable CCC, como así también para radios, web y redes sociales, durante seis meses. Es bajo apercibimiento de desobediencia judicial, por lo que puede haber detenciones si no lo cumplen.
Sosa Piñero había sido cuestionado por la prensa por archivar las denuncias de Karla Roble, joven que denunció seis veces a su pareja y terminó suicidándose en vivo por TikTok. Ahora, abrió la investigación del ministro fiscal Jiménez el mismo día que recibió la denuncia. A las horas consiguió la firma del juez Lucas Taboada, quien hizo historia y convalidó la cautelar de censura previa.
Jiménez fue cuestionado por instruir a sus fiscales a que contradencuncien a una joven periodista que denunció una violación en manada. Tras un allanamiento en su casa, la de testigos y estudios de sus abogados, la mujer intentó quitarse la vida en un operativo.
A su vez, lo cuestionaron por paralizar seis años las causas contra 43 personas que la Justicia ordenó investigar por el encubrimiento del crimen de Paulina Lebbos. No los llamaron a declarar y algunos murieron. Uno de ellos es José Alperovich, quien firmó en todo el expediente del asesinato.
Las víctimas también se quejan ante los medios de que Edmundo Jiménez es el único funcionario que tiene vallas en el edificio del Ministerio Público Fiscal, por lo que no pueden entrar a consultar por sus causas, sino que deben contratar abogados, que tienen permiso para hacerlo.
